EL PAIS › UNA SEMANA PARA RECORDAR

Cambio Cultural

Cuatro hechos simultáneos revelan un profundo cambio cultural. La Biblioteca Nacional le quitó el nombre de Gustavo Martínez Zuviría a su hemeroteca. La Cámara de Diputados reformó los artículos sobre el matrimonio del Código Civil. El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de Migraciones, que regularizó la situación a 700.000 migrantes de la patria grande latinoamericana, que con pocas horas de diferencia eligió a su primer secretario general.

 Por Horacio Verbitsky

Horacio González tuvo la valentía de adoptar una medida que distintas organizaciones sociales e instituciones políticas reclamaron a la Biblioteca Nacional desde la conclusión de la última dictadura: que dejara de honrar en su hemeroteca el nombre de Gustavo Martínez Zuviría, el ícono del antisemitismo argentino por sus novelas firmadas con el seudónimo literario de Hugo Wast. En la misma semana la Cámara de Diputados reformó el Código Civil para que el matrimonio sea posible entre dos seres humanos, con indiferencia por su género u orientación sexual. La presidente CFK reglamentó la ley de Migraciones, de 2003, que ya permitió regularizar su situación a 700.000 migrantes de la patria grande latinoamericana y, con horas de diferencia, la Unión de Naciones Sudamericanas designó a su primer secretario general, el ex presidente Néstor Kirchner. La simultaneidad de estos procesos habla de la profundidad de un cambio cultural y de la maduración de la sociedad y de sus instituciones. Salvo la mayor formalidad de la UNASUR, el resto de las reformas surge de iniciativas de la sociedad y sus organizaciones, a las que el Estado dio participación para modificar las situaciones previas.

González&Martínez

Más discutible es la elección del gran escritor Ezequiel Martínez Estrada como relevo de Martínez Zuviría, dado que su gorilismo patológico puede correr el eje de la discusión, como ya señalan diversos comentarios en la blogósfera peronista. Por los 25 años de democracia, el CELS había propuesto que la hemeroteca pasara a llamarse Emilio Mignone, un intelectual tan católico como GMZ y además peronista. El director de entonces, Francisco Delich, lo rechazó. Fue un error no haberle transmitido esa opción a González, quien optó por Martínez Estrada según las razones que ya fundamentó en un brillante artículo, “Política de nombres”, publicado en este diario el jueves 29 de abril. Allí recordó que Martínez Zuviría prohibió el ingreso a la Sala del Tesoro de Boleslao Lewin, biógrafo de Túpac Amaru e investigador de la emancipación americana, porque era judío. González fue cuidadoso al aclarar que no intenta desconocer los aportes de GMZ a la hemeroteca y a la Biblioteca que dirigió durante un cuarto de siglo, desde el golpe de Uriburu en 1931 hasta el derrocamiento de Perón en 1955, lo cual muestra el amplio arco de opciones políticas que no consideraba incompatibles con su cosmovisión arcaica y prejuiciosa, que no debería confundirse con el nazismo porque sus raíces son otras.

El antisemitismo teológico

Su actividad pública se inició en octubre de 1907 durante un Congreso católico celebrado en el Colegio del Salvador. En la línea del catolicismo social, dijo que si los privilegiados no querían perderlo todo era urgente que abrieran la bolsa e incidieran en la organización sindical. Pero luego de un viaje a París, donde tomó contacto con l’Action Française de Charles Maurras, se incorporó a la Acción Católica y agregó a su discurso integrista la subida tonalidad antisemita del maestro francés. En 1934, presidió la Comisión de Prensa del Congreso Eucarístico Internacional, punto de inflexión del renacimiento católico, y al año siguiente publicó la novela en dos partes “El Kahal” y “Oro”, sobre un plan judío para el dominio del mundo por “un rey de la sangre de David que será el Anticristo”. El propio GMZ fundamentó su antisemitismo en la ortodoxia católica y escribió que es preciso amar al judío como prójimo pero odiar “la Sinagoga”.

La mayoría de los autores que han señalado el antisemitismo del nacionalismo católico y del catolicismo integral lo analizan como un fenómeno argentino y omiten que ni GMZ, ni Octavio Pico ni Julio Meinvielle se apartaban del tradicional antijudaísmo católico que, con fundamentos teológicos, dominó todo el siglo XIX europeo y que en el siglo XX compartieron los papas Pío XI y Pío XII. Sólo acentuaban algunos aspectos con más énfasis que otros, tal como también hacía el Episcopado local. Uno de esos matices: En 1923 el Episcopado auspició la primera edición de “Los Protocolos de los Sabios de Sión”, el libelo antisemita inventado por la policía zarista en Rusia. Pero en 1935 aceptó los cuestionamientos a su autenticidad. Sin inmutarse, Hugo Wast comentó: “Serán falsos, pero se cumplen maravillosamente”

Cristianizar el país

En octubre de 1943, el general Pedro Pablo Ramírez lo designó Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. GMZ notificó que el programa del gobierno consistiría en cristianizar el país, fomentar la natalidad más que la inmigración, asegurar trabajo y techo decorosos a cada familia y extirpar las doctrinas de odio y ateísmo. Su primera decisión contra el odio fue la intervención a las Universidades Nacionales, la cesantía de los profesores liberales y la supresión de la autonomía universitaria que regía desde la Reforma de 1918. En la Universidad del Litoral designó al profesor Jordán Bruno Genta, con un decreto que le encomendó el “saneamiento del ambiente y extirpación del mal” debido a “la infiltración de elementos extraños”. Cesanteó a la mitad de los profesores, a un tercio de los estudiantes de Medicina, 76 por ciento de los de Química y 82 por ciento de los de Ingeniería, provocó una huelga general y debió renunciar. En un día tan inesperado como el 31 de diciembre de 1943 GMZ extendió por decreto la enseñanza religiosa a todas las escuelas públicas nacionales, primarias y secundarias, enmendando la ley de educación laica promulgada seis décadas antes. Sus considerandos fueron elaborados en consulta con la Iglesia que así se tomó revancha de su peor derrota histórica.

La señal de la cruz

Los programas de estudios presentaban a la Iglesia Católica como única poseedora de la verdad y acusaban a los judíos de ingratitud con Jesús. Los padres podían elegir que sus hijos no recibieran enseñanza religiosa. Para ellos se creó la materia Moral, pero sus programas incluían secciones completas de los de religión. En muchos casos los cargos no se cubrían y los alumnos no católicos eran invitados a retirarse del aula durante las clases de religión. En la escuela de la provincia de Buenos Aires donde comencé la primaria en 1948, los tres alumnos judíos de mi grado tiritábamos de frío en el patio hasta que nuestros compañeros salían de la clase de religión. Alguno de ellos nos encaraba con una tremenda acusación, incomprensible para nosotros: “Ustedes mataron a Jesús”. Así comenzaba la batalla de treinta contra tres, que no concluía hasta que alguien sangrara.

Cada clase debía comenzar con la señal de la cruz y en la enseñanza de la historia se debía “considerar a Cristo como centro de la historia”. Además, GMZ prohibió el uso del lunfardo, lo cual obligó a cambiar las letras de los tangos más famosos. Los dopados, de Enrique Cadícamo, pasó a llamarse Los mareados; en Cafetín de Buenos Aires la poesía de Enrique Discépolo padeció la sustitución de mi vieja por mi madre, aunque no rimara con queja.

En enero de 1944 el gobierno militar rompió relaciones con Alemania y Japón y en 1945 les declaró la guerra, cuando ya estaban vencidos. El nacionalismo denunció a Perón como traidor y Martínez Zuviría renunció, pero siguió vinculado con el gobierno.

El escritor Ezequiel Martínez Estrada.

En 1947 formó parte de una Junta Nacional de Intelectuales y Artistas, cuyos integrantes eran designados por el gobierno. La mayoría eran católicos integristas. Perón, quien al comenzar su gobierno hablaba como un cruzado medieval, dijo que no estaba empleando ninguna idea que no fuera conforme a “nuestra idiosincracia, nuestra raza, nuestra religión y nuestra lengua”. Este romance duraría poco. Al año siguiente, cuando se anunció la reforma constitucional, el Vaticano y la Iglesia argentina propusieron suprimir toda referencia a la soberanía popular y consagrar en cambio el origen divino del poder. El texto aprobado en 1949 mantuvo las definiciones liberales de 1853 y allí comenzó el enfrentamiento entre el catolicismo integral que defendía el Episcopado y el peronismo integral del gobierno, que más adelante intentó sustituir en la adhesión popular a las tres personas de la Santísima Trinidad por las dos de la pareja presidencial. La Iglesia fue el cemento que unió las distintas piezas de la conjura contra Perón.

Un linaje golpista

Aunque no dejó su cargo en la Biblioteca Nacional, GMZ apoyó las sublevaciones, en las que participaron varios de sus hijos. Fue fundador de un linaje de militares que participaron en casi todos los golpes militares. Su hijo Gustavo participó del alzamiento de Benjamín Menéndez en 1951 y al año siguiente se sumó a los conspiradores su hijo Jorge. Un tercer hijo, Hugo, acompañó el alzamiento de Eduardo Lonardi en 1955 y fue designado jefe de policía de Córdoba. Murió en 1962 y su última voluntad fue que lo enterraran con una sotana jesuítica. Ese año, luego de la confrontación entre azules y colorados Gustavo Martínez Zuviría (h.), junto con los también coroneles Juan Francisco Guevara, creador de la filial argentina de Ciudad Católica, y Manuel Reimundes, trataron de convencer al jefe de los blindados de Campo de Mayo, Juan Carlos Onganía, de que clausurara el proceso electoral y asumiera el poder. Como se negó, formaron un comando secreto que buscó, y logró, la proscripción del frente electoral que impulsaban Perón y Arturo Frondizi. Para ello se recostaron en el ministro del Interior, general Enrique Rauch, quien dijo que “el enemigo puede estar dentro de nuestro organismo. Tenemos que crear el microscopio que nos permita ver, conocer y atacar al bacilo o microbio que nos destruye”. Esta metáfora caracteriza a la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria y será usada por todas las dictaduras. Rauch sostenía que era necesaria una revolución tomista para exorcizar al marxismo cuyo objetivo es “destruir las bases de sustentación de la sociedad: moral, familia y religión”, para lo cual se vale de la libertad de prensa. En aplicación de ese programa, sus tres hijos integraron la cúpula del Ejército y de la Fuerza Aérea durante las últimas dictaduras y su nieto Gustavo acompañó las postreras rebeliones de Aldo Rico y Mohamed Seineldín. En el centenario de su nacimiento, que se cumplió en 1983, el cardenal Raúl Primatesta bendijo una placa colocada allí donde nació GMZ. En pleno siglo XXI el arzobispo de La Plata y ministro de Educación del Episcopado, Héctor Aguer, lo postula como un católico ejemplar. En noviembre de 2002, durante la IV Exposición del Libro Católico en La Plata, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un decreto de repudio por la exhibición de la obra antisemita de Hugo Wast. Según Aguer “El Kahal-Oro” es un elogio del auténtico judaísmo y expresa un conmovedor reconocimiento de la marca sagrada impresa por Dios en el pueblo que él eligió para preparar la aparición del Mesías y la redención de la humanidad. Ésta es la razón por la cual la obra, traducida a muchos idiomas, no pudo ser editada en la Alemania nazi: precisamente porque no profesaba el racismo antisemita y no contemplaba al judaísmo como una cuestión de raza, dijo Aguer. La embajada alemana compró miles de ejemplares de esas novelas, que distribuía junto a otros textos antisemitas. Pero GMZ perdió el favor alemán porque el antisemitismo teológico católico no procuraba el aniquilamiento sino la conversión o el sometimiento a la cristiandad. Así termina la obra, con la conversión del malvado protagonista.

Aguer describe así con exactitud las diferencias teológicas entre la Iglesia Católica y los totalitarismos del siglo pasado. Todo nazi es antisemita pero no todo antisemita es nazi. La cruzada personal de Aguer consistió en impedir que la hemeroteca de la Biblioteca Nacional pasara a llamarse Rodolfo Walsh, como propusieron legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El matrimonio

En torno del matrimonio se han librado algunas de las grandes batallas entre la Iglesia Católica y los estados seculares. En la Argentina, el liberalismo reformador de las últimas décadas del siglo XIX se detuvo en ese umbral, cuando debía tratarse la ley del matrimonio civil. La posibilidad de disolución del vínculo recién llegó en 1954, con la ley que sancionó el peronismo y que duró lo que le restaba a su gobierno. Fue derogada por el autodenominado gobierno católico que lo sucedió como consecuencia del golpe de 1955. Hubo que esperar tres décadas más para que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el texto vigente y admitiera no sólo la separación sino también el divorcio, con la recuperación de la aptitud nupcial, para probar de nuevo. Recién ahora la legislación se abre a nuevas situaciones, una vez más a la zaga de la justicia, que ha comenzado a admitir el matrimonio entre parejas de hombres o de mujeres. Fueron las instituciones creadas para defender los derechos de esas minorías sexuales las que impulsaron la reforma. Todos los bloques dejaron el voto de cada legislador librado a la conciencia individual. Esto permitió asistir a una de las sesiones más interesantes que el Congreso haya producido en muchos años, en la que los alineamientos partidarios no fueron decisivos. Sin embargo, llama la atención la alta cantidad de votos favorables del peronismo, entre ellos el de Kirchner, quien había anticipado su posición en un reportaje publicado aquí en enero de este año. En forma simétrica y opuesta, se aprecia la escasa cantidad de apoyos de la UCR, lo cual implica un curioso cruce respecto de la década del 80.

La Patria Grande

El lunes 3, después de inaugurar la nueva reunión plenaria de la Unasur, la presidente CFK firmó el decreto reglamentario de la Ley de Migraciones. Terminó de cumplir así con los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del inmigrante uruguayo Juan Carlos de la Torre, llevado al sistema interamericano por el CELS y CEJIL. De la Torre fue detenido y deportado en 1992, luego de 24 años de permanencia en el país, en aplicación de la Ley Videla. Como recordó la presidente al firmar el decreto, en su elaboración participaron diversas organizaciones de derechos humanos, de cultos religiosos, de las Naciones Unidas (como el Alto Comisionado para los Refugiados, Acnur, y la Organización Internacional para las Migraciones), que integraron una inédita comisión asesora. El proyecto de ley que comenzó a discutirse en 2002 y se sancionó en 2004 fue obra del entonces diputado y hoy senador socialista Rubén Giustiniani (quien se dio el gusto de votarla en las dos cámaras) y se concretó gracias al apoyo de Kirchner para que por primera vez la Argentina tuviera una ley de migraciones respetuosa de los derechos y garantías que consagran la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Al quedar atrás la ley de la dictadura, las migraciones dejan de ser consideradas como factores de seguridad y pasan a entenderse como derechos de las personas. Eso hizo posible un marco amplio de alianzas (como ejemplo pintoresco, el arzobispo católico Jorge Bergoglio y yo firmamos una nota urgiendo su sanción en aquel momento). El decreto reglamentario consolida esa política de no discriminación hacia los inmigrantes e incorpora el derecho humano a migrar, acceder a la justicia, la educación y la salud, prohíbe expulsiones sin el debido control judicial y restringe al mínimo los casos en que es posible la detención de migrantes que ya se encuentren en el país. Aun antes de la reglamentación, programas oficiales como el Patria Grande permitieron la regularización migratoria de 700 mil personas. Ahora el decreto demandará en el corto plazo una modificación estructural de reglas y prácticas burocráticas por parte de otros ministerios, de autoridades migratorias y de seguridad que colisionen con el respeto a los derechos humanos. El decreto garantiza el acceso a la asistencia legal, en todos los procesos que se ponen en juego derechos, por medio de la Defensoría General de la Nación y establece un criterio de interpretación, por el cual en caso de duda, debe decidirse a favor de los migrantes. También contempla la reunificación de familias, lo cual implica regularizar también a los familiares de los inmigrantes. La Dirección de Migraciones puede controlar, tanto en las fronteras como en el resto del territorio, sólo si tiene sospechas objetivas de que una persona ingresó o está de manera irregular en el país. De ser así, dará un plazo al infractor para que regularice su situación. Al presentar el decreto, CFK se jactó de que su gobierno era “pagador de deudas” e incurrió en comparaciones sobre lo que está ocurriendo con las migraciones en Estados Unidos y Europa, donde la crisis económica deriva en brotes xenofóbicos. Está comprobado, agregó, que las políticas restrictivas no terminan con la inmigración, que obedece a fenómenos políticos o económicos que se siguen produciendo pero en un ámbito de ilegalidad. “No hay menos inmigrantes, hay más ilegales. Y aparecen también los que trafican con el ingreso o egreso de personas”, concluyó.

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Gustavo Martínez Zuviría, icono del antisemitismo argentino.
 
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