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Tras la salida de Rove, el fiscal Gonzales podría ser el próximo

El titular de Justicia de Estados Unidos se enfrenta a una posible investigación por perjurio que amenaza su carrera. La administración Bush recibió un serio golpe esta semana: el principal asesor político del presidente deja el puesto.

 Por Juan José Fernández *
desde Miami

George W. Bush tiene muchas heridas abiertas y no sólo la más sangrante de Irak. Karl Rove ha dimitido cuando la presión demócrata está tomando aliento en plenas vacaciones, preparándose para un próximo otoño caliente preelectoral. La guerra va camino de los 4000 muertos y la oposición fracasó en sus intentos de recortar los fondos y de retirar las tropas. Incluso no pudo detener el programa presidencial de aumentar las escuchas telefónicas con fines antiterroristas. Pero no cesará en el acoso.

Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, advirtió hace unos días al fiscal general (ministro de Justicia), Alberto Gonzales, que corre el riesgo de una investigación por un posible perjurio, dadas sus aparentes contradicciones cuando testificó sobre el programa de escuchas. Es su segunda batalla comprometida. Gonzales, el hispano de mayor rango en el gobierno de George Bush, ha resistido, de momento, dos auténticos tsunamis en el cargo, aunque al final Rove, acusado por todos de ser el auténtico autor intelectual de las operaciones que salpicaron al fiscal general, se irá antes. Todo indica que los demócratas, sin soltar la presa Gonzales, querían más, por elevación, al mismo Rove.

La expulsión de nueve fiscales a finales del año pasado por no favorecer los intereses del partido republicano, según todos los indicios, le estalló en primera línea de fuego a Gonzales. Ha sido el escándalo interno más grave. No era normal el despido después de las elecciones al Congreso de noviembre, casi a la mitad del período presidencial. Gonzales tuvo que capear el temporal casi milagrosamente y con el apoyo absoluto de Bush para que no se resquebrajaran cimientos importantes.

El fiscal general afirmó en el Senado, en abril, que no había tenido nada que ver, pero hasta el senador Arlen Specter, el republicano con mayor poder en el Comité de Asuntos Judiciales, reconoció que había perjudicado al departamento. Sólo le faltó pedir su dimisión, como hicieron los demócratas.

Uno de los fiscales despedidos, David Iglesias, de Nuevo México, declaró en el Capitolio que un abogado de Albuquerque, Patrick Rogers, antiguo asesor jurídico del partido republicano en ese estado, lo había presionado en varias ocasiones para que iniciara causas por fraudes electorales.

El veto a que dos ex asesores de la Casa Blanca testificaran también se incluyó en la defensa gubernamental numantina, pero no pudo impedir que lo hiciera Mónica Goolding, enlace del Departamento de Justicia con la Casa Blanca. La principal asesora de Gonzales también culpó en mayo al subsecretario Paul McNulty de mentir al Congreso sobre el caso de los fiscales.

La oposición logró la mayoría en el Congreso en noviembre, pero no ha conseguido cambiar apenas el rumbo gubernamental ni ganarse la confianza popular. Y tiene ganas, además de la obligación, de hacerlo con vistas a las elecciones presidenciales, previstas para noviembre de 2008. Recuperar la credibilidad que pierden los republicanos. El fracaso de la reforma inmigratoria, con millones de indocumentados aún en el limbo, ha acabado de empeorarlo.

El Congreso tiene un nivel de aceptación incluso por debajo del presidente. Ha alcanzado sólo metas domésticas, como subir el salario mínimo, cuando la crisis hipotecaria deja en ridículo el logro. Ha establecido mejoras en la salud infantil, pero parece una broma en un país donde casi 50 millones de personas no tienen ni seguro médico. Aprobó una ley de ética, pero no parecen darse por enterados gremios que controlan el país y pagan las campañas electorales o muchos gobiernos estatales que despilfarran suculentos ingresos.

En el caso concreto de Florida, por ejemplo, la situación es crítica y está llevando a la huida a otros estados de mucha población –no sólo de clase baja y media–, incapaces de soportar los impuestos y otras cargas cuando los ingresos están muy por debajo de la media del país.

Siempre está el mundo aparte de los millonarios, pero incluso algunos de ellos están empezando a perder propiedades compradas en la bonanza económica y que ahora no pueden sostener.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.

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Alberto Gonzales ha sido el principal cuestionado por la expulsión de nueve fiscales.
 
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