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Cuando permanecía en Buenos Aires, Walter Beltrame vivía en la casa de sus padres. De este lado del mundo, a sus 26 años es dueño de un Peugeot 206, pero en España se movía en un coche japonés, presunto obsequio de la pareja de hispanoargentinos implicados en el escándalo de las narcovalijas de Southern Winds. El origen de sus bienes es investigado por el juzgado de Carlos Liporace, que finalmente le dictó la prisión preventiva al hijo del ex jefe militar de Ezeiza por supuesto contrabando agravado. El juzgado además pospuso hasta fines de la semana próxima la indagatoria del vicepresidente de SW prevista para hoy. Y según adelantó el juez a este diario, hoy prevé realizar algunas “de las más de 50” medidas judiciales que ha decidido después del crítico fallo de la Cámara.
El juzgado de Liporace resolvió la situación procesal del hijo del comodoro Alberto Beltrame el miércoles pasado. Recién ayer se lo comunicó a sus defensores, Ricardo Russian y Stella Maris Castelli. “La resolución es muy larga”, dijo Castelli en diálogo con este diario. “Estamos analizándola, pero seguimos tranquilos porque el juez procedió de esta manera porque se le vencían los plazos jurídicos, pero en dos semanas podría levantarle la preventiva”, se esperanzó. Castelli sostiene no sólo la inocencia de su defendido, sino que también asegura que el hijo del comodoro “seguirá prestando colaboración con la causa: porque el que sabe que está en la verdad está tranquilo”.
El juez no parece considerar lo mismo. Para el juzgado, Beltrame habría sido el ejecutor de la orden que permitió el traslado de las cuatro narcovalijas a Madrid mientras trabajaba en Ezeiza como encargado del área de pasajeros frecuentes de SW. Considera que el hijo del comodoro era uno de los contactos de SW con los españoles detenidos en Cádiz en diciembre por otra causa de drogas. Los mismos que –tal como anticipó este diario– no eran sólo españoles sino ciudadanos argentinos (ver aparte).
Consultado por este diario sobre los bienes que poseía Beltrame hijo, el juez explicó que tenía un Peugeot en Buenos Aires y aparentemente otro auto en España. Ese auto sería un obsequio de los españoles, pero no estaría a nombre de Beltrame, un dato que el juzgado investiga bajo la hipótesis de que podría tratarse de un mecanismo de simulación de bienes, habituales en este tipo de causas.
Con el procesamiento, Liporace cerró un eslabón de la investigación. Y según le adelantó a este diario, aún “no hay elementos para citar al padre de Walter”. De acuerdo con el juez, su nombre no estaría mencionado ni siquiera en las recomendaciones que le envió la Sala B de la Cámara Penal Económica, aunque la fiscalía pidió la indagatoria y hasta su detención. Para Liporace, Beltrame padre fue juzgado y condenado a 30 días de arresto por decisión de la Fuerza Aérea y en el marco de otra causa. “Se lo acusa por lo que hizo desde que se produjo el hecho en adelante y no por el hecho, que es lo que yo investigo”, explicó. El magistrado cree que el padre de Walter, si intervino, lo hizo para proteger a su hijo después de comprobado el contrabando, pero aún no hay elementos para probar que su función como encargado militar de Ezeiza facilitó el contrabando.
Por el momento, la investigación parece llegar hasta allí: el juez intenta comprobar el contrabando y el circuito de involucrados ya conocido. Fuentes judiciales críticas de la actuación del juez sostienen que Liporace no avanza al compás de las durísimas críticas dictadas por la Cámara. Esto incluiría a los ejecutivos y dueños de SW. Ayer estaba prevista la indagatoria del gerente general, Cristian Maggio. Para hoy, la del vicepresidente, Enrique Montero. Sus abogados defensores pidieron la postergación porque no “estaban fundamentados los términos” de la supuesta imputación. Le requirieron al juez una fotocopia del expediente para conocerla. Sobre este punto, Liporace le confirmó a Página/12 que aceptó el pedido de prórroga y que convocará a los directivos el “jueves o viernes” de la semana próxima. Hasta anoche, la empresa no sabía aún enqué términos. El juzgado también pospuso las indagatorias de los dos imputados de la Aduana y de la PAN, a pedido de sus abogados. El juez reconoció ayer que durante el año 2004 la Aduana no revisó ni un solo vuelo de SW de los que salieron de Ezeiza. Y sólo uno de los que entraron. Sobre la PAN, sostuvo algo semejante: “Creo que fueron dos vuelos”.