Desde Madrid

Cada día más contestado, tanto dentro como fuera del país, el presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, se encuentra acorralado por la violencia que azota el país y por el agotamiento de la población con su régimen militar, empeñado en cerrar el paso a la normalización política. Musharraf, de 63 años, dio el jueves marcha atrás en su intención, según algunos de sus allegados, de declarar el estado de emergencia, mientras en Wa-shington, el presidente George Bush le dio una de cal y otra de arena. Bush, tras recordarle que “compartían el mismo enemigo común”, le exigió una “acción rápida” contra el terrorismo islámico, pero expresó su confianza en que Pakistán celebre “elecciones libres y limpias” a finales de año, conforme a lo previsto.

Islamabad y Rawalpindi –la antigua capital que se encuentra a una veintena de kilómetros de la nueva– amanecieron ayer, según la web del prestigioso diario paquistaní Dawn, en estado de máxima alerta con policías y tropas desplegadas en todas las carreteras de acceso. La posibilidad de declarar el estado de emergencia se estudió en la noche del miércoles en una reunión del presidente con sus consejeros para analizar la inestabilidad que atraviesa el país.

“El ha decidido no declarar el estado de emergencia. Las elecciones son una prioridad para el presidente”, declaró ayer el ministro de Información Mohamed Alí Durrani.

Sin embargo, Dawn sostiene que el nerviosismo en las filas castrenses obedece a que se baraja que adelanten el regreso los dos principales líderes políticos paquistaníes, ambos exilados por acusaciones de corrupción: Benazir Bhutto, dirigente el Partido Popular de Pakistán (PPP), y Nawaz Sharif, jefe de la Liga Musulmana-N. La vuelta de ambos podría propiciar un cambio en las lealtades de los miembros de las cuatro asambleas provinciales y del Parlamento federal, que son los que eligen al presidente. La elección presidencial está prevista entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre y Musharraf pretende volver a ser elegido sin haberse quitado el uniforme de general en jefe del Ejército, como había prometido.

El Tribunal Supremo paquistaní tiene previsto revisar la petición de Sharif contra su exilio forzoso, impuesto tras el golpe de Estado de Musharraf en 1999. El Supremo, que se encuentra enfrentado al jefe del Estado por sus intentos de manipulación para permanecer en el poder, ya asestó el sábado pasado un duro golpe a Musharraf. Puso en libertad al número dos de Sharif y presidente en funciones de la Liga Musulmana-N, Javed Hashmi, encarcelado hace casi cuatro años y sentenciado a 23 años por traición e incitación al motín tras hacer circular una carta de un grupo de soldados en contra de Musharraf.

El Tribunal Supremo está presidido por Iftijar Mohamed Chaudry, quien fue recientemente restituido en su cargo por los demás magistrados después de que le destituyera Musharraf bajo acusaciones de corrupción. En un país donde la corrupción es rampante y afecta a todos los estamentos de la sociedad, no es que el juez fuese impoluto pero su cese desató un clamor generalizado porque era sabida su oposición a que el presidente-general vuelva a presentarse a las elecciones. Todas las alarmas se desataron en la tarde del miércoles cuando Musharraf llamó al presidente afgano, Hamid Karzai, para decirle que no acudiría al consejo tribal afgano-paquistaní, que comenzó ayer en Kabul. La Loya Yirga, a la que asisten unos 700 jefes tribales de los dos países, pretende buscar una solución común a la violencia que desangra ambas naciones.

“Estoy seguro de que si Afganistán y Pakistán unen sus manos, eliminaremos en un día la opresión que atenaza nuestros países... Nuestro futuro y nuestro destino están interconectados”, declaró el jueves Karzai en la sesión de apertura de la Loya Yirga. Karzai, que con frecuencia critica a Pakistán y a sus poderosos servicios secretos por dar cobijo a los talibanes y a los miembros de Al Qaida, no quiso comentar ayer la ausencia de Musharraf.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.