EL MUNDO › EL GOBIERNO BOLIVIANO LANZO EL REFERENDUM SOBRE EL TIPNIS

Una consulta sobre la ruta

Comenzó ayer la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para construir una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni. Observan la OEA y la Unasur. Existen resistencias.

 Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz

El gobierno de Evo Morales inició ayer una consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para construir una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni. En varias comunidades anunciaron que no permitirán la entrada de la comisión encargada de preguntarles, porque consideran que avalar el tendido de la vía implicaría la destrucción de su territorio y forma de vida. Indicaron que el presidente tampoco está cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo manda a “concertar” con los originarios que se oponen a esta obra caminera. Si no obedece la medida judicial, todo el procedimiento podría invalidarse.

La consulta del gobierno empezó ayer en Oromomo, del lado de Beni, y en San Miguelito, del lado de Cochabamba. Hasta el 25 de agosto, los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente desplegarán 15 brigadas para visitar las 69 comunidades del Tipnis, de 1.200.000 hectáreas. Los resultados definitivos estarían a principios de septiembre.

La consulta se realizará de acuerdo con la ley 222, cuya constitucionalidad está “condicionada”, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la concertación entre el gobierno nacional con los indígenas del Tipnis, pertenecientes a los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré. Según miembros de este tribunal, no sería una consulta transparente si la efectúa el mismo gobierno que quiere construir la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

“El fallo ya debería de cumplirse, tal como dispone la sentencia, pero vemos que hay dificultades. Parece que la sentencia fuera un mero adorno y eso es lamentable”, dijo Gualberto Cusi Mamani, magistrado del TCP.

“Hasta el último día pueden estar concertando, definiendo puntos sobre cómo va a ser la consulta. Pero vemos que hay una polarización, y yo, la verdad, dudo de que la consulta se lleve a cabo”, dijo Cusi. Hay un problema semántico. Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), “concertar” significa “hacer lo que la mayoría manda”.

“El Ministerio de Obras Públicas tiene la obligación de concertar con las comunidades. Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de ‘concertar’ hablamos de mayorías y minorías. Consensuar significa ‘cien por ciento’ (de aprobación) y si hay una sola persona que no está de acuerdo, no se puede hacer. Pero ese concepto no está en la Constitución”, dijo Vladimir Sánchez, ministro del área.

“El gobierno no debe estar interpretando el fallo constitucional, tiene que cumplir con la concertación, involucrando a todas las comunidades y habitantes del Tipnis. Tiene que buscar ese objetivo y llegar a un consenso, porque hay jurisprudencia internacional en ese aspecto. Pero el gobierno quiere interpretar a su manera. Estamos como antes, en un estado colonial”, dijo Cusi a la red Erbol.

“Las partes afectadas podrían acudir tranquilamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podrían apelar y eso sería catastrófico para Bolivia”, razonó el magistrado.

De la consulta participan veedores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unasur. Para los indígenas que rechazan la construcción de una ruta por dentro del Tipnis, la presencia de la OEA garantizará la nulidad del procedimiento, porque verán las resistencias dentro del territorio al proyecto de Morales.

“No es una consulta previa, porque el proyecto carretero y la plata para construirlo están desde 2008. No es una consulta de buena fe, porque desde hace meses la gente del gobierno va a las comunidades con motores fuera de borda, generadores de electricidad y otros regalos para comprar conciencias y dividir a las organizaciones indígenas. Además se está vulnerando la sentencia del TCP, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Así, todos los actos serán declarados nulos de pleno derecho, algunos funcionarios del gobierno serán procesados por incumplimiento de deberes y desacato a la ley”, dijo Rafael Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

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En octubre del año pasado marcharon contra la ruta miembros de las comunidades originarias.
 
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