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Hay un consentimiento con diez años de atraso. Y las Abuelas pueden hacer público con todo derecho su satisfacción por lo logrado tras diez años de lucha. Aunque el consentimiento llegue tras diez años de obstaculizar en los juzgados con toda clase de chicanas. Y también con cuestionamientos y críticas desde el otro lado, con las correspondientes denuncias de persecución a la familia. Hay un consentimiento que si no se hubiera demorado, se habría ahorrado las sospechas de un lado, los ataques y las críticas del otro. Un consentimiento que es al mismo tiempo derecho, obligación y necesidad. Que es al mismo tiempo individual y social, que es al mismo tiempo de los hermanos Herrera Noble y de los cientos de familiares de bebés apropiados durante la dictadura. Porque los hermanos Noble Herrera tenían sus derechos, pero los padres desaparecidos de los chicos apropiados también los tienen, como los tienen sus familiares de sangre. Hay una disputa que se prolongó por esa negativa por interminables diez años.

Y después un cambio radical de 180 grados, que puede generar una duda lógica, un interrogante inevitable y desconfiado sobre si se trata solamente de un cambio de estrategia o constituye verdaderamente un cambio de actitud, pero que en cualquier caso brindará una necesaria y refrescante mirada nueva sobre este momento crucial de sus vidas que es probable que termine por arrojar más luz sobre ellas. Sean o no hijos de desaparecidos.

Lo que hay es sólo una presunción. Pero una presunción sostenida por muchos factores. La fecha en que fueron falsamente adoptados (mayo y julio de 1976) fue un momento crítico por la gran cantidad de secuestros y desapariciones. Además quedó demostrado que el trámite de adopción había sido fraguado. El relato de cómo llegaron Felipe y Marcela a la casa de la señora Noble se asentaba en pruebas falsas. Y además, la jueza de San Isidro –ya fallecida–, Olga Hejt, que entregó los bebés en adopción, tenía antecedentes de haber participado en el trámite fraguado del nieto recuperado Andrés LaBlunda, sabiendo cuál era el origen del chico y la suerte que habían corrido sus padres.

No existe la seguridad. La única forma de obtenerla es por medio de la prueba de ADN, pero con esos antecedentes las Abuelas interpretaron que existía la posibilidad de que Marcela y Felipe podían ser hijos de desaparecidos y solicitaron que se les hicieran las pruebas para cotejarlas con el Banco Nacional de Datos Genéticos.

En el Banco hay muestras de ADN de sólo 240 familias y el universo que podría estar relacionado con Marcela y Felipe no sobrepasa las 20. Las posibilidades de que los resultados sean negativos son muy altas. El Banco hace un promedio de 20 pruebas de ADN por semana y solamente el 1 por ciento ha dado positivo. En ese escenario, la persistente negativa a realizar los estudios lo único que hizo fue crear en la sociedad la sospecha de que algo se estaba ocultando. Y la sospecha se convirtió casi en certeza, pero una certeza que se originó en la actitud sospechosa de los Noble. Porque la única certeza real e indiscutible se puede obtener a partir de las pruebas de ADN.

El caso se convirtió así en algo más que la recuperación de otros dos nietos. En los hechos estaba involucrada la cabeza de un poderoso emporio económico con acceso a resortes estratégicos de poder. No se trataba de un ciudadano de a pie. En realidad es nada más y nada menos que un caso de recuperación de identidad, pero la negativa persistente y las permanentes chicanas judiciales terminaron por hacerlo aparecer también como una provocación desde un lugar de privilegio. Un lugar de poder que rechazaba subordinarse a las leyes que obligan a todos los demás ciudadanos. Es increíble cómo ese condimento y el largo tiempo que transcurrió hicieron que el tema se popularizara como ningún otro caso de obtención de muestras de ADN o de nietos recuperados.

De esta manera, desde la sociedad estaba en juego un valor republicano importante, como es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Hubo políticos “republicanos” que para congraciarse con ese poder se hicieron cómplices de un reclamo de privilegio de casta. Con esas complicidades y desde ese lugar de poder se pudo resistir durante diez años a una medida que se calificó de autoritaria, nazi-fascista y persecutoria, pero que finalmente se aceptó sin dramas ni hecatombes. Más allá del resultado de los análisis, era una decisión que tendrían que haber tomado diez años atrás.

Diez años es el tiempo que tardó en madurar esta democracia en ese aspecto. Son diez años donde se puso en tela de juicio el derecho, el deber y la necesidad de restituir la identidad a los hijos de de-saparecidos apropiados durante la dictadura. Hay una deuda de ciudadanía que se amortiza con la misma lentitud que demoran los poderes, a veces económicos, a veces militares, a veces políticos y mediáticos en subordinarse al orden de la república. Que no es un orden de disciplina, sino de convivencia.

Es casi imposible escindir el caso de los hermanos Noble Herrera de la trama de poder y política que se generó a su alrededor por el lugar que ocupan como herederos de un gran emporio económico. Pero el lugar de las Abuelas es muy claro, porque siempre ha sido el de la recuperación de los nietos apropiados, el de regresarles la verdadera identidad a los bebés que fueron arrancados a sus familias por los militares. En esa meta, que las define como institución, no intervienen la disputa económica ni el juego de poder político. Vienen haciendo esa tarea desde antes de la democracia. Los gobiernos pasaron y ellas mantuvieron esa lucha con más o menos obstáculos, estímulos o ninguneos.

Los abogados de los hermanos Noble Herrera afirmaron que el cambio de decisión era para ponerle fin “a tanta persecución a la familia”. Si la persecución fue para que acaten la ley, se trató de un proceso legal que sólo se prolongó por su resistencia. De todos modos sería ingenuo negar que la problemática de derechos humanos fue también absorbida muchas veces en los medios, en algunos políticos y en los corrillos callejeros, por la disputa que el Grupo Clarín mantiene con el gobierno por la ley de medios y Papel Prensa.

Las Abuelas iniciaron esta causa en 2001, mucho antes de que llegara este gobierno. No hubo intención política en ese sentido porque esa mezcla no les conviene a las Abuelas ni a los organismos de derechos humanos, ya que subordinaría esa problemática a una disputa política que puede ser importante, pero que se resuelve en otro andarivel. Esa subordinación rebajaría la calidad del reclamo que tiene una esencia más trascendente. No se dirime este pleito por quién gana, si un grupo, un partido o un sector, porque se trata de una sociedad que hace una experiencia de su propia condición para mejorarla. El proceso de recuperación de los nietos es igual a un examen de conciencia de la comunidad en su conjunto. Es un saldo entre el dolor y las pérdidas que milagrosamente permite crecer y madurar.

Es difícil prever el camino que se plantea a partir de esta decisión de los hermanos. Porque se avanzó y lo que se genera son nuevos interrogantes. No hay certezas. Interrogantes no sólo desde la desconfianza sino también desde la esperanza. Es difícil saber si esa decisión implica también que asuman todas las consecuencias que se deduzcan de ellas, sobre todo en relación con la señora de Noble, que ya tiene 86 años. Pero eso también es difícil de saber porque puede pasar que en principio las pruebas sean negativas. En ese caso, las únicas consecuencias serán que sus muestras de ADN queden en el Banco para ser cotejadas por las muestras que sean recogidas en el futuro.

Pero cualquiera sea el resultado, sean o no hijos de desaparecidos, para las Abuelas será una victoria. Una victoria de la paciencia, del tesón y de la justicia. Dieron vuelta una confrontación donde la relación de fuerza les era totalmente desfavorable en una puja verdaderamente de titanes. Consiguieron hacer aplicar la ley y terminar con un privilegio. Demoraron diez años, pero pudieron.