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La jueza federal María Servini de Cubría fue autorizada a solicitar la colaboración del FBI en la causa en la que se investiga si el ex ministro de Economía Domingo Cavallo se enriqueció de manera ilícita mientras desempeñó cargos públicos. La magistrada había dispuesto pedir información a ese organismo del gobierno norteamericano sobre la supuesta titularidad de Cavallo de un porcentaje de una cuenta que compartiría con banqueros de ese país y la Argentina, pero el ex funcionario se había opuesto a esa diligencia.
A través de su defensor Eduardo Oderigo, Cavallo planteó en “duros términos” la nulidad de esa medida de prueba. Pero la sala I de la Cámara rechazó el planteo de nulidad del letrado porque consideró válido el pedido de colaboración y señaló que el eventual informe desde Estados Unidos podría constituir una “prueba necesaria” teniendo en cuenta el ilícito que se investiga. Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo sostuvieron que la averiguación del origen y estado actual del patrimonio del ex ministro es un “camino ineludible” para quien explora como objeto procesal el presunto enriquecimiento ilícito del denunciado. La causa se inició a fines de 2001 a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió, y ya se recibieron varias declaraciones testimoniales, entre ellas la del diputado nacional Mario Cafiero. Una versión que consta en el expediente consigna que el ex ministro tenía una participación del 10 por ciento en una cuenta de la CGN Capital Founds, junto con David Muldford y los hermanos Carlos y José Rohm. El primero está detenido con prisión preventiva por delitos de índole económica y el segundo permanece prófugo de la Justicia. En su resolución, Vigliani y Cavallo formularon una advertencia por los términos “indecorosos e irrespetuosos” con los que Oderigo se habría dirigido a Servini de Cubría cuando planteó la nulidad del pedido al FBI.
Cavallo había sido denunciado por el mismo delito, junto al ex viceministro Daniel Marx, a partir del megacanje de la deuda externa. Los denunciantes cuestionaron el monto de la comisión de los bancos que actuaron como intermediarios, y también criticaron que la selección de esas entidades no se efectuó mediante licitación. La demanda había sido presentada por un grupo de militantes de distintos partidos nucleados en el “Foro de Argentinos”, con el patrocinio del abogado Juan Carlos Iglesias, y había recaído en el juzgado de Jorge Ballestero.