En la mayoría de las cadenas agroalimentarias, el mercado presenta una fuerte asimetría, entre vendedores (productores) atomizados y muy pocos compradores que, en la mayoría de los casos, son también exportadores. Existe un amplio consenso entre los analistas no vinculados a la estructura monopólica que domina el comercio exterior que, tanto una devaluación como la eliminación o reducción de las retenciones, como medidas aisladas, previsiblemente no redundaría en un beneficio para el pequeño productor. En las condiciones actuales de precios internacionales deprimidos y mercados sobreofertados, lo más probable es que esa renta adicional sea apropiada por los exportadores para recomponer su tasa de ganancias, sin distribución del beneficio.

Lo anterior no es más que la consecuencia de mercados dominados por estructuras oligopólicas, en las que los precios de los productos frescos que llegan al consumidor en los principales centros urbanos usualmente tienen una diferencia de 10 a 1 con respecto al precio que recibe el productor en origen. Es decir, tanto en productos regionales con destino a la exportación, como los que se consumen en el mercado interno, terminan pasando por una malla de intereses comerciales que distorsionan la distribución de la renta. Hipermercados y exportadores que hacen fortunas. Productores regionales con ecuaciones de precios que ponen en duda la viabilidad de seguir en la actividad. A esta situación, hay políticos y economistas que responden que el problema es el tipo de cambio, que con un dólar “libre” (lo imaginan a 15 pesos) y un Estado “no intervencionista”, traería alivio a las angustias de las economías regionales. Saben que no es verdad, pero saben quién se beneficiaría con esa medida. Por eso la reclaman.

Entonces, ¿no hay solución para las economías regionales en un contexto como el actual? Empecemos por ajustar el diagnóstico. No todas las cadenas productivas regionales son iguales, ni tienen los mismos problemas. Hay cadenas que han tenido procesos de reconversión importantes en la última década y media, años más o años menos, logrando niveles muy elevados de competitividad. Muchos se sorprenderían de saber que la industria del limón de Tucumán exporta a más de cien países, ganando mercados en todas las variantes del producto: fruta fresca, jugo, aceites esenciales y cáscara deshidratada. Tampoco es un sector marginal: el valor de las exportaciones supera los 500 millones de dólares anuales. Pero es un “mal ejemplo” para quienes pretenden reducir la cuestión al valor del dólar.

La industria vitivinícola de Mendoza y San Juan es otro ejemplo importante de reconversión. No todas, pero una importante cantidad de bodegas, algunas medianas o directamente chicas, colocan sus productos en unos cincuenta países. El sector productor en dificultades es el de uva criolla, de menor calidad, que es la que se utiliza para el vino común. Este producto quedó desplazado en el mercado interno por el consumo de cerveza, y difícilmente recupere terreno. Los expertos recomiendan una reconversión de las cosechas para reemplazar esta especie por variedades de mayor salida, como el malbec, pero se necesitan años, asistencia técnica y financiamiento subvencionado, que sólo podría ofrecer el Estado. La devaluación no serviría para nada, salvo para mejorar la posición relativa de un inversor del exterior para comprarle la tierra, aumentar la concentración y sacar a los pequeños productores del negocio. “Por ineficientes”, diría un neoliberal en un ataque de sinceramiento. Son dos caminos diametralmente opuestos: planificación estatal para la reconversión, o libre mercado y devaluación. Basta imaginarlas para saber quién sale y quién queda en cada caso.

Pero hay otras economías regionales con serias dificultades estructurales, que tampoco resuelve una devaluación ni un diagnóstico que ignore la existencia de eslabones en la cadena donde se engrosa la renta. La actividad tambera y la azucarera son dos ejemplos de caída en picada de rentabilidad para pequeños y medianos productores. Los productores de fruta de Río Negro también pasan por un momento muy complicado por la sobreoferta en el mercado interno y depresión de los mercados externos. Incluso los productores de granos exportables de las zonas más alejadas de los puertos –el maíz en el noroeste, por ejemplo– están viendo recortadas sus ganancias al punto de poner en riesgo su viabilidad.

En algunos de estos productos, incluso, los productores están recibiendo precios inferiores en pesos que en temporadas pasadas. Ocurre que, sobre todo en el caso de las unidades menores –que son más del 75 por ciento–, cuando hay una demanda final deprimida, los eslabones de la cadena más poderosos –las compañías exportadoras, los grandes distribuidores, los hípermercados– no resignan ganancias si pueden trasladarle el perjuicio al productor. Aunque suene a obviedad, entenderlo es el punto neurálgico para ver que determinadas soluciones que se promueven desde ciertas usinas de interés no le traerán ninguna respuesta al productor que hoy está en crisis. Con condiciones de negociación tan desiguales entre productores atomizados de un lado, e intermediarios comerciales tan poderosos del otro, ni una devaluación ni la eliminación de retenciones a la exportación pueden resultar, por sí solas como medidas económicas, un bálsamo siquiera para las economías regionales.

Existen importantes trabajos de análisis en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hechos por especialistas en tareas de extensión rural –el INTA lleva varias décadas de acumulación de experiencia– y en el desarrollo de programas de servicios agrícolas y desarrollo de la agricultura familiar, que hacen posible acercarse a los problemas estructurales de cada una de las más de treinta cadenas agroalimentarias que representan las economías regionales. Ese diagnóstico junta los problemas de escala de producción, falta de tecnología, necesidades de reconversión hacia otro tipo de producción, problemas en la comercialización, entre otros. A partir de este análisis, la respuesta nunca será que una economía regional es “inviable”, sino, en todo caso, “reconvertible”. La solución nunca puede venir por la expulsión del productor rural para ser reemplazado por una “unidad económica más eficiente”, sino darle las condiciones para hacerlo competitivo resolviendo sus falencias. Contra las soluciones que surgirían del “libre funcionamiento del mercado”, la alternativa es un Estado presente, planificador, que asista técnica y financieramente en la reconversión productiva (tecnológica, de escala o de sustitución de producto), desde un análisis de los cambios estructurales necesarios para hacer viable la producción.

Una respuesta de planificación estatal distinta a la del mercado sería, por ejemplo, que el maíz que se produce en Salta, en vez de recorrer más de mil kilómetros por ruta, para llegar al puerto de Rosario y ser exportado, pudiera servir de alimento de cerdos en su provincia de origen, que faenados se ofrecieran al mercado como jamón u otro producto terminado, de los cuales justamente el maíz ofrece una extensa gama. O en vez de tener azúcar excedente de los ingenios de Tucumán o Jujuy, pudiera destinarse una mayor proporción de la caña al corte de biodiesel en los combustibles, mejorando sustancialmente la ecuación económica de los cañeros.

Quienes trabajan en estos temas aseguran, por otra parte, que las inversiones necesarias no son cuantiosas. “Se trata de tecnologías, equipos de frío, instalaciones que se fabrican en el país, con lo cual incluso tendría efecto reactivante para la industria local, además de darle cabida a una política de desarrollo agroindustrial regional”, sostienen. Otro impacto exactamente opuesto al de una devaluación. Devaluación que, además, provocaría un grave impacto negativo a la mayor parte del resto de la población, como bien se sabe. Y sin ni siquiera traerle el beneficio que se le promete a quienes se ilusionan que en esta medida está la solución mágica a sus problemas. Los primeros en entenderlos deberían ser quienes hoy padecen las consecuencias de una crisis que, encima, ni siquiera tiene origen local. Antes de ser usados, una vez más, como argumento para una disputa en la que, si le sale a favor, otros recogerían los beneficios.