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Aguas Argentinas volvió a amenazar con irse del país. “Hemos demostrado una gran paciencia, pero no hemos tenido respuesta en las negociaciones”, protestó ayer desde París el presidente de Suez, Gerard Mestrallet. “La situación se ha convertido en algo urgente”, agregó, con tono dramático. El grupo francés que controla a Aguas viene advirtiendo desde principios de año con que podría rescindir el contrato. Fue su respuesta frente a la ofensiva previa del Gobierno. El propio Néstor Kirchner acusó a la compañía de graves incumplimientos y aseguró que le quitaría la concesión. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo va quedando claro que tanta estridencia no es más que una estrategia de negociación. Ambas partes quieren llegar a un acuerdo, sólo que las discusiones son difíciles.
El último pedido de la empresa fue de un aporte estatal de 1500 millones de pesos y un aumento de tarifas del 20 por ciento. La propuesta fue descartada por el Gobierno.
Mestrallet se refirió a la situación de Aguas durante la presentación de los resultados de Suez a nivel mundial (ganó 1804 millones de euros el último año). Dijo que “estamos dispuestos a negociar pero, para negociar, como para bailar un tango, hacen falta dos”. Tras ello, aseguró que el grupo hizo una previsión de más de 700 millones de euros entre 2001 y 2002 para absorber sus pérdidas en la Argentina y que, por lo tanto, quedarse o irse es casi indiferente. La eventual salida, deslizó, no tendría ningún impacto negativo adicional en las cuentas de la empresa.
“Estar presentes en la Argentina en este momento ya no es un problema financiero, sino humano y estratégico”, afirmó Mestrallet. “Sólo queremos quedarnos allí donde deseen nuestra presencia”, completó. El titular de Suez siguió con el tono provocador, sobre todo cuando expresó que “hemos tenido un comportamiento ejemplar”. Aguas es una de las privatizadas que acumula mayor cantidad de multas por sus numerosos incumplimientos de contrato. A pesar de ello, el directivo justificó el juicio iniciado por Aguas contra el Estado argentino ante un tribunal internacional (Ciadi), por la supuesta violación del contrato que significó la devaluación y la pesificación de las tarifas.
Aguas debería depositar hoy 3,6 millones de pesos para constituir un fideicomiso destinado a la expansión de la red de agua y cloacas. Si no lo hace, como viene amenazando, pondrá al Gobierno en una situación difícil: deberá decidir si tolera el incumplimiento o si toma medidas drásticas para obligarla a depositar el dinero. El argumento de la compañía es que no puede aportar nada hasta no tener definido un “horizonte sustentable”. “Nuestros costos, como los de toda la economía, han aumentado. Mientras no nos compensen, estamos en una situación crítica”, describió a Página/12 un directivo de la empresa.
El Gobierno reconoce que Aguas está en problemas. Pero le pide que los solucione con un aporte de capital de sus accionistas y con un arreglo con sus acreedores. La concesionaria tiene una deuda de 650 millones de dólares que difícilmente podrá levantar de otro modo. “Hoy la empresa está quebrada”, admitió una fuente oficial, que interpretó las declaraciones de Mestrallet como un intento de presión destinado tanto al Gobierno como a los acreedores de Aguas. Ellos son el BID (con el 42 por ciento del total), la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial, con 18 por ciento), el ING Baring (15 por ciento) y el Banco Europeo de Inversión (11), entre los principales.
Aguas aspira a una quita del 30 por ciento y que, tras ello, el Banco Mundial capitalice su deuda y aumente su participación en la compañía del 5 al 8 por ciento. El plan de saneamiento se completa con la obtención de un crédito en pesos que sirva para cancelar los pasivos en dólares. El presidente de Suez estaría enviando un mensaje a los acreedores para que lo ayuden a implementar esa estrategia.