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El fiscal Guillermo Marijuán insistió ayer en que sea ampliada la denuncia sobre las nuevas coimas en el Senado y reiteró su pedido para que sean interrogadas dos empleadas del señalado lobbysta Carlos Bercún. Marijuán sospecha que cobran sueldos de organismos estatales en los que están nombradas pero en realidad trabajaban en su consultora. Página/12 verificó que una de ellas, su secretaria Alicia Guarnieri, pertenece a la planta transitoria del bloque justicialista de la Cámara de Diputados. El fiscal también le reclamó al juez Claudio Bonadío una serie de medidas para incorporar al expediente un anterior pedido de soborno al HSBC.
Marijuán había solicitado incorporar un hecho relatado por Mike Smith durante su testimonial porque consideró que “hay elementos” que lo vinculan con el nuevo escándalo. Según el presidente del HSBC, hace dos años le reclamaron una deuda impositiva de 6 millones de dólares contraída por los anteriores dueños, el Banco Roberts. En ese momento un estudio contable contactó a los directivos del HSBC y les propuso eliminar la millonaria demanda a cambio de 500 mil dólares. El fiscal sospecha que ese estudio puede ser el mismo que utiliza Bercún para facturarle sus servicios de consultoría al Citibank y pidió medidas al juez para verificarlo. “Ambos sucesos pueden guardar relación pues el pedido de dinero pudo haber estado dirigido a la misma persona que ahora habría sido tentado de soborno para detener una ley”, argumentó Marijuán.
Por ahora, el juzgado y la fiscalía coinciden en que faltan pruebas importantes para acusar al lobbysta. Sin embargo, Bonadío aún no dispuso las citaciones de los empleados de Bercún para preguntarles sobre las visitas de legisladores a las oficinas de Hipólito Yrigoyen. Y tampoco avanzó en el pedido sobre Guarnieri. Una fuente del bloque del PJ explicó que Guarnieri cumple con su horario en el Instituto de Capacitación Parlamentaria, pero no pudo recordar a instancias de quién fue nombrada.