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Con 25 inspectores cuenta la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para controlar a más de 30.000 empresas multirrubro (desde telefonía celular hasta medicina prepaga), comercios y supermercados radicados en la ciudad de Buenos Aires. Dichos inspectores supervisan desde la seguridad de los artefactos eléctricos que se venden en los hipermercados hasta las publicidades engañosas de las concesionarias de autos. Suponiendo que ahora se dedicaran exclusivamente a monitorear precios en carnicerías, almacenes y supermercados, igualmente parece una tarea ciclópea para tan raleado pelotón.
Si la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, volcara empleados administrativos de planta y contratados a la tarea de fiscalización de precios, a partir de la semana próxima podría haber unos 75 inspectores en la calle. Igualmente, luce como una batalla entre un “David Estado” y el “Goliat mercado”.
Para equilibrar los tantos, Defensa del Consumidor imagina un mecanismo de denuncias cruzado: un canal de denuncia para el carnicero si los frigoríficos no cumplen con las rebajas prometidas, y otro para los consumidores si los carniceros se hacen los vivos.
Vaca Narvaja ha demostrado ingenio, capacidad y audacia para negociar con firmeza ante las empresas que remarcaron los precios en los últimos meses. Pero ha actuado en soledad. Por ejemplo, la funcionaria no dudó en presentar una original denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia contra Esso y Shell, que podría derivar en multas de hasta 150 millones de pesos a las dos petroleras díscolas. Sin embargo, el expediente duerme en el despacho de un funcionario de Lavagna que sabe interpretar el desinterés de su jefe.
Además, Roberto Lavagna desplazó a Vaca Narvaja de las negociaciones clave –carnes y lácteos–, las que confió al secretario de Agricultura, Miguel Campos. Así, mientras la idea inicial era garantizar que llegara a góndolas y almacenes un sachet de leche a 1 peso, Campos pactó con los empresarios del sector una rebaja de 2 centavos sobre precios que hoy oscilan entre 1,30 y 1,70.
La pregunta es por qué el ministro, que hoy se muestra tan preocupado porque los salarios disparen la inflación, no apela a los instrumentos más potentes con que cuenta el Estado para disciplinar a exportadores de alimentos –que dolarizan precios internos– y a empresas oligopólicas con rentas extraordinarias. ¿Será que cree que el problema son los asalariados?