España reaccionó ayer entre la cautela, aplausos a la Justicia y críticas abiertas a la monarquía a la decisión del juez de imputar a la hija del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, en el caso de corrupción en el que se investiga a su marido, Iñaki Urdangarín. El gobierno y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy optaron por guardar silencio ante la noticia, mientras desde el Partido Socialista (PSOE), la mayor fuerza de la oposición y también el defensor de la institución monárquica, se contestó con una simple referencia al precepto constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley.

“La Justicia en España es igual para todo el mundo”, afirmó el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, en unas palabras que recuerdan a las pronunciadas por el rey Juan Carlos en su discurso de Navidad de 2011 cuando, poco antes de la imputación de Urdangarín, dijo que la Justicia es igual para todos. “Es una decisión judicial y el PSOE la respeta como cualquier otra decisión judicial”, añadió Rubalcaba, evitando entrar en mayores precisiones pese a las preguntas de los periodistas durante un acto público que se llevó a cabo en Madrid.

El colectivo Manos Limpias, que ejerce la acusación particular en el llamado caso Nóos y exigía desde hacía tiempo la imputación de Cristina, se mostró complacido con la noticia y felicitó la decisión judicial porque se cumple que todos los españoles son iguales ante la ley.

“Más vale tarde que nunca”, expresó por su parte el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, uno de los principales detractores de la monarquía dentro de la escena política española y quien expresó al mismo tiempo la necesidad de que “haya jueces que se crean de verdad y tiren para adelante con la independencia del Poder Judicial, sea quien sea quien tengan enfrente”. “Yo sueño con que tengamos un día ese país, y este juez, si ha tomado esa decisión, me parece que ha dado una buena muestra en ese camino”, afirmó el líder de la tercera fuerza parlamentaria a nivel nacional. “Tal vez con esto se pueda hacer bueno lo que dijo el monarca de que todos somos iguales ante la ley”, agregó.

Desde su partido, el diputado Gaspar Llamazares apuntó directamente contra la corona y consideró que con la imputación de la infanta el caso Nóos cambia de naturaleza, ya que no es obra sólo de un advenedizo sin escrúpulos, en alusión a Urdangarín, sino que pone de manifiesto los negocios non sanctos de la casa real.

Mientras, el pequeño partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) exigió a la casa real que cesen las actividades oficiales de Cristina y que su defensa no sea costeada con fondos públicos. UPyD consideró además que la imputación de la infanta demuestra que el Estado de Derecho funciona y que la decisión judicial es una buena noticia, incluso para la propia monarquía, ante sospechas de que es una institución impune ante la Justicia.

El presidente de Cataluña, Artur Mas, reaccionó sorprendido y pidió tiempo para asimilar la noticia, mientras desde pequeños partidos regionales tradicionalmente beligerantes con la monarquía lamentaron que la imputación tardara tanto en llegar y exigieron consecuencias para la monarquía.