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Una idea de alto impacto político comenzó a circular por algunos despachos oficiales: convocar a un plebiscito sobre la postura que debería asumir el Gobierno frente a la reestructuración de la deuda. La iniciativa está pensada para un caso extremo, como último recurso para defender la propuesta de una quita del 75 por ciento a los títulos en default. La suposición de base es que la ciudadanía daría un apoyo rotundo a la política de Néstor Kirchner, que el Fondo y los tenedores de bonos no podrían ignorar. Sería una reedición, a otra escala, del discurso por cadena nacional que hizo el Presidente cuando se enfrentó con el entonces presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, pidiendo el respaldo de los argentinos. Roberto Lavagna acepta la propuesta, que estaría siendo analizada por Carlos Kunkel, un kirchnerista puro que ya lanzó otra jugada potente, como la posible postulación de Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires.
El diagnóstico que hacen los funcionarios que promueven el llamado a una consulta popular es que el FMI irá aumentando la presión por un incremento en los pagos a los acreedores. El conflicto que estalló a fines de diciembre con la sorpresiva postergación del organismo de la aprobación de las metas del acuerdo con Argentina, a pesar de que se sobrecumplieron los objetivos, es interpretado como un primer round, en una pelea que será cada vez más violenta.
“Lo que está pasando ahora es una reunión social que termina con algunas caras serias”, graficó una alta fuente del equipo económico, refiriéndose a la pulseada con el FMI. Dentro de unos meses, en cambio, suponen que los choques serán más duros. Pero la decisión del Gobierno de aplicar una quita del 75 por ciento es inamovible, así como la de mantener un superávit primario equivalente a 3 puntos del PIB, agregaron. Ante la pregunta de si el Poder Ejecutivo tiene espalda para soportar la presión del Fondo y de los acreedores, sobre todo si el gobierno de Estados Unidos no respalda a la Argentina, la respuesta fue que “tendremos que hacer un plebiscito”. Página/12 consultó a otras fuentes del Gobierno y del Congreso que tienen línea directa con la Casa Rosada, quienes confirmaron y ampliaron lo dicho por el funcionario de confianza de Lavagna.
El mayor capital político que tiene el Poder Ejecutivo para enfrentarse al Fondo es el respaldo popular. Si ese apoyo quedara patentado con una votación en la que el 80 o 90 por ciento se expresase en favor de ratificar la quita del 75 por ciento, la disputa podría dar el vuelco que persigue el oficialismo. La pregunta de la eventual compulsa sería qué debe hacer el Gobierno con el superávit fiscal: destinarlo a los bonistas o volcarlo a educación, salud y seguridad. La movida sería ciertamente osada, por eso las fuentes consultadas coincidieron en que se reserva para un caso extremo. Su expectativa es que no haga falta llegar a la votación, pudiendo torcerle el brazo a los tenedores de bonos y al FMI con sólo instalar el tema públicamente.
El mismo recurso se pensó cuando la negociación con el FMI que derivó en el actual acuerdo se encontraba empantanada. El Gobierno, en aquel momento, dejó en claro que no le pagaría al organismo si insistía en exigir un mayor superávit fiscal, cerrando las puertas al convenio. Algunos funcionarios –entre ellos Kunkel y Carlos Zanini, según recordaron fuentes parlamentarias– expusieron entonces por primera vez la idea del plebiscito. Esa historia terminó con el Fondo dando un paso atrás, por la decisiva presión del gobierno estadounidense. Pero en la Casa Rosada quedó un reflejo: encargar encuestas que pulsen la opinión pública sobre cómo se evalúa la gestión del Gobierno en la negociación con los organismos internacionales y los acreedores. Esos estudios darían aire a quienes proponen llamar a un plebiscito.
La visión del equipo económico es que el escenario de máxima confrontación puede llegar a darse. En ese caso, la estrategia de amenazar con un plebiscito les parece correcta. Pero todavía guardan expectativasde que la negociación con los acreedores, si bien muy dura, termine con un arreglo en los términos planteados actualmente. Aunque rechazan que pueda haber concesiones importantes, los informantes admiten que en una negociación siempre algo hay que ceder. Si las cosas marcharan bien, el plazo imaginado para la finalización del canje de los títulos en default por los nuevos bonos sería entre julio y septiembre. La negociación más sencilla, creen en Hacienda, se daría con los acreedores locales, que tienen en su poder el 38 por ciento de los títulos en default. En cuanto a los juicios de quienes no acepten el canje, el cuerpo de abogados de Economía y la Procuración aseguran que no pondrán en peligro el resto de la propuesta de reestructuración.