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La crisis duró un mes y su protagonista no quería desactivarla, pero ayer finalmente lo hizo. El jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general Patricio Ríos, fue hasta la residencia de descanso del presidente Ricardo Lagos en Viña del Mar y le presentó su renuncia. Desde el 8 de septiembre, cuando el diario estatal La Nación denunció la rearticulación en la FACh del Comando Conjunto, un organismo represor que operó durante la dictadura, Ríos perdió todos los apoyos posibles dentro y fuera de su arma y sólo se mantenía en el cargo por la imposibilidad del presidente de destituir a los jefes militares, tal como figura en la Constitución de Pinochet aún vigente. Incluso intentó negociar el freno a las causas judiciales que siguieron a las denuncias de que ocultó información sobre desaparecidos a la Mesa de Diálogo, pero no consiguió nada.
La situación de Ríos había entrado en una fase decisiva la semana pasada, cuando se presentaron dos querellas contra Ríos y contra el general Patricio Campos, cuya esposa formaba parte del Comando Conjunto. Luego de conocerse esto, el 17 de septiembre, Campos, que era uno de los aspirantes a suceder a Ríos en el cargo, presentaba su renuncia. Y en una prueba de que la cuestión judicial iba en serio, el juez que recibió estas querellas, Mario Carroza, dispuso el viernes el procesamiento de Campos. Ríos tiene más problemas todavía, porque las causas en su contra por presunTo delito de obstrucción a la Justicia quedaron en manos de los jueces Jorge Dahm y Juan Guzmán, quien llevó adelante el juicio contra Pinochet a pesar de las múltiples presiones que recibió.
Desde el estallido de esta crisis, Lagos puso presión sobre Ríos, exigiéndole que diera un paso al costado y llamando públicamente a reformar la Constitución para permitir la remoción de los comandantes en jefe. Ríos le presentó dos informes para aclarar el tema del ocultamiento de información sobre desaparecidos pero Lagos se los rechazó. Y mientras en el Congreso la oficialista Concertación por la Democracia impulsaba un debate público sobre el tema de la reforma constitucional y promovía pedidos de informes al mismo Ríos, los oficiales debajo de él se cuidaban de no respaldarlo. En cierto modo, no había otra salida. El segundo en la jerarquía de la FACh, Mario Avila (jefe del Estado Mayor de la fuerza), había participado del bombardeo a la residencia privada de Salvador Allende en el golpe de 1973. Y el resto, ante la inminente caída de Ríos y esperando reemplazarlo, preferían no quedar pegados a él; especialmente en el caso del general Osvaldo Sarabia Vilches, cuarto en la jerarquía de la FACh, que tiene muy buenas relaciones con la ministra de Defensa Michelle Bachelet y parece ser el número puesto para reemplazar a Ríos.
En la noche del viernes, cuando Campos fue procesado, Ríos inició negociaciones con el gobierno para renunciar, pero bajo ciertas “garantías” tendientes a aminorar el golpe político para su institución y la arremetida judicial en su contra. Pero todas las fuentes políticas consultadas por los medios chilenos coinciden en que el gobierno le negó cualquier negociación. En cierto modo, la pulseada estaba ganada, porque hasta la derecha en el Congreso está a favor de ciertas modificaciones a la Constitución. Sin apoyo alguno, Ríos ahora deberá enfrentar un juicio en los tribunales y una acusación constitucional en el Congreso.
“Las circunstancias en las cuales se ha producido esta dimisión deben hacernos meditar sobre la necesidad de mejorar las instituciones sobre estos temas”, declaró ayer Lagos luego de agradecerle a Ríos que renunciara. En los hechos, se trata de una disputa entre el gobierno y la derecha sobre la salida de lo que todavía hoy se llama en Chile la “transición a la democracia”. El caso Ríos precipitó un punto sobre el que la derecha está hoy dispuesta a ceder: la remoción de los jefes militares. También cedería en el caso de los senadores designados, porque ya no favorece a la derecha dentro del Congreso. Pero los partidos de derecha, especialmente la Unión Demócrata Independiente (UDI), no quiere ceder prenda en lo fundamental: el sistema electoral binominal por el que su representación queda “inflada” en el Congreso. A pesar de que de la manode Joaquín Lavín, actual alcalde de Santiago, la derecha está en condiciones de disputar el gobierno a la Concertación, todavía no quiere dejar las muletas que Pinochet le legó.