En medio de una puja en la que las cooperativas de trabajadores tiran de un lado y las cámaras de la industria más vinculadas con el mercado interno disparan desde la trinchera contraria, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario le levantó la clausura esta semana a una de las empresas recuperadas por sus empleados y entre lunes y martes lo haría con otra. Esta posición fue duramente cuestionada por Cadif (Cámara Empresaria de Faenadores para el Mercado Interno), que por solicitada insistió en denunciar “la proliferación de ocultos operadores de plantas faenadoras, a cuyos manejos acceden tras la figura social de cooperativas de trabajadores”. Desde la Oncca extreman los esfuerzos por acercar a las partes, buscando que todos –irregularidades hay en ambas veredas– se ajusten a las normas vigentes. En los próximos días, la Secretaría de Agricultura y Ganadería convocará a todos los sectores –incluida la federación gremial del sector– “para volver a sentarlos en una mesa; hoy está completamente roto el diálogo”.

Según estimaciones extraoficiales, actualmente cerca de treinta matrículas habilitantes de faena quedaron en manos de cooperativas que administran frigoríficos recuperados, pero no todos ellos están funcionando. El total de matrículas en el sector es de 480; sin embargo, aquel número de habilitaciones en poder de cooperativas es proporcionalmente mucho más importante cuando se lo mide en función de la cantidad de trabajadores que representa. Eso define que no se trata de un sector marginal.

En el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la faena en frigoríficos cooperativos representa aproximadamente el 7 por ciento del total. Cadif sostiene que su funcionamiento constituye una competencia desleal, porque “precarizan empleos, pagan magros salarios, desamparan previsional y socialmente a sus obreros y utilizan la evasión fiscal como herramienta para alimentar sus ganancias”.

Lo de la “competencia desleal” es una buena excusa de las patronales para presionar al sindicato (Federación de la Carne), advirtiendo que no podrán hacer los aportes previsionales y de obra social en forma legal si tienen que competir en desventaja. Este planteo puso a la federación sindical en contra de las cooperativas de trabajadores, lo que terminó de desconcertar a las autoridades.

Detrás del planteo público, lo que Cadif cuestiona –y en esto coinciden voceros de las cooperativas y fuentes oficiales– es que los establecimientos cooperativos le estén absorbiendo clientes que contratan con las plantas para faenar sus propios animales. Trabajos “a fasón”, se llama en la jerga. Estos “ocultos operadores”, que usualmente trabajan en negro, actúan tanto en el ámbito cooperativo como en el empresarial privado. Desde los propios organismos de control se admite que la imputación de las cámaras a las cooperativas de facilitar su “proliferación” es, cuanto menos, una parcialidad.

Frigocarne, un establecimiento de la localidad de Máximo Paz (Cañuelas) recuperado por sus trabajadores hace tres años, protagonizó el jueves una movilización hasta el Oncca para reclamar su reapertura. La planta había sido clausurada la semana anterior por irregularidades en los registros documentales. Tras salvar la falla, esperaban que entre el lunes y el martes pasado se levantara la sanción, pero se demoró. El jueves fueron recibidos por el titular del Oncca, José Portillo, con quien tuvieron una prolongada charla sobre las condiciones de operación de la planta y el conflicto con los empresarios privados. Verificadas las reparaciones en el plano contable, les prometió la rehabilitación. Ayer cumplió.

“No hay ninguna persecución, estamos reformulando el sistema de fiscalización y todas las semanas salimos a inspeccionar distintos tipos de frigoríficos”, señaló ayer Portillo a este diario. “En casi todos encontramos algún tipo de dificultades, de distinta seriedad, y cuando hay clausuras siempre son por pocos días y buscando que sean resueltas”, agregó.

La fiscalización a las cooperativas del Gran Buenos Aires “coincidió” con el momento en que las cámaras del sector y la federación de trabajadores de la carne hicieron públicos sus cuestionamientos a esa modalidad de trabajo, admite Portillo, lo que dio lugar a interpretaciones sobre alguna intencionalidad política.

“No la hubo. Al contrario, estamos tratando de ayudar a las cooperativas a presentar los descargos y comprometerlas a ordenar los papeles, capacitándolos en la gestión, que es donde más problemas tienen”, aseguró el funcionario. A criterio del titular del órgano de control, los modelos de cooperativas y de empresas privadas en el sector “son compatibles, armonizables, pero los salarios y las condiciones de trabajo deben ser equivalentes”. Según su diagnóstico, “faltó diálogo, los tenemos que volver a sentar a todos en la mesa, las cámaras, los gremios, las cooperativas, el Oncca y el Inaes (órgano de control de las cooperativas)”.

Portillo estimó probable que en los próximos días haya una convocatoria de parte del secretario de Agricultura y Ganadería, Javier de Urquiza. El titular del Oncca no niega que será difícil acercar posiciones, pero subraya que “la Secretaría es el mejor ámbito para intentarlo”.