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Finalmente fue rematada la vivienda de la mujer, deudora hipotecaria, que se encadenó dentro de Tribunales esperando, sin éxito, que los miembros de la Corte Suprema atendieran su situación y frenaran la ejecución del inmueble. El caso, además de generar disturbios en el Palacio de Justicia, con manifestantes de las asociaciones de deudores, dejó al desnudo la ineficacia de los mecanismos ideados por el Gobierno para socorrer a las 13.500 familias sobre las que pesa el riesgo de correr la misma suerte en un futuro cercano. Anoche, la mujer se desencsadenó.
Como se recordará, semanas atrás la Cámara de Diputados aprobó la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas, pero el proyecto fue interpretado por el Gobierno como una provocación del duhaldismo y nunca llegó a ser tratado por el Senado por orden del presidente Kirchner, asesorado por su ministro de Economía. Roberto Lavagna temía que una nueva suspensión de las ejecuciones detuviera el incipiente proceso de recuperación del crédito.
Sin embargo, en el interín nadie atinó a dar una solución a los deudores que tomaron créditos en escribanías y otras entidades privadas, acreedores que siguen reclamando el pago en dólares originales a través de la vía judicial.
El caso de Mabel Marchisio, a quien le remataron la vivienda para cancelar una hipoteca de 30.000 dólares que había contraído en una escribanía, es emblemático de la inoperancia del Gobierno para resolver el tema. No sólo porque es la primera ejecución después del fallido intento de Diputados por suspender los remates, sino porque además la mujer es rehén de un verdadero conflicto de poderes.
El año pasado, a instancias de Kirchner y Lavagna, el Congreso aprobó la ley 25.798, que creó el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, presentada como un salvataje de los deudores morosos con deudas de hasta 100.000 dólares. Entonces, asesorados por el Gobierno, 13.500 familias se inscribieron en un registro abierto en el Banco Nación, la entidad encargada de instrumentar el siguiente mecanismo de refinanciación: los morosos debían pagar en cómodas cuotas su deuda pesificada al Fideicomiso del Nación, y éste cancelar a su vez los préstamos, también pesificados, con los acreedores correspondientes.
El problema es que los acreedores privados desconocieron la pesificación de los créditos 1 a 1, y los jueces ordenaron hasta ahora el pago de la deuda sobre la base del “esfuerzo compartido” (a un dólar de 2 pesos, por ejemplo) o, directamente, dolarizada.
Marchisio ya había abonado 10 cuotas de 740 pesos al Nación, cuando recibió la notificación de remate de la Sala C de la Cámara de Apelaciones, que dictaminó además que la deuda se cancelara en dólares al tipo de cambio libre. El de la víspera fue el quinto caso de ejecución contra deudores que estaban pagando al Banco Nación, aunque en dos de ellos la Corte intervino y frenó los remates.
“El Gobierno debe admitir que el salvataje fue una burla”, declaró ayer Marchisio, en un día cargado de tensión, en el que miembros de la Asociación de Deudores Argentinos protagonizaron disturbios frente a la Corporación de Rematadores y en las escalinatas del Palacio de Justicia.
En el Ministerio de Economía aseguran que está en elaboración un proyecto para atender la crítica situación de los deudores hipotecarios que, pese a la promesa oficial, todavía están a merced de las ejecuciones. La iniciativa consistiría en ofrecer a los acreedores –escribanías– una compensación similar (un bono) a la que recibieron los bancos por la pesificación de sus créditos. Sin embargo, Lavagna retiró ese mismo proyecto en su momento de Diputados, con la excusa de que debía evaluarse con mayor detenimiento.