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Alrededor de 100 mil personas estarán en condiciones de ser beneficiarias del régimen de prestación previsional anticipada para desempleados, que el Ministerio de Trabajo pondrá en funcionamiento a partir del 1º de febrero. “Es un remedio excepcional a una situación muy extendida”, describió el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, quien se refirió a los vetos a la ley decididos por el Ejecutivo como “retoques con la intención de hacerla más operativa y más abarcativa”.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el grueso de los potenciales beneficiarios estará entre ex empleados de empresas públicas que resultaron privatizadas durante la década del ’90 y que sólo lograron reinserciones temporarias en el mercado laboral. Por la edad, muchos de ellos aún no están en condiciones de jubilarse, pero suman más de 30 años de aportes previsionales. Por este régimen de prestación anticipada, siempre que cumplan con los requisitos, podrían recibir hasta la fecha en que se jubilen la mitad de los haberes que entonces le correspondan o el mínimo de 308 pesos, si aquella es menor.
Los requisitos establecidos para acceder a la prestación anticipada son los siguientes:

- Haber estado en situación de desempleado al 30 de noviembre de 2004;

-Edad: los hombres a partir de los 60 y las mujeres desde los 55, a la fecha en que soliciten el beneficio;

- Acreditar 30 años de servicio (trabajo) con aportes, pudiendo acreditar los años trabajados hasta 1968 (desde la fecha en que hayan cumplido 18 años, como máximo) por declaración jurada, si no aparecieran en los registros de la Anses dichos aportes. El máximo de años a acreditar por D.J. es de 7;

- Solicitar el beneficio entre el 1º de febrero próximo y el 31 de enero de 2007, aunque el Ejecutivo podrá prorrogar por dos años más ese plazo “en caso de mantenerse la situación excepcional”.

Quienes reciban este beneficio deberán renunciar a cualquier otro tipo de prestaciones, como seguro de empleo, planes sociales, pensiones graciables, jubilaciones o retiros, cualquiera sea su origen (nacionales, provinciales o municipales). De la misma forma, la prestación anticipada deberá ser suspendida si el beneficiario vuelve a la actividad, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia.
Según Tomada, la prestación anticipada apunta a “ampliar la cobertura y a mejorar la distribución del ingreso”. El nuevo sistema repartirá unos 500 millones de pesos al año, se calcula, teniendo en cuenta que el número de beneficiarios podría llegar a 100 mil (80 mil varones y 20 mil mujeres). “Esta norma fue impulsada por el Parlamento y la hemos mirado con beneplácito, porque se inscribe claramente en el proceso que apunta a ampliar la cobertura (previsional)”. La ley fue promulgada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo con vetos parciales que, a criterio de Tomada, la hicieron “más operativa”.
El ministro dijo que las solicitudes que se presenten a partir del 1º de febrero buscarán ser resueltos con la mayor celeridad. “Este tema va a ser prioridad, porque es gente que está en emergencia; se trata de personas que ya superaron el plazo máximo para cobrar el seguro de desempleo y, por eso, esperamos poder completar los trámites en un plazo de 30 a 60 días”, agregó. Al alcanzar la edad de jubilarse, los beneficiarios del régimen de prestación anticipada accederán automáticamente a la nueva condición sin trámites adicionales.
“El gran desafío de este gobierno es cómo dar cobertura a los sectores que han perdido aquella regla de oro del Estado de Bienestar, que implicaba que había una mayoría relativamente grande de personas en blanco, y una persona que entraba a trabajar en una empresa conservaba ese empleo durante 30 años, muchas veces hasta jubilarse”, sentenció Tomada. “Este es un remedio excepcional, pero sin dudas, una nueva ley previsional tiene que plantearse la ampliación de la cobertura social, porque toda la actualestructura normativa fue pensada para otro mercado laboral”, sentenció finalmente el jefe de la cartera de Trabajo.