El represor Héctor Vergez, detenido por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, podría quedar en libertad a comienzos de agosto para esperar, así, el comienzo del juicio en su contra. Es que el 7 del mes que viene se cumpliría el plazo legal permitido para mantener una prisión preventiva –previsto en dos años, más uno adicional por la “complejidad” de la causa–, según reconoce la Cámara Federal porteña en un fallo en el que además reclama al juez Norberto Oyarbide que acelere los trámites para llegar lo antes posible al juicio oral.

Vergez, que estuvo a cargo del centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, donde también está procesado, afronta esta causa a raíz de una denuncia en Capital Federal efectuada hace cuatro años por la desaparición de Julio Gallego Soto. El caso luego “fue ampliándose al comprobarse su vinculación con la desaparición de Javier Ramón Coccoz y, más recientemente, con la de Juan Carlos Casariego de Bel”, según explica el fallo.

El represor fue detenido el 7 de agosto de 2006, por lo que en unos veinte días cumplirá los tres años bajo el régimen de prisión preventiva y podrá solicitar su excarcelación para esperar libre el juicio oral. Así lo entiende la Sala I de la Cámara Federal porteña, que resaltó que la ley 24.390 establece que “la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia. Como excepción, se estipula que el encierro podrá extenderse por un año cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa haya impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años”.

Así, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah homologaron la prórroga de la prisión preventiva que se había cumplido el año pasado, pero fueron tajantes al remarcar el carácter excepcional de dicha medida.

Es por eso que la Cámara reclamó al juez Oyarbide que “no debe ahorrar esfuerzos a la hora de imprimirle la mayor velocidad a la encuesta”, lo que en lenguaje judicial implica acelerar el proceso que lleva la causa a juicio oral. Los crímenes por los que debe responder Vergez “imponen la obligación de alcanzar una sentencia que acabe, en este caso, con una espera de más de 30 años”, concluyeron los camaristas.