EL PAíS › PRESENTACIóN JUDICIAL DE H.I.J.O.S. POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN JUJUY

Los once desaparecidos de Bolivia

La agrupación H.I.J.O.S. busca darles “visibilidad” a víctimas de la dictadura en Jujuy “en parte ignoradas por provenir de familias empobrecidas y también por aspectos racistas que acompañaron la represión”.

Walter Teófilo Pérez Loza fue secuestrado en San Pedro de Jujuy el 5 de diciembre de 1975 y está desaparecido. Johnny Vargas Orosco fue arrancado de su casa de Libertador General San Martín la Noche del Apagón del 21 de julio de 1976 y sigue desaparecido. Juan de Dios Aramayo Vallejos, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia, cayó en La Quiaca en la madrugada del 18 de julio de 1980, un día después del golpe de Estado de Luis García Meza, y sigue desaparecido. Más allá de la provincia en la cual fueron secuestrados y de haber corrido el mismo destino, los tres tienen en común su origen: Bolivia. La agrupación H.I.J.O.S. delegación Jujuy se presentó como querellante por once víctimas de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado que nacieron en Bolivia o bien son descendientes de bolivianos.

“Queremos dar visibilidad a estos casos, que representan más del 15 por ciento de los desaparecidos en Jujuy, en parte ignorados por provenir de familias empobrecidas y también por aspectos racistas que acompañaron la represión terrorista de Estado”, destacó Eva Arroyo, de H.I.J.O.S. Jujuy, quien subrayó “el valor de los familiares, que han iniciado el camino de la búsqueda de la verdad”. “Es importante entender que el terrorismo de Estado llegó a todos lados, con dictaduras simultáneas en toda la región, y Bolivia es uno de los países más olvidados en este sentido”, dijo.

Durante la presentación, en el juzgado a cargo de Fernando Poviña, los integrantes de H.I.J.O.S., con el apoyo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, repartieron volantes mientras bailaba la agrupación de caporales Alma y Corazón. “El baile tiene que ver con el origen popular de los compañeros desaparecidos y es un modo de festejar la posibilidad de obtener justicia”, expresó Arroyo.

La abogada María José Castillo señaló que algunos de los casos denunciados se inscriben en el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. El estudiante Oscar Hugo González de la Vega, hijo de bolivianos y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores en ese país, fue secuestrado en julio de 1976 en Cochabamba por represores del Departamento de Orden Político (DOP), luego fue visto en Villazón y finalmente fue entregado en octubre a militares argentinos en la ciudad de La Quiaca, donde se le perdió el rastro.

“Otros casos están vinculados a causas como la de la Noche del Apagón”, en la que está procesado el empresario azucarero Carlos Blaquier por la represión de julio de 1976 en la que fueron secuestradas más de 400 personas de Calilegua, El Talar y Ledesma. Meliné Grizutti, también letrada patrocinante, dijo que los casos fueron o serán acumulados para su dilucidación en los procesos de Jujuy. “Venimos siguiendo los juicios y es muy fuerte buscar memoria, verdad y justicia en estos casos, que fueron muy olvidados”, añadió. También patrocinan a H.I.J.O.S. los abogados Paula Alvarez Carreras, Néstor Ruarte, Andrea Lupiañez y Mario Bosch.

En el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla actualmente en Jujuy, se investiga la desaparición de Jaime Lara Torres, nacido en Bolivia y nacionalizado argentino. Se trata de un sindicalista docente y artista plástico secuestrado el 28 de mayo de 1976 y llevado a la cárcel de Gorriti, desde donde desapareció entre el 1º y 10 de junio. El primer juicio por la represión ilegal en Jujuy incluyó el caso de Narciso Santiesteban, militante de la Juventud Peronista e hijo de madre boliviana, secuestrado el 17 de abril de 1977 mientras prestaba servicios como policía en una comisaría próxima al Ingenio Ledesma. Los casos presentados, además de los citados, tuvieron como víctimas a Mario Ivar Flores, Fausto Choque Cabrera, Walter Eduardo Oviedo Morales, Máximo Rojas Caballero y Juan Carlos Espinosa.

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Los casos denunciados se inscriben en el Plan Cóndor, la coordinación represiva del Cono Sur.
 
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