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La guerra de la coca parece otra vez a la vuelta de la esquina luego de varios meses de tregua entre el gobierno y los cocaleros. Apenas asumir el nuevo gobierno, presidido por Eduardo Rodríguez Veltzé, la embajada estadounidense volvió a la ofensiva contra los cultivos de coca “excedentarios” y le recordó a Bolivia la necesidad de realizar un estudio sobre la demanda legal de coca. Según la ley vigente, ésta es equivalente a la producción de 12.000 hectáreas de cultivos, pero según la ONU los cultivos abarcan actualmente 27.400 hectáreas.
La directora de Asuntos Antinarcóticos de la embajada estadounidense en La Paz, Carol Fuller, cuestionó un acuerdo firmado por Carlos Mesa con los sindicatos cocaleros del Chapare (zona casi totalmente excendentaria y cuna de Evo Morales) por el que el gobierno excluía de la erradicación 2300 hectáreas hasta la realización del estudio de mercado. “Hay muchos errores en torno de este acuerdo del 3 de octubre de 2004”, dijo la funcionaria. “Estados Unidos quiere un derramamiento de sangre en el Chapare”, respondió Morales. Una nueva presión –no exenta de riesgos– sobre el gobierno de transición, que mantiene la meta de erradicar 6 mil hectáreas tanto en el Chapare como en los Yungas de La Paz en lo que resta del año. La meta “coca cero” del ex presidente Jorge Quiroga generó cruentos enfrentamientos entre los sindicatos cocaleros y las fuerzas de seguridad y operó como una plataforma de lanzamiento de Evo Morales a la escena nacional, criticando la “injerencia del imperio en los asuntos internos de Bolivia”.