Es una decisión correcta, casi obvia por lo esperable pero insuficiente si se pretende corregir absolutamente la inequidad de gravar con Ganancias a los asalariados o autónomos modestos. Esta podría ser la síntesis de las opiniones que ayer dieron economistas y tributaristas sobre una medida que promete desactivar algunos conflictos sociales, gracias a la mejora en los salarios de bolsillo que se otorgará con exclusivo costo sobre el fisco. Que los beneficiados correspondan estadísticamente al segmento “privilegiado” de los trabajarores registrados –como señalan los pocos detractores– sólo pone de relieve cuán pauperizada está la pirámide de ingresos local.

Subir un 43 por ciento la base para que tributen los asalariados casados es un salto cualitativo importante para una política tributaria que pretende ser progresista. Pero si el mínimo no imponible se hubiera corregido por inflación desde fines del 2001, ese incremento debería haber sido mayor. De “un 75 por ciento”, sugiere el tributarista Raúl Cuello.

El diputado y economista Claudio Lozano buscó otro parámetro para relativizar la ventaja de la que gozarán ahora medio millón de contribuyentes más y subrayar la necesidad de hacer alguna corrección. En 1998 el sueldo debajo del cual un casado estaba exento superaba 1,78 veces el valor de una canasta básica para familia tipo: ésta costaba 1200 pesos y el mínimo no imponible estaba en 2300. Ahora –impuestazo de la Alianza y mejoras nominales mediante, y antes de los cambios anunciados ayer– uno y otro valor igualaban en 2200 pesos. “No se usó la ocasión de resolver el problema del impuesto a las Ganancias”, acota el legislador, para quien quedó pendiente añadir como deducciones los alquileres para salarios superiores a los 3000 pesos o la cuota alimentaria que oblan algunos separados.

“¿Alguien que gana 120 mil pesos al año merece en Argentina ser considerado un Rockefeller y tributar la alícuota máxima del 35 por ciento?”, cuestiona el especialista Antonio Figueroa, apuntando al eventual desamparo que sufrirían los sectores de ingresos medio-medio o medio alto con un esquema de Ganancias sobre la cuarta categoría que no modifica drásticamente la escala de alícuotas. Aunque ésta respete la pauta básica de gravar con un porcentaje mayor a los ingresos más altos, avanza con tal celeridad que su progresividad se relativiza.

Lo que finalmente postula el ex directivo de la DGI es que la mejora podría haber sido aún más profunda y su costo fiscal, subsanado con otras medidas de política tributaria quizás más audaces, como gravar la renta financiera o la distribución de utilidades de las sociedades anónimas.

Tal como subraya el especialista en impuestos Horacio Casbé, los principales beneficiarios de la medida son los trabajadores convencionados de aquellos sectores con mejores remuneraciones, entre otros, petroleros, camioneros o estatales de jerarquía o los empleados de AFIP, compensados por un estímulo que crece con la recaudación tributaria. De algún modo, aquellos asalariados formales que están bien posicionados en la carrera contra los precios y que integran un privilegiado núcleo del 7 por ciento de la población económicamente activa.

Este último dato está puesto en relieve en un trabajo del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), cuyos técnicos arremeten con la polémica sugerencia de que, a la hora de sacrificar ingresos, hubiese sido mejor bajar la alícuota del IVA sobre productos básicos, para aventajar de modo directo a los más pobres, que están en el piso de la pirámide social y no en la cúspide.

Para sostener la medida el Estado resignará casi tanto como lo que recauda anualmente por Bienes Personales, que provee a las arcas públicas alrededor de 1800 millones de pesos. Ese esfuerzo fiscal servirá para animar el consumo con una mejora salarial que tendrá costo cero para las empresas. Aun así, difícilmente éstas resignen su afán de tributar menos Ganancias ajustando sus balances por inflación.