Dirigentes del cogobernante Partido Liberal (PL) y del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) de Colombia denunciaron ayer que fueron espiados por la misma unidad militar acusada de interceptar las comunicaciones de los negociadores del gobierno y las FARC en el proceso de paz que se lleva adelante en Cuba. El director del PL, Simón Gaviria, y la candidata presidencial del PDA, Clara López, coincidieron en afirmar que se enteraron, por fuentes que no identificaron, de que tanto ellos como dirigentes de sus fuerzas también habrían sido espiados. López dijo que le pidió al fiscal general, Eduardo Montealegre, que investigue la denuncia, pues el hecho puede afectar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de mayo próximo.

La controversia por este caso se generó a comienzos de este mes, cuando la revista Semana reveló que al menos tres miembros del equipo negociador del gobierno en las conversaciones con la guerrilla fueron espiados por militares. Según la investigación de la revista, la interceptación de correos electrónicos fue hecha por una unidad de inteligencia militar que usó como fachada un restaurante y un centro de informática que funcionaban en un sector comercial de Bogotá.

“Nosotros consideramos que éste puede ser un caso de espionaje político al estilo del Watergate que tumbó a Richard Nixon. Entonces estamos pendientes de la cita con el fiscal, previo a poner medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA”, dijo López a la cadena de radio RCN. Por su parte, Gaviria comentó que supo de buena fuente que miembros de su partido también fueron espiados. “Hay 400 (cuentas de) Whats-App y 500 pines de Blackberry interceptados y decenas de correos electrónicos. Dicen que había una carpeta del Partido Liberal y otra del Polo Democrático”, dijo Gaviria al diario bogotano El Tiempo.

“No deja de ser escandaloso el espionaje, pero no sorprende, ya que esta práctica se está convirtiendo en algo fuera de control y muestra la desconfianza entre nosotros mismos siendo un hecho que es i-naceptable desde todo punto de vista”, expresó la candidata presidencial del PDA. Igualmente recalcó que no se debe utilizar los recursos del Estado en labores que no se encuentran relacionados con el orden nacional, por lo que anunció que solicitará garantías a organizaciones internacionales por estas irregularidades.

“La plata del orden público se ha tomado como plata de bolsillo con estos actos ilegales y se utiliza para actividades fuera de la ley como el espionaje; nosotros sostenemos reuniones con instituciones internacionales por falta de garantías y vamos a acudir a instancias internacionales para exigir el respeto del derecho a la privacidad”, agregó López. Además destacó que el tratamiento a los partidos de oposición en el país no era el más democrático y que la inteligencia no se puede emplear para el espionaje político.

El presidente Juan Manuel Santos advirtió el jueves que si la red de inteligencia militar comprometida en el hecho realizó un espionaje ilegal, se deben aplicar las sanciones de rigor. Santos dijo inicialmente que el espionaje puede obedecer a maniobras de “fuerzas oscuras” que supuestamente pretenden sabotear las negociaciones entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, después matizó sus palabras cuando el ejército le confirmó que desde esa fachada del restaurante y el centro de informática sí se realizaban tareas encubiertas, aunque sin efectuar un espionaje ilegal. El mandatario dijo que las autoridades deben investigar lo que se estaba haciendo desde ese lugar y que se aplicarán sanciones si se comprueba alguna irregularidad.

La semana pasada, Santos dio un plazo para que el ejército le entregue un primer reporte de la investigación. En una primera medida tras la denuncia de Semana, el gobierno relevó de sus cargos a los principales jefes de la inteligencia militar, los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga.

El jefe del equipo negociador de las FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, aseguró que el espionaje no sólo afectó a los delegados del gobierno, sino también a voceros de la guerrilla. El Canal Univisión señaló el pasado fin de semana que también varios periodistas colombianos y extranjeros en La Habana fueron espiados por la inteligencia militar colombiana.

En Colombia es legal la actividad de espionaje contra los grupos armados ilegales, narcotraficantes y delincuencia común, pero las interceptaciones tienen que tener un respaldo judicial, lo que no ocurrió en este caso contra los opositores, funcionarios del gobierno y medios de comunicación nacionales e internacionales. El caso de las escuchas ilegales en Colombia se remonta a la administración de Alvaro Uribe (2002-2010), cuando se implementaba contra periodistas, políticos, magistrados de las cortes y personalidades públicas que se oponían a su gestión.