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El gobierno iraní resolvió ayer suspender las relaciones económicas y culturales con la Argentina debido a la detención de su ex embajador, Hadi Soleimanpour, a quien el juez Juan José Galeano le imputa el delito de partícipe necesario en el atentado contra la AMIA. El anuncio lo formuló el director para asuntos americanos de la cancillería de Irán, Mehdí Mohtashemi, quien le entregó una protesta al encargado de negocios de la Argentina en ese país, Ernesto Alvarez.
“La acusación contra Irán es una maniobra política orquesta por Israel. Irán no tuvo nada que ver con el atentado y condenó ese acto terrorista”, dice un cable de la agencia oficial de noticias de Irán. La cancillería iraní no emitió un comunicado formal.
La Cancillería argentina demorará hasta hoy la respuesta, ya que ministro Rafael Bielsa se enteró de las noticias en Perú y decidió tomar una decisión después de establecer consultas en Buenos Aires.
El viernes próximo, Soleimanpour deberá comparecer nuevamente ante el juez Timothy Workman, en Londres. Para ese día, Galeano quedó en enviar las primeras definiciones sobre la imputación contra el ex embajador. Si el juez británico considera que el pedido es fundamentado, Soleimanpour seguirá preso, de lo contrario recuperará la libertad, aunque continuará el proceso judicial de extradición a la Argentina. En ese proceso, será decisiva la interpretación sobre la inmunidad de Soleimanpour.
La suspensión de relaciones comerciales parece una advertencia. Si Irán la concreta, significaría no celebrar nuevos contratos de operaciones de venta de productos argentinos a Irán. El último año con registro estadístico completo es el 2001, cuando la balanza comercial fue favorable a la Argentina en alrededor de 430 millones de dólares sobre todo gracias a la venta de trigo, soja y aceites.
El cable fechado ayer por la agencia iraní de noticias sostenía que “el gobierno argentino debe hacerse responsable de todas las consecuencias legales y políticas que afectan las relaciones bilaterales por esta detención”.
La orden de captura contra Soleiman pour fue librada por el juez Galeano que considera que el atentado contra la AMIA fue decidido en una cumbre iraní en la que estuvieron presentes desde ministros hasta el líder religioso, Alí Jamenei. La mano de obra –siempre según el juez–corrió por cuenta del partido libanés Hezbollah, que habría aportado el suicida y, presuntamente, el hombre que armó el coche bomba.
Según Galeano, las operaciones de inteligencia y otras fases del plan fueron obra de fundamentalistas que tuvieron la cobertura y hasta la coordinación del personal diplomático de la embajada. En ese marco, el titular de la embajada, Soleimanpour, fue para el juez el cómplice del ataque y del asesinato de 85 personas.
La postura de Galeano y las ordenes de captura se libraron después de que la SIDE, bajo la jefatura de Miguel Angel Toma, elaboró un informe en el que se llegaba a esa conclusión, pero siempre la central de espías, la CIA y el Mossad apuntaron a Irán como culpable del atentado. A esa postura se sumaron también la AMIA y la DAIA. Para otros observadores del caso, las pruebas contra Irán son poco contundentes y surgen esencialmente de la declaración de arrepentidos que rompieron con el régimen de los ayatolas o a partir de informes de inteligencia de difícil comprobación. En cambio nunca se siguió la llamada pista siria que se relacionaba más con odios, negocios y deudas de la campaña electoral del menemismo.
En el gobierno argentino sostienen que la detención de Soleimanpour proviene de una orden judicial, no de una iniciativa del Ejecutivo. Y la misma respuesta la dio ayer el encargado de negocios británico en Irán, Mathew Gould, ante quien también protestó el gobierno de Teherán: “Aquí no hay una detención política. Las resoluciones de la Justicia de nuestro país son independientes de lo que decide el gobierno británico”.
Según trascendió ayer en Londres, el juez Galeano se comprometió a enviar la primera documentación contra Soleimanpour antes del viernes próximo, día en que el ex embajador volverá a estar frente al juez. En ese momento el magistrado inglés decidiría si hay fundamentos concretos para que Soleimanpour siga detenido. De lo contrario lo dejará en libertad, pero le impedirá salir de Inglaterra hasta que no se resuelva todo el proceso de extradición a la Argentina.
Un punto clave será la cuestión de la inmunidad diplomática. Soleimanpour está estudiando en una universidad británica y por lo tanto carece de inmunidad en este momento. Sin embargo, especialistas en derecho internacional señalan que lo decisivo no es el hecho de que tenga o no inmunidad ahora, sino que el embajador sí la tenía en el momento en que se produjo el atentado. Habrá que ver cómo interpreta esto la justicia británica.
En el texto iraní de ayer hay un párrafo llamativo: “El gobierno argentino fue indiferente ante nuestra disponibilidad a una cooperación judicial entre los dos países”. Hasta el momento, Irán nunca aceptó cooperar con la investigación y menos aún estaba dispuesto a entregar a sus hombres para que fuesen juzgados en la Argentina, ya que consideró “falsa y parcial” la investigación del juez Galeano. Por lo tanto es difícil de traducir la mención a la disponibilidad a la cooperación judicial. Tal vez se refiera a la elección de un tercer país, seguramente europeo, en el que se designe un tribunal que juzgue las pruebas existentes. Esa era una posibilidad que el gobierno argentino barajó en algún momento.