EL MUNDO › DESMOVILIZACION SIN EXTRADICION

Advertencia paramilitar

El máximo líder paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, amenazó con tomar de nuevo las armas y poner fin al proceso de paz si persistía la idea de extraditarlo a EE.UU. En paralelo a ese anuncio revelado por un canal de televisión, un continuo tira y afloje persistía entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno colombiano para la desmovilización de sus fuerzas paramilitares. Unos 1500 miembros de las fuerzas que actuaban en la frontera con Venezuela avanzaban hacia una zona creada para entregar sus armas en la continuación del proceso de paz.
“Si no se da claridad en el futuro al tema del narcotráfico, no avanzarían más las desmovilizaciones”, advirtió Mancuso, en una conversación (grabada clandestinamente) con el comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, dada a conocer la noche del sábado por Noticias Uno. En la mesa de diálogo en la norteña localidad de Santa Fe de Ralito, el jefe de las AUC señala a Restrepo que sólo cumplirá los primeros acuerdos de desmovilización con el gobierno, pero luego se devolverá “al monte”. “Porque es más fácil recoger lo poco que queda de las otras tropas que aún no he desmovilizado y volver al monte, a que cuando yo termine las negociaciones aquí y pague la cárcel en Colombia me lleven a EE.UU.”, manifestó. Según el informe de Noticias Uno, los jefes paramilitares plantearon a Restrepo una negociación con EE.UU. o una reforma legal, como alternativas para que los jefes de las AUC no sean extraditados.
En la grabación, el comisionado de paz dice: “En el tema de la extradición, se deja el asunto en manos del Ejecutivo”. Restrepo les dice a los jefes de las AUC que el gobierno promoverá en el Congreso un proyecto que incluye penas mínimas para irregulares acusados de crímenes atroces que se desmovilicen, y que, en el caso de los paramilitares, se tomará en cuenta el tiempo que permanezcan concentrados en zonas especiales como parte del proceso de paz. La extradición de Mancuso fue autorizada el pasado 24 de noviembre por la Corte Suprema, pero corresponde al presidente Alvaro Uribe tomar la decisión final.

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