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El juez neoyorquino Thomas Griesa, quien había embargado preventivamente títulos de la vieja deuda argentina que se encontraban depositados en el Bank of New York (BoNY), levantó la medida cautelar solicitada por el fondo buitre NML. Sin embargo, dejó en suspenso el dictamen hasta que el caso sea examinado en la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. La apelación amenaza demorar los plazos originales del canje. El cronograma establece que el próximo viernes primero de abril debía comenzar la emisión y acreditación de los nuevos bonos. La decisión de Griesa representa no obstante un éxito parcial de la Argentina en su estrategia de demostrar que los bonos pertenecían a sus tenedores originales y que, por lo tanto, “no eran activos embargables de la República”.
Luego de conocida la decisión, el vocero presidencial, Miguel Núñez, sostuvo que el presidente Néstor Kirchner estaba “muy satisfecho” con la decisión del magistrado estadounidense. En la misma línea se expresó el Ministerio de Economía en un comunicado, en el que también adelantó su expectativa por una pronta reunión de la corte de apelación.
Si bien aún resta que finalicen todas las instancias judiciales, se trata de un primer paso adelante en la batalla judicial iniciada por los fondos buitre. De cualquier manera, el dato de que los tenedores del 24 por ciento de la deuda que no entró al canje son en su gran mayoría fondos buitre que apostarán a la “valorización judicial de largo plazo” permite augurar que el frente financiero externo seguirá presentando dificultades.
Sin embargo, en el Ministerio de Economía respiraron aliviados. La directa continuidad del embargo hubiese abierto judicialmente una verdadera caja de Pandora. Fundamentalmente al sentar una jurisprudencia que no tardaría en ser seguida por otros acreedores. Si bien haber ganado en primera instancia no es una garantía absoluta de lo que decidirá la corte de apelación, sí es un precedente significativo.
Especialistas financieros consultados por este diario sugirieron, de todas formas, que Argentina tendría muchas posibilidades de saltar el fallo judicial adverso, aunque esto no dejaría de representar un grave escollo. El punto es que la continuidad del embargo, si tal cosa sucediese, ni siquiera recae sobre la nueva emisión de papeles que surgirá del canje, sino sobre deuda vieja por un valor nominal de 7000 millones de dólares.
Tras escuchar por más de una hora a los abogados que representan al país y al fondo litigante, Griesa dio a conocer su decisión de descongelar los títulos. “Admito la moción para dejar sin efecto el bloqueo” de los bonos en default depositados en el BoNY, sostuvo Griesa en la audiencia. “Lo hago porque la existencia de ese bloqueo iría contra la obligación contractual esencial de canjear los bonos”, agregó. “La conclusión del canje es difícil, si no imposible”, de mantenerse el bloqueo, concluyó. No obstante, Griesa demoró la orden de levantar de inmediato el embargo arguyendo que “ambas partes presentaron legítimos reclamos que ameritaban una consideración por parte de una corte federal de apelaciones”. Los abogados de Elliot, por su parte, afirmaron que el fallo será apelado este miércoles en un tribunal del segundo circuito, a cargo de esos menesteres.
En la audiencia que comenzó pasadas las 18.30, hora argentina, los abogados del estudio que representa al país, Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, le explicaron al magistrado que los títulos inmovilizados no pertenecen al Estado argentino, sino a los acreedores que ingresaron al canje, por lo cual no correspondía su embargo.
“Esto es propiedad, pero no propiedad de la República (de Argentina), sino de los bonistas”, argumentó el abogado que representa a Buenos Aires, Jonathan Blakman. Con su solicitud de embargo de los viejos títulos “están tratando de detener el canje y, si tienen éxito, el canje no podrá seguir adelante”, agregó.
El juez recriminó al representante de Argentina “no haber oído una sola palabra de la República para honrar el acuerdo con los demandantes” suscrito cuando éstos adquirieron sus bonos. “Estaría bien oír algo” en ese sentido, dijo Griesa, afirmando que los demandantes “están ejerciendo su derecho” al tratar de cobrar.
La defensa del Fondo Elliot argumentó que el canje podía salir adelante pese al embargo de los viejos bonos y que sus propietarios podrían recibir igualmente los nuevos títulos de deuda pública. “No sé cómo”, respondió Griesa, que consideró que el Estado argentino no llegará a poseer esos bonos viejos más que para hacer efectivo el intercambio.
El fondo NML, constituido en las Islas Caimán, aspiraba a que el tribunal lo resarciera por “361 millones de dólares”, una cifra que aumentó desde las primeras presentaciones. Para ello, la Argentina podría pagarle con los nuevos títulos que se emitirán para quienes sí aceptaron ingresar al canje, argumentó.
NML, controlado por el grupo Elliot, es propietario de papeles por un valor nominal de 208 millones de dólares y cuenta con antecedentes en la adquisición de deuda de Congo, Turkmenistán, Panamá, Ecuador, Polonia y Perú, donde en el 2000 consiguió cobrar papeles adquiridos 4 años antes obteniendo ganancias netas por casi 60 millones de dólares. Una victoria que en el caso argentino significaría, sin dudas, ganancias mucho mayores.
En el Palacio de Hacienda, la noticia del fallo de Griesa estuvo lejos de ser tomada con triunfalismo, pues, según dijeron a este diario, el resultado de ayer no era seguro, pero sí “esperable”, aunque quizá “no tan rápido” en primera instancia. En Economía ningún funcionario se atrevía a afirmar o negar si el cronograma del canje seguiría con normalidad. Además de la entrega de los nuevos papeles, el Gobierno tenía previsto pagar este viernes un total de 561 millones de dólares por los dos primeros cupones de los títulos que recibirán quienes aceptaron el canje. Para afrontar ese pago inicial, la Tesorería echará mano de parte de sus depósitos en pesos en el Banco Central, que el BoNY convertirá a las monedas que correspondan (dólares, euros y yenes) y distribuirá entre los acreedores de cada distrito.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que “esperábamos que ésa pudiera ser la decisión” del juez. El fallo “nos da la tranquilidad de que la lógica con la que estamos trabajando va a ser la lógica que va a imperar”, porque “el juez Griesa resolvió en el mismo sentido un caso similar no hace mucho tiempo”, agregó.