EL MUNDO › CRISIS POLíTICA Y GOBERNADORES EN ROJO POR EL DERRUMBE FINANCIERO

Estados unidos y quebrados

Al intentar ejercer su administración estatal frente a las consecuencias de una crisis que se originó en Wall Street, los gobernantes estatales son quienes deben determinar cómo administrar los costos y los efectos, sobre todo entre los más vulnerables.

 Por David Brooks *

Desde Nueva York

La octava economía mundial está en una crisis severa que amenaza la viabilidad de su gobierno con graves consecuencias para su pueblo, y que la ha obligado a liberar a miles de prisioneros y hasta a considerar la legalización de la marihuana para superar el desastre. Eso es hoy California, que junto con decenas de otros estados de esta unión se están ganando el apodo de “estados fracasados”.

Pero no sólo es un problema en el estado que antes se consideraba un jardín del Edén, sino que la mayoría de los gobiernos de los 50 estados de la federación estadounidense, al enfrentar los efectos locales de la crisis económica, están ante una crisis política. Al intentar ejercer su administración estatal frente a las consecuencias de una crisis que se originó en Wall Street, los gobernantes estatales son quienes deben determinar cómo administrar los costos y los efectos, sobre todo entre los más vulnerables.

En California, el estado con la economía más grande del país (y más grande que la de España, Brasil o México), debajo del humo que hoy cubre a Los Angeles por los incendios en sus alrededores se está quemando la estructura de gobierno que ya no puede (no tiene con qué) mantener los servicios públicos vitales y su propia estructura de gobierno. “California, resulta, es ingobernable”, afirma Hendrik Hertzberg, comentarista político de The New Yorker. Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Angeles, dijo a The Nation que “el sistema está roto. Es un estado al borde del precipicio”.

Enfrentado con un déficit presupuestario de 26 mil millones de dólares, el gobierno, bajo reglas impuestas por años de un sistema legislativo disfuncional, se ha visto obligado a recortar de manera salvaje los servicios públicos. Ahora, el estado que antes era el modelo para el futuro del país tiene los peores servicios, incluidos escuelas, transporte, agua y asistencia social.

Tal ha sido la dimensión de esta crisis, que el gobierno estatal ha propuesto recortar unos mil millones de su sistema carcelario, lo cual implica una reducción de casi 30 mil reos.

En tanto, una iniciativa que hace poco habría gozado de poco apoyo ahora forma parte del debate sobre la crisis: la legalización de la marihuana. Hay cálculos de que la industria de la yerba en el estado tiene un valor de unos 15 mil millones de dólares, lo cual hace que sea uno de los sectores económicos más dinámicos. El argumento a favor es que su comercialización legal podría generar tal vez hasta dos mil millones de dólares en impuestos potenciales para una tesorería cada vez más vacía.

A tal extremo ha llegado la crisis que ha generado un movimiento llamado Repara California, cuyo objetivo es, a través de una especie de referendo, convocar a una convención para reformar por completo la constitución y el funcionamiento del gobierno estatales.

La iniciativa goza cada vez de más apoyo en un amplio abanico de sectores sociales, de conservadores a liberales, incluido el propio alcalde Villaraigosa, sectores empresariales y algunos sindicatos, entre otros, simplemente por el reconocimiento de que lo actual es inoperante.

Pero aunque California podría ser el ejemplo más extremo, 48 de los 50 estados enfrentan un déficit presupuestario sin precedente este año, algo que de manera acumulativa asciende a casi 200 mil millones de dólares y que se proyecta llegará a más de 350 mil millones para 2011, según el Center on Budget and Policy Priorities. Treinta estados ya proyectan déficit presupuestario para el año entrante, apenas semanas después de aprobar sus presupuestos más recientes.

A diferencia del gobierno federal, todos los gobiernos estatales (con una excepción), por sus leyes, tienen que aprobar un presupuesto “balanceado”, o sea, no pueden mantener un déficit o buscar préstamos. Por lo tanto, para lograrlo tienen que aumentar impuestos y/o recortar costos en los servicios públicos y eso implica el despido masivo de maestros y otros servidores públicos , y la reducción de servicios de salud, educación, asistencia alimentaria, vivienda, deportes, cultura, apoyo a universidades y bibliotecas públicas, entre otros. Todo ello, por supuesto, tiene su mayor impacto entre la población más vulnerable.

De hecho, los inmigrantes están entre los sectores que no sólo sufren las peores consecuencias de la crisis económica: ahora enfrentan menos apoyo social. Los que más necesitan acceso a servicios públicos de educación, salud, nutrición y vivienda ahora tienen menos opciones que nunca, mientras que la situación económica nutre el clima hostil antiinmigrante.

Más allá de las ayudas coyunturales del gobierno central, ninguna recuperación económica será posible a nivel nacional si no se atienden los efectos de esta crisis a nivel estatal. California representa el 12 por ciento del PIB nacional y es el mayor estado en ventas al menudeo, y también envía más fondos al gobierno federal que cualquier otro estado. Con su población de más de 38 millones, casi una décima parte de la población nacional, el estado siempre ha sido un motor económico y social fundamental para este país. Los problemas de California, por lo tanto, tienen un efecto nacional.

Tal vez si todos fuman un poco más de marihuana se podrá soñar con una alternativa para que los gobiernos estatales no les cobren a los más pobres los costos de una crisis provocada por los más ricos.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.

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