Silvio Berlusconi amenazó ayer nuevamente a los magistrados de Milán con que su partido pedirá la creación de una comisión de investigación sobre los jueces que lo acusan porque, dijo, “tal vez podría tratarse de una organización delictiva”. El momento elegido por el jefe del gobierno italiano para estas declaraciones fue el breve encuentro con los periodistas en un intervalo de la audiencia por el llamado Proceso Mills en su contra, al que asistió ayer por primera vez en ocho años.

Berlusconi está acusado de corrupción por haber presuntamente pagado 600 mil dólares al abogado inglés David Mills para que declarara en falso en otros dos juicios en su contra, uno por sobornos a la Guardia de Finanzas, la policía financiera de Italia, y el otro por negocios poco transparentes de la empresa All Iberian –fundada al parecer por un primo del premier fuera de Italia– con la empresa de la familia Berlusconi, Fininvest.

Casi como un modo de rebatir sus críticas a los jueces milaneses a los que acusa entre otras cosas de ser “un cáncer para el país”, el Tribunal de Milán estaba adornado con fotografías gigantes de tres magistrados asesinados por el terrorismo. Esos jueces integran el grupo de 16 magistrados asesinados por el terrorismo y por la mafia en décadas pasadas, a quienes estuvo dedicada la Jornada de la Memoria realizada ayer por el presidente de la República, Giorgio Napolitano.

Berlusconi no fue interrogado ayer pero, por estar presente, los jueces lo liberaron de la “rebeldía” de la que era acusado por no haberse presentado jamás en el proceso. Se sentó en silencio en la primera fila del aula junto a sus abogados. Fue escuchada en cambio una experta de la fiscalía en materia de operaciones financieras. “Tenemos información acertada sobre una transferencia de 600 mil dólares a favor de Mills y un documento que certifica que ese depósito fue un regalo de Silvio Berlusconi”, dijo durante la audiencia el fiscal Fabio De Pasquale.

En el intervalo, el premier se mostró afable con la prensa y aunque al principio dijo que sus abogados no le permitían hablar, luego calificó al Proceso Mills como “increíble”, el “peor de todos” los que ha debido sufrir –unos 24, dice él mismo– porque “no hay pruebas ni una motivación”. Mientras tanto, sus partidarios distribuían a la prensa la copia de una entrevista concedida en 2008 a un conocido periodista italiano, en la que el primer ministro afirma que “no recuerda haber conocido” al abogado Mills.

Il Cavaliere dijo además que “este proceso está acabado, ha prescripto, no entiendo qué sentido tiene que el Estado gaste todo el dinero necesario para llevarlo a cabo”. Berlusconi hacía tácita referencia a la prescripción de la causa Mills, que está prevista para enero de 2012, siempre y cuando el presidente de la República no convalide con su firma, por considerarla inconstitucional, la ley ya aprobada por el Parlamento y llamada del “proceso breve”. De firmarla, el proceso Mills prescribiría el próximo mes de julio, quitándoles seis meses a los fiscales para poder demostrar las acusaciones.

De todas maneras, aunque prescriba en enero, es prácticamente imposible cumplir los tres grados previstos por la Justicia italiana –condena de primer grado, apelación, Corte Suprema–. Si existe una condena de primer grado, quedaría sólo como un precedente, pero nada más por no existir la posibilidad de la apelación. La próxima audiencia del Proceso Mills fue fijada para el 16 de mayo, día de elecciones municipales en Italia y verdadera prueba de fuego para Silvio Berlusconi y sus aliados.

El Proceso Mills es una de las cuatro causas más importantes que tiene actualmente en curso la Justicia italiana contra il Cavaliere. Los otros tres son los llamados Mediaset y Mediatrade, por cuestiones de derechos televisivos y fondos ilegales, y el proceso Ruby, por la joven de origen marroquí Karima El Mahroug, en el que está acusado de prostitución de menores y de abuso de poder. Este último juicio está recién en fase de debate preliminar y la segunda audiencia está prevista para el 31 de mayo. Para el caso Mediatrade, que concluyó la fase preliminar el 4 abril pasado, los fiscales Fabio De Pasquale y Sergio Sapadaro pidieron que los 12 acusados, entre los que se cuentan el premier, su hijo Pier Silvio y el super manager de Mediaset, Fedele Confaloniere, fueran enviados a juicio.