A partir del Plan de Aprovechamiento de Tierras del Estado, la Ciudad de Buenos Aires tendrá dos terrenos en Pompeya y Parque Patricios que se integrarán al Pro.Cre.Ar. En total serán 26 hectáreas, en las cuales podrán construirse 4500 casas. Por otro lado, el Estado transferirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad 53 hectáreas, que abarcan tres terrenos en Palermo, Caballito y Liniers. El objetivo del Gobierno es ponerlos en valor, ya que por su ubicación pueden alcanzar los 1000 dólares el metro cuadrado (sin edificación). Una vez que lo hagan, se llamará a licitación para que los desarrolladores inmobiliarios hagan su oferta de viviendas. Lo recaudado por el Estado nacional producto de esa licitación será destinado al soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Esto fue anunciado por Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado y detallado luego por Diego Bossio y Axel Kiciloff.

En todo este proceso será clave la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Para que un terreno tenga “norma” que lo habilite para la construcción, tiene que ser aprobado por la Legislatura local. En este sentido, Bossio y Kiciloff pidieron que “no haya mezquindad” por parte del gobierno de Mauricio Macri. El que salió a recoger el guante fue el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, quien se mostró a favor de la iniciativa pero reclamó que se suspenda la aplicación de la ley que dispuso un nuevo régimen para los depósitos judiciales. El Ciudad utiliza los recursos de los depósitos judiciales –7000 millones de pesos– para financiar su política crediticia.

Muchas veces ocurría que las empresas constructoras lograban adquirir terrenos “sin norma”, es decir sin el permiso para construir. Obviamente, el precio de esos terrenos es mucho más económico que los que tienen “norma”. Una vez adquirido el terreno a un precio económico, las constructoras se encargaban de realizar el lobby necesario para que les aprobaran los permisos de construcción. El perjudicado terminaba siendo el erario público. Según explicó Bo-ssio a Página/12, el objetivo del Estado es poner en valor los terrenos de Liniers, Palermo y Caballito, para que los desarrolladores realicen sus iniciativas. “Los desarrolladores comprarán las tierras que servirán para financiar el soterramiento del Sarmiento”, agregó el funcionario.

El dinero que surja de la venta de esas tierras pasará a formar parte de un Fideicomiso. Por otro lado, el FGS ya invirtió 600 millones de pesos para el soterramiento del Sarmiento.

La viviendas que surjan de estos tres predios –aproximadamente 10.500 unidades, distribuidas en 53 hectáreas– no formarán parte de Pro.Cre.Ar., al menos en un primer momento. Como la puesta en valor de estas hectáreas surgirá de un llamado a licitación, las constructoras podrían ofrecer “planes de financiamiento o un mix de alternativas que estén al alcance de los distintos sectores interesados”, manifestó Bossio. El proyecto prevé convocar a los vecinos de los barrios mencionados, ya que se pretende que las iniciativas que surgen sean “legitimadas por la sociedad”.