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El gobierno de Salta desmiente pero no desmiente. El gobernador Juan Carlos Romero –compañero de fórmula presidencial de Carlos Menem– dijo que “es falso” que en su provincia más de 1000 empleados públicos hayan recibido planes Jefas y Jefes de Hogar que en realidad les corresponden a los desocupados, tal como reveló ayer Página/12. Simultáneamente, envió un comunicado en el que reconoce que hubo irregularidades pero le echa la culpa al Ministerio de Trabajo de la Nación, acusándolo de no implementar “los controles que le correspondía”.
La investigación que conduce el juez Abel Cornejo ya corroboró irregularidades en cientos de casos y podría haber procesamientos, incluso de funcionarios, en los próximos días, según informaron allegados a la causa. Entre documentación e indagatorias, los investigadores detectaron que hubo personas que no son desocupados que se presentaron a cobrar subsidios y otras que no sabían que estaban empadronadas y cuya identidad fue utilizada por otro para cobrar. En las maniobras estarían implicados miembros del Consejo Consultivo provincial que distribuye los planes.
En su comunicado el gobierno salteño dice que la pesquisa judicial comenzó con una denuncia de su secretaría de empleo local “ante la inacción del Ministerio de Trabajo”. En el juzgado de Cornejo, sin embargo, aparecen otras dos denuncias como disparadoras del expediente: la de una mujer que tenía dificultades para cobrar su plan y la de Rodolfo Serrano, un ex policía que integraba el Consejo Consultivo. La cartera laboral es querellante en la causa. Romero, al hablar ante la Asamblea Legislativa insistió: “si fuera cierto (el fraude) habría alguien preso”.