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Julio César Alak recibió como herencia de su antecesor, Aníbal Fernández, cinco televisores de plasma amurados en forma de mosaico en su despacho, más uno gigante ubicado en diagonal al escritorio y a un cuadro de José de San Martín. Tal vez hayan sido inspiradores para llevarle a Cristina Kirchner la idea de crear “Justicia TV”, el canal que transmita lo que pasa en la Justicia, empezando por las sesiones del Consejo de la Magistratura. “Eso quiero, televisión”, cuentan que celebró la Presidenta. “Que la gente les vea la cara a los consejeros”, imaginó. El nuevo ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos será el encargado de instrumentar el diálogo sobre una eventual reforma del organismo que elige y sanciona a los jueces. Aunque si fuera por él y la postura que prima en el Gobierno, le dijo a Página/12, habría que dejarlo como está, con mayoría de representantes políticos “porque el Poder Judicial es del pueblo, no de los jueces ni de los abogados”. No es el único tema para el que invitará a conversar: también abrirá el juego, anuncia, para armar un “plan estratégico” de seguridad y reducir el delito. Para eso, incluso, pedirá asistencia a Naciones Unidas.

–¿Por qué le dijo a la Corte que habría que generar cambios en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué cambiaría usted? –le preguntó este diario a Alak.

–Lo que le manifesté a la Corte es que hay que optimizarlo. Yo estoy convencido de que el marco normativo actual del Consejo de la Magistratura es el marco constitucional, votado por una mayoría parlamentaria importante...

–Fue una mayoría muy trabajosa, con poco consenso.

–Bueno, sí, tal vez sea un exceso. Diría que se votó en forma regular. Tampoco hubo ningún pronunciamiento judicial que objetara la reforma. Ningún proyecto es ideal en cuanto al número de integrantes. Hubo una coherencia en el gobierno de Kirchner de reducir los miembros de la Corte y de reducir los del Consejo para desburocratizar, transparentar actos que antes eran secretos y dar preeminencia a los sectores con legitimidad democrática. Este Consejo mejoró al anterior.

–¿El oficialismo no va a aceptar una discusión parlamentaria para revisar la reforma de 2006?

–Vamos a escuchar todas las propuestas. Así como me reuní con la Corte, me voy a reunir con los presidentes de bloque del oficialismo y la oposición que lo deseen y con las comisiones de Justicia. Pero yo creo que un país serio se construye con normas estables. Es una ley de hace sólo tres años.

–¿Le parece equilibrada la representación en el Consejo?

–Estoy convencido de que es equilibrada.

–Los políticos (entre oficialistas y oposición), de por sí, son mayoría.

–El Poder Judicial es del pueblo, no es de los jueces ni los abogados. Tienen que participar, pero no es de ellos. La participación popular se expresa a través del Parlamento.

–En la Corte piensan que tendrían que volver a presidir el organismo, como antes.

–Yo parto de que hay que mantener la ley, pero no quiero descalificar la opinión de nadie.

–El oficialismo corre con ventaja al tener el famoso poder de bloqueo en las decisiones.

–Es un poder mutuo. El oficialismo tiene cinco representantes, no es mayoría propia. Tampoco vota en forma automática. El resto, la oposición y los demás sectores, son ocho miembros, también puede bloquear si se juntan.

–¿Usted plantea hacer sólo reformas internas?

–Modificar las mayorías no garantiza más transparencia. Yo hablo de medidas reglamentarias para que haya un proceso de selección de jueces más rápido, transparentar al máximo los procesos de destitución y todos los actos. La transparencia es el eje. Para eso proponemos apoyarnos en el carácter público de las sesiones y que sean televisadas. A este país le haría falta tener un canal, así como es Encuentro en educación, un “Justicia TV”. Lo bueno es que el pueblo entre dentro de la Justicia, entre en la Seguridad, con un canal como es “SenadoTV”. Tampoco es un gran invento. Qué mejor que ver las sesiones donde los consejeros fundan por qué quieren destituir a tal juez o elegir a tal candidato. Se lo voy a proponer al Consejo. No es sólo una cuestión de información sino de contralor.

–Los jueces dicen que su independencia está condicionada porque les mantienen juicios políticos abiertos.

–Puede ser. Los procesos de acusación deben ser lo más rápidos posible no sólo para evitar la impunidad, sino por el derecho a la honorabilidad del juez.

Frente al delito, diálogo

–¿Cómo piensa combatir el delito?

–El delito requiere la aplicación de los códigos de fondo y procesales, la aplicación eficiente de las políticas sobre seguridad, un buen servicio de justicia y un eficiente servicio penitenciario y pospenitenciario. El asunto es articular esos elementos con eficacia. Si alguno no funciona, la seguridad se reciente.

–¿Y funcionan?

–Han mejorado. El Gobierno puede exhibir con orgullo una política de mejoramiento en la Justicia en cuanto al reemplazo de la Corte Suprema, su reducción y la designación de ministros absolutamente independientes.

–¿Qué relación tiene eso con el delito?

–Un Poder Judicial que no sea plenamente independiente puede encubrir el delito.

–Pero ¿qué medidas van a tomar ante la inseguridad de aquí en adelante?

–Obviamente hay que aplicar, en una faz preventiva, políticas sociales que son básicas y garantizar que las fuerzas estén bien equipadas y con los recursos humanos necesarios. La gestión de Aníbal Fernández produjo más de 25 mil designaciones en todas las fuerzas de seguridad en la calle.

–¿Más policía en la calle reduce el delito?

–Eso morigera el delito. Nuestro objetivo es proteger al ciudadano. Hay que mantener este programa. Que no falten policías, gendarmes, Prefectura, policía aeronáutica. Seguir construyendo cárceles para evitar superpoblaciones, algo que se ha logrado.

–El CELS denunció que el hacinamiento continúa en cárceles, aun en las del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia.

–No es lo que a mí me han informado. Y se está licitando la construcción de nuevas cárceles.

–¿Acuerda con limitar las excarcelaciones como respuesta al delito, como se hizo en la provincia de Buenos Aires después del homicidio del ingeniero Barrenechea?

–Esa medida por sí sola no genera ninguna mejora en la seguridad. Yo hago un razonamiento que no es mío pero que comparto: ante los conceptos de mano dura o mano justa, cabeza inteligente. Pareciera como si el tema de la represión policial pasara por las manos y no por el cerebro. Si tenemos muchos efectivos pero no tenemos un buen servicio penitenciario tenemos problemas. Si no hay proceso de resocialización, el preso vuelve a delinquir. Si no hay un Poder Judicial que proceda al rápido juzgamiento y las causas prescriben, de qué vale lo que hizo la policía.

–Hay muchas denuncias de maltrato y violencia en las cárceles del SPF. ¿Cómo se compatibiliza un programa de resocialización con esas condiciones de detención?

–La gestión anterior mejoró mucho. Pero por supuesto que hay problemas. Los vamos a escuchar, atender y solucionar. Yo tengo una larga militancia en derechos humanos. Para mí es una gran oportunidad poder transformar en políticas públicas las expectativas de los organismos. Vamos ha hacer un nuevo diagnóstico de la situación actual. Por ejemplo, cómo usamos la política carcelaria para que no haya maltrato.

–Eso requiere un cambio cultural.

–Tampoco podemos estar pendientes de la inmediatez desatendiendo el futuro. En justicia y seguridad, que son temas tan trascendentes en la agenda de los argentinos, tenemos que elaborar en conjunto con todos los sectores, el oficialismo, la oposición, las universidades y con la asistencia de Naciones Unidas, un plan estratégico de seguridad, justicia y derechos humanos. Fijarnos objetivos a diez o quince años es una política de Estado seria. Yo voy a convocar a todos los sectores, obviamente antes lo tengo que hablar con la Corte. A Naciones Unidas, que tienen mucha experiencia en planes estratégicos de seguridad, vamos a requerirle asistencia.

–¿Bajaría la edad de imputabilidad de los menores?

–Como otras medidas de endurecimiento, por sí sola no resuelve nada. No creo en esas ideas mágicas. Lo que hace falta es un régimen especial para jóvenes y niños, que les dé a los menores las mismas garantías que a los adultos. No que terminen privados de la libertad sin la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Eso va a requerir la creación de fueros e institutos públicos que el Estado deberá fomentar y financiar. Es, de todos modos, un tema parlamentario. Antes de ayer el presidente de la Comisión de Justicia del Senado ya me trajo el proyecto de Comisión.

–¿Se ha planteado cómo cortar el lazo entre la policía y la delincuencia?

–Tenemos que ser implacables con la corrupción policial, judicial si la hubiera y penitenciaria. No podemos tolerarla en ningún aspecto. El vínculo con el delito es una forma de corrupción. Vamos a tener una actitud activa en detectar actos de corrupción.

–¿Van a usar mecanismos nuevos?

–Se pueden utilizar los que existen.

–¿Va a haber cambios en la policía?

–Mi idea es que permanezcan los secretarios en el ministerio y los jefes de las fuerzas.

Eterna (in)justicia

–¿Usted promovería la despenalización del aborto?

–No quiero opinar sobre un tema que me trasciende. Es una facultad del Parlamento.

–¿Va a seguir en la línea de su antecesor, trabajando para despenalizar la tenencia de droga para autoconsumo?

–La comisión de expertos que trabajaba el tema pasó a la órbita de Jefatura de Gabinete. Igual hay un fallo de la Corte que es inminente.

–¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de las causas de derechos humanos?

–Muchas han avanzado y el pueblo argentino ha celebrado la condena a los autores de crímenes de lesa humanidad. Lo que queda es un tema del Poder Judicial, de quien depende que avancen. Le brindaremos todos los instrumentos que requiera.

–La Corte pide más tribunales.

–Si son conducentes para agilizar el enjuiciamiento, vamos a hacer lugar. La impunidad sobre los violadores a los derechos humanos es una cicatriz en el corazón de la Nación y hay que cerrarla. Lo mismo pasa en el tema AMIA.

–¿Cómo van a encarar el colapso en la Justicia en general?

–La primera medida es cubrir las vacantes agilizando el proceso de selección. Luego trabajar en un nuevo código de procedimientos, para que los juicios no demoren años. Crear mecanismos alternativos: que haya más mediación y casas de justicia. Que la judicialización de los conflictos sea el punto final, pero no que todo vaya a la Justicia. También la informatización ayuda.

–¿Va a seguir existiendo la Oficina Anticorrupción?

–Tiene un rol importantísimo en el contralor de los actos de corrupción y está dirigida por un prestigioso jurista, Julio Vitobello.

–No ha estado muy activa en los últimos años.

–Todo puede mejorar su funcionamiento.

–En su caso particular, ¿no pensó que fuera conflictivo aceptar el cargo de ministro de Justicia teniendo causas penales abiertas?

–Quiero negar totalmente la existencia de denuncias penales contra mí. Lo que se ha pedido es que se investiguen determinados actos que se pueden haber adoptado por la administración pública. Las escasas presentaciones son absolutamente políticas, como el caso de la no reincorporación de pilotos a Aerolíneas, a quienes se devolvió a funciones que ocupaban con anterioridad, u otras en la provincia, como la de la fusión del Banco Municipal. Fue la fusión de un banco, no es que cerró. Nosotros estuvimos en contra de la fusión, que lamentablemente decidió el Banco Central, con la presidencia de Alfonso Prat Gay. En otros hechos, puedo exhibir con orgullo que tengo todas las rendiciones aprobadas por el tribunal de cuentas, que integra la oposición.