EL MUNDO › OPINIóN

El fin de una era

 Por José Natanson

El triunfo de Rafael Piñera en las elecciones chilenas de ayer marca el ocaso del proyecto político más exitoso del último ciclo de transiciones a la democracia en América latina. En la primera vuelta, por primera vez desde el fin del pinochetismo, la Concertación había sido batida por la derecha, y ayer el megaempresario, dueño de Lan y ex presidente del Colo Colo, se convirtió en el nuevo presidente de su país, abriendo una nueva era en la historia política chilena y alimentando la posibilidad de que la alianza entre el socialismo y la democracia cristiana, cuyo origen se remonta a la campaña por el No a Pinochet en el plebiscito de 1988, finalmente se rompa, con el consiguiente riesgo de que la pata más moderada de la coalición explore un acercamiento con los sectores más democráticos de la derecha (que precisamente lidera Piñera). Y en el fondo, el agotamiento de un proyecto político de dos décadas que dejó triunfos innegables pero también algunas sombras.

En el balance de éxitos de la Concertación, el mayor es sin dudas económico. Como se sabe, los gobiernos concertacionistas continuaron las líneas maestras del modelo impuesto a sangre y fuego por Pinochet, que de todos modos admite algunos matices: pese a sus raíces innegablemente ortodoxas, ciertos rasgos propios marcan una diferencia crucial entre el esquema chileno y el neoliberalismo puro y duro. En principio, ni siquiera Pinochet se atrevió a privatizar Codelco, la empresa nacional de cobre, ni a desarmar la reforma agraria implementada por la democracia cristiana en los ’60, que acabó con los latifundios y fue clave para el posterior despegue de los agronegocios. El Estado, además, cumplió un rol importante, garantizando un tipo de cambio competitivo primero y estableciendo límites al ingreso de capitales después.

Pero lo central es que ni Patricio Aylwin ni Eduardo Frei ni Ricardo Lagos ni Michelle Bachelet arriesgaron los grandes ejes del diseño pinochetista, basado en un manejo macroeconómico muy riguroso, sin déficit fiscal, con una presión impositiva bajísima (16,5 por ciento del PBI) y una estructura fiscal regresiva (los impuestos al consumo afectan incluso a los productos más básicos, como la leche y el pan, mientras que el impuesto a la renta es muy reducido), junto a leyes laborales hiperflexibles, con una de las tasas de sindicalización más bajas de la región (menos del diez por ciento) y servicios públicos carísimos.

Todo esto en el marco de una importante apertura al mundo (Chile firmó tratados de libre comercio con veinte países, desde Estados Unidos y China hasta Nueva Zelanda y México) que funciona como el pilar de un modelo ultraexportador y pro-empresarial que convirtió a algunas compañías chilenas, como LAN y Falabella, en gigantes translatinas, y cuyos valores de progreso individual y egoísmo capitalista han permeado culturalmente a la sociedad chilena (uno de los legados más duraderos y menos comentados de la dictadura de Pinochet).

Veamos algunos números. En los veinte años de gobiernos concertacionistas, el salario real creció 3 por ciento al año, el desempleo se ubicó siempre debajo del 10 por ciento, la inflación se mantuvo controlada y la deuda externa se redujo hasta ubicarse por debajo del 50 por ciento del PBI. El PBI chileno creció a un promedio de 5,5 por ciento al año, aunque el ritmo se ha ido desacelerando en los últimos tiempos e incluso –los números oficiales aún no fueron difundidos– se estima una caída de entre 2 y 3 por ciento para 2009, aunque con una posible recuperación en 2010. Durante los últimos quince años, Chile logró sortear las crisis mexicana, asiática, rusa, argentina y mundial sin estallidos ni colapsos, marcando una diferencia crucial con el resto de los países de América latina, que cada tantos años sufren una hiper, una recesión profunda o un default, entre ellos Argentina, pero también Brasil y Uruguay (y obviamente todos los andinos). Tal vez esta continuidad sea el principal acierto del modelo chileno.

Desde el punto de vista social, los avances han sido igualmente notables. Como resultado de una serie de políticas sociales focalizadas, bien implementadas y sostenidas a lo largo del tiempo, la pobreza se ha reducido significativamente. En 1989, en el último año de la dictadura de Pinochet, la pobreza había trepado al 42 por ciento. Hoy se ubica en 13,2, según datos de Cepal, el porcentaje más bajo de América latina, con una tasa de indigencia de 3,2, casi casi la de un país en desarrollo. Otros estudios coinciden con este diagnóstico: el Indice de Desarrollo Humano –un índice más abarcativo que combina niveles de crecimiento con desigualdad, pobreza de ingresos, salud y educación– sitúa a Chile en el primer lugar de América latina (44º del mundo), superando por primera vez a la Argentina, que ocupa el 49º (el tercero es Uruguay). Y un último dato asombroso: hoy existen en Chile bolsones de pobreza rural, sobre todo en la regiones del Norte, y algunos asentamientos precarios en el Gran Santiago, pero prácticamente no quedan villas miseria.

Estos avances, que deberían llevar a la reflexión a quienes acusan a los gobiernos chilenos de encarnar un simple modelo neoliberal, no alcanzan a ocultar las asignaturas pendientes: las políticas sociales, aunque sirvieron para atacar la pobreza y la indigencia, se han demostrado incapaces de enfrentar otros problemas, más complejos, como la precariedad del trabajo, en general mal pago y sobreexplotado, o las crecientes demandas de una clase media baja que no logra incorporarse a un boom de consumo que ha alcanzando niveles obscenos. El reflejo estadístico de estos déficit es la desigualdad, donde los avances han sido menores o incluso inexistentes. En Chile, la distancia entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población es de 14 veces. El Gini, el indicador más popular de desigualdad, es de 0,56, lo que sitúa a Chile como uno de los países más desiguales de la región junto a Brasil y Paraguay.

En los últimos años, en especial desde el gobierno de Lagos, se iniciaron algunas reformas orientadas a mejorar estos temas: los servicios de salud se extendieron mucho, la infraestructura educativa fue reforzada y, ya durante la gestión de Bachelet, se aprobó una reforma del sistema previsional que incluye una “jubilación solidaria” para quienes no aportaron los años suficientes (aunque la reforma no tocó el corazón del sistema jubilatorio, basado en el aporte individual, por ejemplo mediante la creación de un sistema mixto, y ni qué decir de la posibilidad de un sistema totalmente estatal, como el que funciona en Argentina y en Brasil).

Llegamos así a lo que muchos analistas consideran el núcleo del problema. El formidable impulso exportador, explicación última de todos estos progresos, se ha basado sobre todo en productos primarios o elaboraciones a partir de ellos. Cuando lo entrevisté para mi libro La nueva izquierda, Ricardo Lagos me dijo que la crítica es correcta pero que a menudo se exagera. “El argumento tiene algo de cierto, pero a veces se transforma en una caricatura. Yo le pregunto a usted: si yo exporto almendras, pero colocadas dentro de una bolsita hermética, que a su vez va dentro de una cajita de cartón especial, diseñada especialmente para un hotel cinco estrellas de Europa, con el nombre y el logo del hotel, que tiene que llegar en determinado momento y en determinado volumen. ¿Qué estoy exportando? ¿Almendras? ¿Qué valor tienen las almendras en ese producto? Otro ejemplo. Tengo un amigo que exportaba ostiones congelados, hasta que se dio cuenta de que era más rentable exportarlos enfriados. Eso significa que, desde que los ostiones se sacan del Pacífico hasta que se sirven en un restaurante de París, Nueva York o Berlín, no pueden pasar más de 30 horas. ¿Qué exporta mi amigo? ¿Ostiones? ¿O exporta know how, tiempo, eficiencia, seguridad?”

Más allá de la defensa de Lagos, los números son elocuentes: el 75 por ciento de las exportaciones chilenas están constituidas por productos primarios o bienes elaborados en base a ellos. Del total, un porcentaje importante, hoy cercano al 38, sigue siendo cobre. El resultado es un diseño que dificulta la extensión de los beneficios del crecimiento a todos los sectores sociales, expone a la economía a los ciclos externos (el precio del cobre es casi tan importante para Chile como el del petróleo para Venezuela o el gas para Bolivia), en el marco de una economía que incluye varios enclaves ultraproductivos (cobre pero también madera, fruta o salmón), un sector servicios muy extendido y eficiente (aunque excluyente) y un sector industrial reducido, con un mercado interno chico y no muy dinámico.

En sus veinte años de gestión, la Concertación ha avanzado también en otras áreas. Tras muchas idas y vueltas, consiguió limpiar los aspectos más autoritarios de la Constitución creada por la dictadura, en un movimiento de despinochetización institucional que devolvió al presidente el control de las Fuerzas Armadas, democratizó la Justicia y eliminó la figura de los senadores ¡vitalicios! creados por Pinochet, junto a otros avances en el plano cultural, como la eliminación del Comité de Censura y la sanción de la ley de divorcio (Chile fue el último país del Hemisferio Occidental –fuera de Malta– en aceptar el divorcio). Al mismo tiempo, persisten déficit severos, entre los que sobresale un sistema electoral binominal creado para favorecer a la derecha, que excluye sistemáticamente de representación a las minorías.

Pero, más allá de este ajustado balance de logros y deudas, no cabe duda de que el corazón del problema chileno, lo que explica el triunfo de Piñera y el inicio de una nueva era, es económico-social. En particular, la relación entre inequidad y política económica: en efecto, la persistente desigualdad chilena no es el resultado de una desviación del modelo suceptible de ser corregida mediante políticas específicas, sino parte esencial de un diseño que la Concertación no ha querido o no ha sabido o no ha podido modificar.

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