EL PAIS › OPINION

La larga espera de un militante

 Por Maristella Svampa * y Roberto Gargarella **

Roberto Martino lleva más de un mes haciendo una huelga de hambre, exigiendo por su libertad, luego de siete meses de cárcel. Pese a que su salud se deteriora día tras día, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal demoró peligrosa e irresponsablemente la decisión sobre su caso (decisión que había anunciado para días atrás). Mientras, Martino ha recibido una enorme solidaridad proveniente de todo el arco intelectual y político, así como de conocidos referentes en la defensa de los derechos humanos; de Osvaldo Bayer a Nora Cortiñas, desde Norman Briski hasta Carta Abierta o el juez Raúl Zaffaroni. Esta solidaridad sin fisuras no es casual: Martino es uno de los referentes históricos del movimiento piquetero, respetado por su integridad, formación y compromiso militante. En momentos en que se multiplicaba la desocupación y muchos hombres no querían salir de sus casas, acosados por la vergüenza que les provocaba la falta de trabajo, Martino comenzó una trabajosa tarea de organización en los barrios pobres del sur del conurbano, exigiendo diferentes formas de ayuda social, las cuales serían resignificadas como conquistas, arrancadas al Estado neoliberal. En paralelo a la tarea de responder a la urgencia del hambre, movimientos como el suyo se propusieron un desafío todavía mayor: trabajar por la recomposición tanto del tejido social como de una identidad personal que, al estar fundada sobre el trabajo asalariado ahora ausente, había quedado cuestionada y a la intemperie. Luego, sabemos lo que sucedió: a la par de la crisis, y en el marco de una dinámica política compleja en la relación con los gobiernos (de tensión, conflicto, negociación e integración, represión y criminalización), los movimientos piqueteros, cada vez más numerosos, fueron adquiriendo una gran centralidad política, fenómeno que tuvo su cenit entre 2002 y 2004. El grupo de Martino se mantuvo entonces activo y militante, destacándose por el notable esfuerzo por preservar la independencia de su acción frente a fracciones políticas oficialistas u opositoras que se le acercaban.

Martino también ha tenido una vocación internacionalista, típica de un activista con su trayectoria. Fue en ese marco que, sin abandonar jamás el trabajo en los barrios, en mayo de 2009, y durante el acto de conmemoración del Estado de Israel, la agrupación que dirige realizó una acción para condenar y denunciar los crímenes de los que el pueblo palestino viene siendo objeto. Desde ese momento se les inició una injustificada causa penal, a partir de la cual, bajo la acusación de “terrorismo”, el juez Bonadío buscó imputarlos por “prepotencia ideológica” y “violación a la ley antidiscriminatoria”, junto con otras graves figuras penales, que podían haber desembocado en una pena de hasta 8 o 10 años de prisión. Su agrupación sufrió el grave allanamiento del local principal en Florencio Varela, que meses más tarde fue seguida por la pérdida del mismo, así como por la huida de Martino, quien fue detenido finalmente en mayo pasado.

A mediados de 2009, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó la libertad de los 12 detenidos, y este año también desestimó aquellas figuras penales (prepotencia ideológica y la ley antidiscriminatoria) en el procesamiento de Martino. Sin embargo, como la policía dice haber encontrado dos revólveres, sobre él pesa todavía la figura de “tenencia de armas de guerra”, pruebas que fueron obtenidas con total irregularidad el día del allanamiento al local. El viernes pasado, Roberto Martino fue internado en el hospital de Marcos Paz. Pero ésa no es la solución pues, cada día que pasa, su vida peligra más. Lamentamos enormemente la confirmación de la prisión preventiva dictada ayer por Casación y continuamos acompañando, y exhortando más que nunca, el pedido de su inmediata liberación ante las autoridades que correspondan, mientras deba aguardar el juicio oral y público.

* Socióloga e investigadora (UNLP-Conicet).
** Profesor de Derecho constitucional (UBA-UTDT).

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