EL MUNDO › LA REFORMA PUESTA EN MARCHA PARA REDUCIR EL DEFICIT CONTINUA LAS MEDIDAS DE THATCHER DE LOS OCHENTA

Corte profundo al Estado de Bienestar

Centros juveniles, bibliotecas populares, servicios sanitarios para ancianos y madres, subsidios para la vivienda dejaron de existir o fueron diezmados. En muchos casos el camino elegido es la privatización.

 Por Marcelo Justo

Desde Londres

La enfermedad es el déficit; el remedio, un recorte draconiano: con esta receta la Eurozona marcha en fila al precipicio. El Reino Unido no forma parte del euro ni está bajo la férula de la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), pero ha aplicado uno de los ajustes más draconianos de la Unión Europea (UE). El impacto sobre la economía es claro: el Reino Unido está en recesión. Menos visible por el momento es el descalabro que está produciendo en el Estado de Bienestar un recorte que se parece cada vez más a una amputación hecha a las apuradas y sin anestesia.

La Coalición Conservadora-Liberal demócrata se planteó la eliminación del déficit fiscal entre 2011 y 2015 con un corte del gasto de unos 130 mil millones de dólares. Calificar de “draconiano” este plan de austeridad no es una hipérbole: el recorte promedio ministerial es de un 19 por ciento. El Ministerio de Justicia, que tenía un presupuesto anual de 8,9 mil millones de libras (14 mil millones de dólares), debe alcanzar un ahorro del 25 por ciento para 2015. Las cifras varían (Defensa corta un 8 por ciento; Bienestar Social, un 25), pero la poda afecta a todo el Estado, incluidos los municipios, fundamentales en un país que no tiene gobierno provincial.

Los recortes se decidieron entre gallos y medianoche. La Coalición asumió el gobierno en mayo de 2010 y cinco meses más tarde anunció la más profunda y radical poda del Estado Benefactor. “Esta reforma es una continuación de la reforma thatcherista de los ‘80, pero mucho más profunda. Los conservadores aprovecharon la crisis y el miedo a una crisis a la griega para llevarla adelante. Como por motivos políticos había que aprovechar el momento, se determinó el nivel de corte que se necesitaba para reducir el déficit sin tener en claro cómo se iban a cortar los servicios”, señaló a Página/12, Jane Lethbridge, especialista de la Universidad de Greenwich y miembro de Psiru (Public Services International Research Unit), una organización que analiza la reforma del Estado a nivel mundial.

Un caso paradigmático de estos cortes a las apuradas fue la BBC. La noche anterior al anuncio en el Parlamento, el gobierno decidió que, además de congelar su partida durante seis años, debería absorber con sus propios fondos el Servicio Mundial, costeado hasta ese momento por el Foreign Office, con un gasto adicional equivalente a más de 500 millones de dólares anuales. El gobierno dispuso: la BBC tuvo que efectuar a posteriori los recortes y despidos necesarios para que dieran las cuentas. El impacto ha sido la desaparición o privatización de todo tipo de servicios. Centros juveniles, bibliotecas populares, servicios sanitarios para ancianos y madres, subsidios para la vivienda dejaron de existir o fueron diezmados de tal manera que se volvieron insostenibles. En algunos casos, esta eliminación del servicio fue emparchada con un eufemismo armado a las apuradas. La idea de las “enfermeras comunitarias” –que prestan servicios domiciliarios– fue una manera de eliminar puestos en los centros de atención. En muchos casos, el camino elegido para disimular la merma de los servicios es la privatización. En el Servicio Nacional de Salud, que por ley debe ofrecer atención médica gratuita a todos los británicos, ha habido una explosión de decenas de miles de contratos para tercerizar servicios. “Miles de empleados fueron despedidos o transferidos al sector privado. Los servicios se están fusionando o cierran sus puertas. En Sussex, Surrey y Devon ya se han firmado contratos privados con Virgin Care para la atención de los más vulnerables, que incluye a niños, discapacitados y personas con problemas de aprendizaje”, señala la comentarista del matutino The Guardian Allyson Pollock.

Un caso visible del impacto que esto tendrá en la atención es el de la compañía privada Circle Health Care. En noviembre del año pasado, el gobierno anunció que la compañía, que tiene como CEO a un ex ejecutivo de Goldman Sachs, se haría cargo del hospital Hinchingbrooke por diez años. El hospital tiene un déficit anual de 38 millones de libras, a pesar de lo cual el contrato entre el Servicio Nacional de Salud y la compañía estipula que los primeros dos millones de libras de ganancias serán para los accionistas de Circle Health Care. La pregunta es obvia: ¿cómo va a hacer Circle Health Care para cuadrar estas ganancias cuando el hospital ya tiene un déficit sin cortar drásticamente los servicios?

El Estado de Bienestar, concebido durante la Segunda Guerra Mundial, proponía que el Estado suministrara “salud, educación vivienda y empleo” para combatir a los “cinco gigantes” que habían hecho estragos en la entreguerra: enfermedad, ignorancia, desnutrición, desempleo y carencia. “Estos principios están gravemente comprometidos. Los más afectados por los cortes son los más pobres. Estamos ante un nuevo modelo social”, explicó a este diario Jane Lethbridge. Con un desempleo juvenil que ha superado la barrera psicológica del millón de personas y sin redes de contención social, la policía ha advertido que los disturbios que sacudieron a las principales ciudades inglesas en agosto del año pasado pueden repetirse.

La advertencia no es desinteresada. La policía misma debe recortar su presupuesto en un 20 por ciento. Este mes, durante una huelga de empleados públicos, la policía, que por ley no podía plegarse a la medida, protagonizó una manifestación de unos 30 mil miembros que estaban en su día libre para protestar contra los cortes: unos 19 mil llevaban gorras oscuras para simbolizar los puestos laborales que se perderán en los próximos años. El credo privatizador los ha golpeado. En marzo, las fuerzas policiales de West Midlands y Surrey invitaron a compañías privadas de seguridad a que se hicieran cargo de la investigación de crímenes, las patrullas vecinales y la detención de sospechosos en un contrato de siete años por valor equivalente a más de dos mil millones de dólares.

La justificación de esta gigantesca reforma ha sido la “imperiosa” necesidad de reducir el déficit fiscal. En 2010, el déficit rondaba el 11 por ciento del PIB debido al aumento del gasto y la caída de la recaudación por la recesión que produjo el estallido financiero de 2008. Con el programa de austeridad, el déficit disminuyó a un 9,3 por ciento en el primer año y a un 8,3 por ciento en el segundo año, pero con la recesión de finales del año pasado, principios de éste, esta tendencia se está revirtiendo. En marzo la deuda superó el billón de libras, la recaudación cayó un 3,6 por ciento y el gasto fiscal se disparó de la mano de los beneficios sociales por desempleo, que aumentaron unos 8,5 mil millones de libras (13 mil millones de dólares). Esta situación va a empeorar porque los despidos en el sector público recién comienzan. El Estado, que tenía más de 6 millones de empleados en 2010, tendrá menos de 5 millones en 2017. Con la crisis de la Eurozona en la puerta y una perspectiva anémica de crecimiento, el gigantesco experimento de la Coalición Conservadora-Liberal demócrata no solo está devastando un tejido social construido durante décadas e hipotecando el crecimiento económico sino que corre el peligro de empeorar por muchos años la situación fiscal.

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