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Antes de firmar un nuevo acuerdo de renegociación contractual, la española Gas Natural SDG, socia mayoritaria de la distribuidora gasífera Gas Natural Ban, comunicó ayer que renunciará a la demanda indemnizatoria planteada ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. La empresa, subsidiaria de Repsol, fue incluso un poco más allá de lo que les está pidiendo ahora el Gobierno a otras empresas del rubro, a las que la Unidad de Renegociación les propone que “suspendan” ahora y “renuncien” cuando tengan un sendero de precios definitivo, el año próximo. Sin duda un gesto político contundente de los inversores hispanos, aunque sin consecuencias prácticas demasiado relevantes, más allá de los 500 mil dólares que podrá ahorrarse el Estado por tener un expediente menos.
La comunicación fue despachada por escrito a los ministros de Planificación, Julio De Vido, y al de Economía, Roberto Lavagna, que a media tarde de ayer aún no le habían notificado la buena nueva al procurador del Tesoro. Osvaldo Guglielmino es quien tiene la responsabilidad formal de defender las arcas públicas de los reclamos formulados por las privatizadas, que aspiran a ser resarcidas por los perjuicios que les ocasionó la pesificación y congelamiento de tarifas.
En la nota elevada a aquellas dos carteras, Gan Natural plantea “su firme decisión de proceder a instrumentar el retiro del reclamo” que planteara ante el Ciadi en 2003 y que, según la compañía, no está cuantificado. En el mismo texto, “ratifica su confianza en el país” y la “voluntad de permanencia a largo plazo”, la única explicación que esbozó la compañía por haber elegido un camino opuesto al que tomaron otros inversores del rubro, renuentes a desistir de ese juicio hasta que no esté firmado el nuevo contrato.
La determinación empresaria se conoce días después de que el Gobierno fijara un cronograma de audiencias públicas para someter a debate los presuntos acuerdos celebrados con once empresas del área energética que, en rigor, no son tales porque la discusión aún está abierta. Fue, de algún modo, una jugada oficial para poner presión sobre el tema.
Ante la firme negativa de los inversores a renunciar lisa y llanamente a aquellas demandas, la UniRen planteó a las distribuidoras gasíferas un retroceso en etapas. La primera: suspender aquel trámite apenas entre en vigor un acuerdo de transición que incluya un ajuste tarifario para este año. Dos: desistir definitivamente en 2006, cuando se haya acordado una “revisión tarifaria integral” que incluirá sí o sí a los usuarios residenciales.
La propuesta oficial también incluye una cláusula de indemnidad, que hasta ayer seguía en pie. Las demandas ante el Banco Mundial son presentadas por el accionista extranjero, que acusa a la Argentina de haber violado un tratado de inversión bilateral, pero no por la sociedad adjudicataria íntegra que opera localmente. Si prosperase algún juicio ante el Ciadi, aquel artículo obligaría a la sociedad adjudicataria a afrontar la indemnización reclamada por uno de sus socios (Gas Natural Ban, por ejemplo, debería pagarle a Gas Natural de España).
En el Ciadi cada caso es considerado por un tribunal diferente cuyo fallo no sienta jurisprudencia, algo que aumenta el margen de imprevisibilidad sobre el futuro de demandas multimillonarias.
Pero en el supuesto de que hubiera un fallo adverso al Estado, éste todavía tiene varios recursos para resistirlo, empezando por un eventual planteo de nulidad. No hay antecedentes de países que hayan desoído una orden del Ciadi, pero la realidad es que tampoco hay un tribunal que obligue a ejecutar sus sentencias. Para forzar su cumplimiento, éstas deberían ser ratificadas por los tribunales locales, más sensibles a los argumentos de Argentina.