[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Las distribuidoras eléctricas presentarán hoy su pedido de “aumento de emergencia”, con un requerimiento de ajuste de tarifas que oscilaría entre el 12 y el 15 por ciento. Las empresas telefónicas guardaron celosamente la cifra que reclamarán, probablemente, también hoy. Las distribuidoras gasíferas postergarían hasta el martes su propuesta. Las transportistas, en tanto, optarían por elevar a consideración del Ejecutivo la incidencia en sus costos del aumento del valor del dólar. El Gobierno se encontrará así, en los próximos días, con un abanico de situaciones que intentará compatibilizar, de alguna forma, para llevarlos a una audiencia pública por cada rama de servicios. La definición, según estiman las propias empresas prestadoras, no estaría antes de fines de setiembre, por lo que el ajuste de tarifas, que en promedio –y excluyendo a sectores de bajos ingresos– se ubicaría en torno del 10 por ciento, recién se pondría en vigencia a partir de octubre.
Como el requerimiento del Ministerio de Economía para que las 59 concesionarias (la comunicación también abarcó a prestadoras de servicios en rutas, autopistas, trenes, puertos, etc.) presenten “en cinco días” sus pretensiones de “aumentos de emergencia” se conoció el viernes último por la noche, las empresas recién se dieron formalmente por notificadas el lunes de esta semana. Así estirarán el plazo máximo para la respuesta hasta “las dos primeras horas” del martes, primer día hábil de la semana próxima. En rigor, el mayor plazo sólo les serviría para hacer consultas entre sí y acordar el pedido a formular, ya que la presentación no requerirá de ningún tipo de estudio o justificación: será un ajuste a cuenta de una negociación futura y aún indeterminada.
Las presentaciones que formularán las empresas ante las autoridades a partir de hoy tendrá un tono mucho más moderado que el expuesto en forma semipública hasta ahora. La campaña de las concesionarias evitó hacer eje en el desconocimiento de cláusulas contractuales que le otorgaban derechos para acceder a aumentos periódicos: podían tener la razón legal de su lado, pero seguramente hubieran sido desligitimados por una opinión pública fuertemente crítica, hoy, de las empresas públicas y las ganancias acumuladas desde la privatización. En cambio, optaron por presentar como un hecho que, sin ajuste de tarifas, se vendría una oleada de cortes de servicio por imposibilidad de hacer frente a los costos de mantenimiento. El sector eléctrico y el gasífero fueron los que pusieron el grito en un volumen más elevado.
No es casual que las empresas telefónicas hayan elegido un perfil muy bajo ante la opinión pública. Son, por lejos, las receptoras de las mayores críticas. De hecho, hasta las propias concesionarias de otros servicios buscan diferenciarse de las telecomunicadoras a la hora de presentar sus reclamos. “No tuvimos los aumentos de tarifas ni las superganancias de las telefónicas”, expusieron a coro representantes del transporte y la distribución de gas pocos días atrás, apenas antes de que el Ministerio de Economía hiciera pública la convocatoria para el ajuste de emergencia.
Pero aun tomando en cuenta estas diferencias, hay cierto consenso para no presentar requerimientos de aumentos que puedan resultar “impolíticos”. Difícilmente alguna empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios (agua, luz, gas y electricidad) presente un pedido de aumento que exceda el 15 por ciento. “Sería lógico que el Gobierno le dé forma a una recomposición escalonada, en la cual este aumento sea sólo el primer paso, pero no hay nada claro”, se quejó ayer ante Página/12 un prestador del sector gasífero. Desde el sector eléctrico, en tanto, reclaman que “el Estado haga algún aporte” para atenuar el impacto en la tarifa final. “De cada peso que paga el cliente, un tercio va a los generadores, un tercio a los distribuidores y un tercio se va en tasas e impuestos”, subrayó. Las condiciones sociales y políticas pesan sobre la postura que adoptarán las empresas a la hora de pedir. “Si el Gobierno hubiese tenido un mínimo de poder, el aumento tarifario habría salido hace rato”, reflexionó una fuente empresaria, representando la opinión de una amplia mayoría de los prestadores. “En materia de aumentos, el gobierno parece tener claro lo que quiere, pero también se siente muy limitado en lo que puede”, señaló otra fuente del área energética privada. Entre lo que se quiere y lo que se puede, el consenso es que el aumento que saldrá no estará muy lejos, en los distintos servicios domiciliarios, del 10 por ciento. Y que en los cuatro servicios principales habrá cierta consideración –aumento cero, probablemente– para los usuarios que se identifiquen como de bajos recursos. Una respuesta que no llegará a conformar plenamente a nadie pero que servirá, como tantas otras decisiones del actual gobierno en materia económica, para seguir pateando la pelota (o la bomba) hacia adelante.