Más allá de la buena decisión de designar a Martín Sabbatella al frente de la Agencia Federal de Sistemas Audiovisuales por parte de la presidenta Cristina Fernández –que seguramente redundará en una mayor eficacia a la hora de distribuir democráticamente la palabra–, me interesa destacar que a raíz de este nombramiento la diputada Laura Alonso ha vuelto a mostrar el doble discurso del que hacen uso y abuso ella y su partido, el PRO, en cuestiones relacionadas con la transparencia en los asuntos públicos y el respeto a las instituciones.

Empecemos por el caso más reciente. Enterada de la propuesta para designar a Sabbatella al frente de la Afsca, la diputada Alonso escribió en su cuenta de Twitter: “Sabbatella no puede pedir licencia. No se puede tener cargo en el Legislativo y el Ejecutivo. La Constitución Nacional es clarísima”. Amén de que la CN en su artículo 72 la deja sin argumento, ella debería recordar que su compañero de partido Esteban Bullrich estuvo casi un año de licencia de su banca de diputado nacional para trabajar como ministro de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Decía Pinedo en esa sesión del Congreso justificando el pedido de licencia: “En nombre de nuestro bloque, que es el que integra el señor diputado Bullrich, que él no está solicitando licencia para obtener un seguro de desempleo eventual, sino para prestar un servicio a la ciudad y al distrito que lo votó”, y concluía: “El pedido de licencia está previsto en el reglamento”.

Pero no es el único caso en el que el PRO y la diputada Alonso muestran un largo trecho entre lo dicho y lo hecho. Al producirse la vacante de procurador general de la Nación, la ex Poder Ciudadano dijo: “Espero que la Presidenta se inspire en aquel decreto de Néstor Kirchner y emplee para designar al nuevo procurador el mismo sistema que ideó el ex presidente para designar a los jueces de la Corte Suprema cuando se autolimitó y convocó a audiencias públicas en el Senado” haciendo referencia a los decretos 222 y 588 de 2003 firmados por el entonces presidente, que autoimponen un freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la facultad de designar a los miembros de la Corte y a las cabezas del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General, abriendo el juego a la participación ciudadana. De más está decir que no sólo la Presidenta cumplió, sino que el mecanismo funcionó tan bien que el candidato Reposo no llegó a ocupar el cargo que ahora detenta la doctora Gils Carbó, que fue sometida al mismo proceso. En cambio, no se escuchó ni una sola palabra de la diputada cuando Mauricio Macri derogó en el año 2010 el decreto 1620/03 firmado por Aníbal Ibarra, que era réplica de los aludidos precedentemente para designar a los máximos magistrados en el orden local.

Por último, en febrero de este año junto a otros diputados, la representante de la Ciudad por el PRO en la Cámara baja firmó un pedido de informes acerca de cuánto perciben como salario la Presidenta y su gabinete, información que fue publicada en los medios en marzo y que constituye un buen paso en el acceso a la información pública y que debería oficializarse normativamente. Ahora bien, ¿qué sucede en la Ciudad? Desde fines del año pasado le venimos solicitando al jefe de Gobierno que cumpla con la Ley 572, que lo obliga a publicar en la web oficial porteña mes a mes el salario de él y sus funcionarios, normativa que aún no ha cumplido Mauricio Macri y que la diputada Alonso no está preocupada en que se cumpla.

Doble discurso, doble moral y la caradurez discursiva de un proyecto político que ensaya en la Ciudad el retorno a un país para pocos.

* Juntista comunal por el Socialismo Auténtico - Comuna 13.