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La asistencia del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, prevista para hoy a las 15, se prolongará, seguramente, por varias horas. Alberto Fernández deberá responder a los centenares de preguntas de los bloques opositores vinculadas en su mayoría al escándalo de narcotráfico que envolvió a la empresa Southern Winds (SW), la aerolínea que hasta hace poco recibía subsidio del Estado. Sólo el radicalismo suma 208 preguntas para formular a Fernández, mientras que Alicia Castro, titular del monobloque Frente para el Cambio, cuenta otras 65 y así el resto de los bloques. Hace una semana que Fernández tiene en su poder los cuestionarios, por lo cual se espera que las respuestas sean exhaustivas.
“Esperamos que el PJ no deje la sesión para las últimas horas de la noche, cuando la ciudadanía está durmiendo. El ministro tiene que rendir cuentas sobre esta cuestión, aunque se trate de la visita obligada que realiza cada mes al Parlamento”, expresó la diputada Castro a Página/12.
En el justicialismo se estima que Fernández hará una pormenorizada exposición de los sucesos que involucraron a SW con los 60 kilos de cocaína descubiertos en valijas sin pasajero halladas en septiembre del año pasado en el aeropuerto de Barajas, Madrid. El PJ cree que con la información que proporcione el jefe de Gabinete estarán contestados la mayoría de los interrogantes de la oposición, si bien sabe que las preguntas directas de los legisladores serán un paso ineludible a sortear por el funcionario.
¿Quién fue el impulsor de la idea de asociar la compañía aérea estatal Lafsa con la empresa aérea privada SW? ¿Quiénes participaron en las negociaciones, cuándo comenzaron, quién fue el nexo y en qué consistió la intervención del Gobierno?, son algunas de las preguntas que preparó la diputada Castro. También quiere saber qué medidas adoptó el Gobierno ante el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que incluye la obligación de denunciar todo ilícito del que se tome conocimiento. La legisladora abordará también la relación con Aeropuertos Argentina 2000 y consultará por qué el Estado argentino no rescindió ese contrato como lo hizo con el Correo Argentino, dado que la AGN también destacó incumplimientos de contrato.
El extenso cuestionario de los radicales contiene interrogantes tales como si es cierto que el presidente Néstor Kirchner se enteró del caso recién la segunda semana de febrero, mientras que la mayoría de sus funcionarios ya estaba enterado.
Todo el arco opositor ha reclamado, desde que se conoció en febrero el caso de “las valijas voladoras”, la presencia de distintos ministros del Poder Ejecutivo en el recinto para que informen sobre el caso de SW. Sin embargo, la cerrada negativa del bloque del PJ a exponer a los funcionarios a una interpelación terminó bloqueando el debate parlamentario durante varias semanas. Finalmente, el informe bimestral a cada cámara que la Constitución obliga a hacer al jefe de Gabinete brindará el escenario para que Fernández informe sobre el episodio. La UCR quiere consultarlo también sobre los acuerdos con las empresas privatizadas y la respuesta del Gobierno a las presentaciones ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial a donde recurrieron los concesionarios de servicios públicos para demandar a la Argentina.
El ARI, por su parte, encarará también a Fernández por el caso SW, por el que ha presentado tres pedidos de juicio político contra ministros del gabinete, y apuntará a los sistemas de subsidios a las empresas entregados por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.
La relación del Gobierno con los medios de comunicación, planes sociales, la inflación, los problemas del sistema ferroviario y el plan de radarización serán otros de los ejes del examen que preparó la oposición para el ministro.
Si hay tiempo y voluntad política, el justicialismo contemplaría aprobar después del informe de Fernández los dos convenios internacionales antiterroristas que quedaron pendientes en la última sesión y que son reclamados con energía por los Estados Unidos.