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Aunque el fallo de ayer erizó la epidermis de miles de deudores bancarios y no bancarios, por ahora no existe puente legal que permita extender automáticamente la orden de redolarizar el depósito puntano a los créditos otorgados por los bancos o prestamistas. El dictamen acota expresamente su alcance al segundo artículo del decreto 214, sólo referido a la forzosa pesificación de los ahorros, pero no de los préstamos. Los titulares de esas obligaciones seguirán atormentados por las actualizaciones que resulten de la aplicación del CER, el CVS, las amenazas de remates u otras cuestiones también derivadas del abandono de la convertibilidad, pero ajenas al nuevo escenario creado por el máximo tribunal.
Tal como advirtieron meses atrás a las asociaciones de ahorristas dos miembros de la Corte, ni siquiera tienen previsto expedirse sobre la posibilidad de redolarizar los créditos, ya que no ha llegado a sus manos ninguna demanda en este sentido. Ni los bancos ni los denominados “acreedores privados” acudieron a la Justicia para exigir la devolución en dólares billete o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre de los préstamos que otorgaron con el 1 a 1.
Los primeros, en parte, alentados por el beneficio de la multimillonaria compensación estatal por la pesificación asimétrica –sus préstamos fueron pesificados 1 a 1 mientras que los depósitos a 1,40, entre otras asimetrías–. Pero también porque consideran infructuoso presionar por el aumento de cuotas que, para cierta franja de deudores, ya son impagables. Los segundos, entre otras causas, porque una acción judicial obligaría a blanquear impositivamente actividades en su gran mayoría negras.
El pronunciamiento de la Corte, de algún modo, respalda la ley de Emergencia Económica, que plantea una situación de excepcionalidad para abandonar el 1 a 1 y contempla la pesificación de deudas, y sólo objeta expresamente el artículo 2 del decreto pesificador y no todo el 214. Aún así, las organizaciones de deudores ayer consideraban al fallo como un “peligroso precedente” para respaldar una eventual decisión política de redolarizar también las deudas y por eso decidieron poner mayor énfasis en la convocatoria a su habitual manifestación de los martes frente al Congreso.
Estas movilizaciones se realizan bajo las múltiples consignas de que se recalculen las deudas hipotecarias, supuestamente engrosadas por “anatonismo” (cobro de intereses sobre intereses); que se derogue la ley que habilita los remates a morosos y que se bancaricen las obligaciones de quienes se endeudaron por afuera del sistema financiero.
Hilda Gumprich, de la Asociación de Ahorristas Argentinos, ayer lamentaba “el cajoneo” de un proyecto con dictamen en las comisiones de Finanzas y Presupuestos de Diputados, que permite a quienes contrajeron deudas extrabancarias –a través de escribanías, por ejemplo– abrir una cuenta corriente a favor de su acreedor y depositarle la cuota de su crédito pesificado al tipo de cambio de cuando lo contrajeron (en convertibilidad).
Tanto esa organización, como la que nuclea específicamente a los deudores hipotecarios o a los agricultores, advierten que aun sin la temida redolarización, sus préstamos son impagables. Inquieta la actualización por CER, que a la fecha elevó en un 42 por ciento al capital adeudado de aquellas obligaciones hipotecarias que originalmente superaban los 250 mil dólares (o pesos), las personales de hasta 12 mil y las prendarios de hasta 30 mil; pero igualmente desvela la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) sobre el resto de las acreencias: un adicional equivalente a 250 pesos sobre cada 10 mil adeudados, que podría multiplicarse frente a un “salariazo” animado por el futuro presidente.