EL PAíS › OPINIóN

Pobreza y desigualdad

 Por Adriana Clemente *

Con sorpresa vemos que los mismos sectores que cuestionan la asignación universal por hijo hace unos meses se manifestaron preocupados por la pobreza a la vez de tener una posición unánime contra cualquier cambio en el sistema de retenciones a las exportaciones agropecuarias, principal instrumento de recaudación para gasto social. Curiosamente, los que agitan la preocupación por la pobreza no hablan de la concentración de la riqueza. Esta falacia es la que nos permite afirmar que lo se debate no es la pobreza, sino la participación del Estado en la distribución de riqueza.

La historia del empobrecimiento de Argentina es un caso de estudio sobre la dualización de la sociedad por efecto de las reformas neoliberales. Hoy tenemos un ingreso per cápita de 13 mil dólares superior al de Chile, Uruguay y Brasil. Sin embargo, ese índice no es una expresión de desarrollo, particularmente si se consignan las desigualdades entre ricos y pobres. Entonces, no sólo debemos contar pobres, condición indispensable para tomar decisiones de política pública, sino también preguntarnos por el modo en que se achica la brecha social. En el caso argentino se trata de una pobreza exponencial en su crecimiento, heterogénea en su composición y con múltiples déficit instalados en los mismos hogares por más de dos décadas. La salida temprana del sistema educativo de los jóvenes y la tasa de desocupación de dos dígitos por 10 años cristalizaron la pobreza en Argentina de manera comparable con otros países ricos, pero estructuralmente desiguales como Brasil.

La prioridad que tuvo el gasto social en estos años y la mejora en los indicadores de empleo no pudieron franquear la frontera entre indigencia y pobreza para miles de familias. Desde 2005 se extendió el sistema de protección con dos enfoques, uno previsional y otro subsidiario, como es el caso de programas de ingreso condicionado, como el Familias, que llegan a más de 600 mil hogares. A esto se debe sumar una inédita intervención territorial a través de programas de saneamiento, vivienda y equipamiento social a lo largo de todo el país.

El aumento de un 400 por ciento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social demuestra dos cosas: la utilización del gasto social como herramienta de redistribución y el reconocimiento por parte del Gobierno de una demanda persistente. De no haber existido el recrudecimiento de la inflación por efecto del conflicto con sectores concentrados de la economía, el incremento en el gasto hubiera tenido impacto en la reducción de la pobreza como ocurrió hasta fines de 2007.

Por otra parte, la debilidad del modelo actual es fortalecer el sistema de asistencia directa y suponer que el mercado de trabajo proveerá bienestar a una población cuya principal competitividad es su adaptación a la informalidad. También se observa la falta de política pública para nuevos problemas sociales que ya no admiten demoras. Es el caso de la prevención y tratamiento de adicciones, la favelización de los barrios pobres, el trabajo infantil y judicialización de los jóvenes pobres. Estas son algunas de las problemáticas que más afectan la vida de las familias pobres y su entorno, que se vuelve conflictivo y miserable.

La asignación universal por hijo no es una solución completa, pero sí es parte de la solución. Decimos que no es completa a partir de la experiencia de otros programas de subsidio, como el Bolsa Familia (Brasil) o Solidaridad (México), que como el Programa Familias tienen un desfasaje entre la suma que aportan a la economía familiar y los problemas que pretenden superar. El impacto de estos programas depende del punto de partida, de ahí que en Argentina los resultados sean menos visibles que en Brasil y México, donde la pobreza tiene características aún más dramáticas.

El problema de la pobreza no está en los subsidios, como pregonan los sectores más conservadores, sino en la lógica de acumulación del sistema. A su vez, los subsidios son parte de la solución siempre y cuando se contrarresten otros factores de reproducción, como la salida temprana del sistema educativo y la precariedad laboral. Al igual que el debate en torno de la comunicación audiovisual, se le presenta al Gobierno la oportunidad de mantener la iniciativa en el tratamiento de temas fundamentales. Quizá, por eso, algunos de los sectores opositores que pedían la asignación universal por hijo sean ahora sus primeros detractores.

* Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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