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En los próximos días el Gobierno deberá tomar una decisión sobre la continuidad de la doble indemnización por despido, beneficio para los trabajadores que ya se ha prorrogado en dos oportunidades. Roberto Lavagna escuchó el reclamo de los industriales para que ese instrumento de protección deje de aplicarse el 31 de diciembre. El ministro se habría mostrado de acuerdo con los empresarios, según señalaron a Página/12 fuentes de la Unión Industrial Argentina. Aunque públicamente todavía no emitió una opinión sobre el tema, el jefe del Palacio de Hacienda viene dando algunos indicios. Ayer dijo que “no hay que introducir más rigideces” en el mercado laboral, como puede ser la doble indemnización. En el mismo encuentro de los industriales, unas horas más tarde, Carlos Tomada adelantó que la última medición de la desocupación mostró que la creación de puestos de trabajo formales es la más alta desde 1995.
El dato es significativo. En primer lugar, porque demuestra una mejora en un rubro crucial de la economía. Pero también puede ser interpretado a la luz de la decisión de mantener o no la doble indemnización. A principios de noviembre, Tomada dijo que la prórroga se determinaría en función de la evolución del mercado de trabajo. Como los resultados de la encuesta del Indec son positivos, entonces el Gobierno estaría pensando en atender los reclamos empresarios. La UIA viene ejerciendo una fuerte presión en contra de la medida.
En su exposición en la Conferencia Industrial, Lavagna volvió a referirse a la situación del mercado laboral. Primero destacó la recuperación sostenida de los últimos meses, para introducir una reflexión sobre que “las normas deben corresponderse con la realidad” y concluir que “no hay que introducir más rigideces”. El ministro aclaró que no tenía “propuestas específicas” para hacer. Sin embargo, en el término de seis días el titular de Hacienda avanzó en dos oportunidades sobre terreno de Tomada. La ocasión anterior fue el jueves pasado, en un seminario de CAME. Allí dijo que “tenemos que analizar todas las normas regulatorias que puedan afectar la creación de empleos en las pymes”. Página/12 dio cuenta en esa oportunidad que Tomada, presente en el acto, le contestó por lo bajo, entre risas, que había ido hasta allí porque estaba seguro de que iba a recomendar una mayor flexibilización laboral en ese sector y para “controlarlo”.
Tomada ayer no hizo ninguna mención a las palabras previas de su colega en el gabinete. Pero, igualmente, dejó clara su opinión: “El problema del empleo no está para soluciones ortodoxas. Esas ideas ya fracasaron y es hora de probar con otras políticas”. Tras ello, hizo algunos anuncios que buscan promover la creación de puestos formales e integrar a los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar.
- En el programa Más y mejor empleo, que subsidia a empresas de los sectores textil, del cuero, el calzado, la construcción y la siderurgia para que contraten a beneficiarios del Plan Jefas y Jefes, quienes no queden definitivamente incorporados a esas empresas volverán a cobrar automáticamente los 150 pesos de la ayuda oficial. Este cambio es para que los trabajadores se animen a aceptar las ofertas laborales que reciben en el marco del programa. En muchos casos no lo hacen por temor a quedarse sin nada, porque si fueran despedidos a los seis meses, después podrían tener que esperar varios meses hasta volver a percibir el Plan Jefas y Jefes. Tomada anunció que eso no tendrá más posibilidades de ocurrir, porque de inmediato, si quedan fuera de las empresas, volverán a cobrar la ayuda oficial.
- El gobierno nacional firmó un acuerdo con todas las administraciones provinciales para que los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes que no hayan terminado “alguna instancia educativa” tengan la posibilidad decompletar sus estudios. “Hemos empezado con 60.000 personas y vamos a llegar a 500 mil en un año y medio”, afirmó el ministro de Trabajo.
Tomada, en otro pasaje de su discurso, habló sobre los piqueteros. “Les pido que tengan en cuenta –arrancó– que una cosa son los planes Jefas y Jefes y otras, las organizaciones piqueteras. Los planes sociales son para 2,2 millones de personas y los que manejan las organizaciones sociales son 150 mil. Pero en todos los casos son desocupados, que buscan trabajo como quien fue echado ayer.” El ministro quiso hacer hincapié en la condición de víctimas de los desocupados, frente a un auditorio que lo escuchó en silencio. Los industriales no hablaron hasta el momento de la cuestión, pero el presidente de la UIA, Alberto Alvarez Gaiani, adelantó que lo hará hoy, y que su discurso estaría en sintonía con el del Gobierno.