La Unión Europea pidió explicaciones ayer a España por usar balas de goma contra inmigrantes indocumentados, catorce de los cuales murieron ahogados cuando la semana pasada intentaban ingresar a nado a Ceuta, enclave español del norte de Africa.

“Estoy muy preocupada por el uso de balas de goma por parte de la policía fronteriza española para disuadir a inmigrantes en Ceuta”, dijo la comisaria de Interior de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, a través de su cuenta personal de Twitter. “Espero aclaraciones por parte de las autoridades”, añadió la máxima responsable de seguridad europea.

Esta fue la primera reacción de Bruselas a la tragedia de Ceuta, el último capítulo negro en la historia de los inmigrantes “sin papeles”, que son expulsados de sus hogares por la guerra y la miseria y que arriesgan su vida por un futuro mejor en Europa. En diciembre del año pasado, Malmström ya había advertido que España debía explicar el uso de cuchillas en la valla instalada en la frontera de Melilla, el otro enclave español en Africa, ante la sospecha de que el mecanismo no disuade a los inmigrantes, sino que sólo les provocaba “más heridas”.

El último episodio dramático ocurrió el 6 de febrero, cuando centenares de inmigrantes bajaron desde los montes de Marruecos hacia la zona fronteriza próxima a un paso aduanero y, ante la intervención de la gendarmería marroquí, algunos se lanzaron al mar de forma desesperada e intentaron llegar nadando al territorio español en Ceuta. Al menos catorce personas murieron ahogadas en el intento, de acuerdo con el número de cadáveres recuperados del mar, según confirmó la Guardia Civil española.

De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, las fuerzas de seguridad españolas dispararon contra ellos balas de goma y gases lacrimógenos, lo que provocó pánico entre los inmigrantes que intentaban alcanzar la costa a nado. Imágenes difundidas por medio de las redes sociales y recogidas por la prensa muestran a los agentes españoles lanzando los proyectiles al agua en dirección a los inmigrantes. Tras la polémica y la indignación generada por este hecho, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el delegado del gobierno español en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, negaron lo que se vio en las imágenes.

Pero, posteriormente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no sólo reconoció el uso de balas de goma, sino que lo justificó como forma de “disuadir” la “violencia” de los inmigrantes. “Nunca se usaron esos medios antidisturbios legalmente establecidos directamente contra los inmigrantes. No causaron ninguna muerte”, remarcó el ministro al comparecer el jueves en el Congreso de los Diputados, forzado por la gravedad de los hechos.

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en la zona denunciaron la violencia empleada por las fuerzas de seguridad y difundieron una imagen de un inmigrante subsahariano que sobrevivió y que muestra una importante hematoma en la cara.

Frente a estas contradicciones, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se negó a asumir responsabilidades y, por el contrario, defendió a la Guardia Civil y cargó contra la Ley de Extranjería del ex gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. “Hay deficiencias en la aplicación de la Ley de Extranjería en el caso de Ceuta, pero se están siguiendo los mismos criterios desde 2005”, dijo Sáenz de Santamaría, en referencia a la última gran crisis desatada por los intentos de entradas masivas de inmigrantes.

El trato inhumano que sufren los inmigrantes indocumentados que tratan de ingresar a España por las fronteras de los enclaves africanos de Ceuta y Melilla fue denunciado en reiteradas ocasiones. Las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes han sido blanco de las críticas tanto por la violencia empleada contra los inmigrantes como por no prestarles asistencia en situaciones críticas.

Si los muertos fuesen “blancos, españoles y con DNI”, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, “hoy no habría ido a su trabajo” y el delegado de la ciudad autónoma de Ceuta “estaría cesado en sus funciones”, aseguró ayer el dirigente socialista Antonio Hernando. “Pienso que si no fuesen negros, pobres e indocumentados, alguien ya habría dimitido”, insistió Hernando, quien pidió “justicia” y que pague quien “dio la orden de disparar y quien la ampara”.

Después de lo ocurrido en Ceuta, la pasada noche se cerró la frontera de Melilla en la zona de Beni-Enzar ante un intento de unos 300 sirios de ingresar a territorio español. Los inmigrantes, refugiados que huyen de la guerra en Siria, trataron de entrar de forma irregular, ya que necesitaban visado y no lo tenían.