ECONOMíA › MODERADO RECLAMO DE EMPRESARIOS ANTE EL VISITANTE

Apenas una queja por tarifas

 Por Cledis Candelaresi

El mayor cuestionamiento (y casi el único) hacia la política oficial que se escuchó ayer en boca de uno de los empresarios convocados por Horst Köhler en el Sheraton estuvo en boca de Martín Blaquier. El ejecutivo de Camuzzi y vicepresidente de Adespa, entidad que aglutina a las empresas prestadoras de servicios públicos privatizados, se quejó por la ruptura de los contratos y hasta advirtió que si no se repara de algún modo esa transgresión, el programa económico de gobierno “puede tornarse insostenible”. El resto de los hombres de empresa que aceptaron el convite del titular del Fondo Monetario Internacional, todos jerárquicos de las principales firmas que operan en el país, tuvieron un rol más amigable y estuvieron cerca de hacer causa común con la gestión de Néstor Kirchner.
La organización del encuentro, el mismo al que asistieron los banqueros (ver nota aparte), se manejó con un criterio bastante restrictivo. Las invitaciones sólo fueron cursadas al titular y vicepresidente de tres entidades consideradas clave para la definición de las políticas macro y que están encabezadas por empresarios o dirigentes cuya opinión puede influir en la acción de gobierno: Asociación Empresaria Argentina, Unión Industrial Argentina, y la Asociación de Empresas de Servicios Públicos Argentinos.
Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Alberto Alvarez Gaiani (UIA) y Martín Blaquier (Adespa) integraron el selecto cuarteto al que intentaron sumarse sin éxito otros hombres de la Unión, anhelantes de ocupar la vacante de dejaba su ex titular Héctor Massuh, ayer ausente de Buenos Aires. Más de uno apreciaba ese cara a cara con la máxima autoridad del Fondo, quien quiso testear por sí mismo cuál es el ánimo y el diagnóstico de situación del poder económico local.
Köhler se dijo sorprendido por la buena performance que estaría mostrando la economía argentina, a tono con lo que subrayaron los dirigentes convocados. Pero seguramente no lo tomó desprevenido la advertencia de Blaquier sobre el negro destino de los servicios públicos si no media una renegociación que permita ajustar las tarifas. El vice de Adespa hizo gala de un estilo más directo y confrontador que el de Juan Carlos Cassagne, el presidente de Adespa, ayer ausente en la cita.
Justamente, entre las exigencias de corto y mediano plazo que el FMI plantea a la Argentina está la de superar el congelamiento tarifario. Por esta razón se acumulan en los tribunales internacionales juicios millonarios contra el Estado argentino, iniciados por los accionistas extranjeros que integran las sociedades prestadoras de servicios públicos. “El Fondo es hoy casi la única espalda sobre la cual recostarte”, admitía ayer, off the record, el funcionario de una privatizada.
En nombre de la asociación patronal más amplia y heterogénea –que incluye a algunos bancos y muchas firmas con intereses contrapuestos– Pagani llamó la atención sobre otros males que a su juicio requieren atención urgente: la “falta de crédito” y de una “reforma fiscal que aliente la competitividad”. “No puede ser que las empresas que hicimos bien los deberes, y no entramos en default, tampoco tengamos financiamiento”, habría sido su queja más contundente.
El dueño de Arcor esbozó así su idea de un sistema que bendiga con reducciones de impuestos a quienes reinvierten sus utilidades en el país en lugar de girarlas al exterior. Una idea que suena bastante bien en los equipos de gestión de Kirchner, que adoptan este criterio como uno de los parámetros para juzgar, por ejemplo, a las privatizadas.
Después, hubo rosas para el Presidente. “La gente está esperanzada”, señaló Pagani antes de enumerar datos de una eventual reactivación, como el crecimiento del PIB en el primer trimestre. “La seguridad jurídica mejoró”, se habría alentado Paolo Rocca. “El gobierno tiene el 85 por ciento de opiniones a favor”, ratificó Alvarez Gaiani, el único que pidió al Fondo su concreta intervención en un tema: que interceda ante la Organización Mundial de Comercio para que obligue a desmantelar los subsidios con los que el mundo desarrollado protege su producción.

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