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La situación judicial de Víctor Alderete sigue empeorando. La Cámara Federal confirmó el procesamiento por administración fraudulenta del ex interventor del PAMI y de directivos de Radio Rivadavia a raíz de una contratación irregular efectuada entre ese organismo y la emisora. La decisión, contenida en una resolución de una treintena de carillas, fue firmada ayer por los camaristas de la sala I de ese tribunal. Alderete podría afrontar en breve su primer juicio oral y público, y como tiene una veintena de causas abiertas es muy probable que termine tras las rejas.
La medida también alcanzó a Luis Cetrá, Alejandro Talevi y Guillermo Sorensen, directivos de Radio Rivadavia, según confiaron fuentes judiciales a la agencia Télam. De esa manera, los camaristas confirmaron lo resuelto el 6 de agosto de 2002 por el juez federal Claudio Bonadío, cuando los procesó por administración fraudulenta. En esa causa, el 18 de julio de 2002 Cetrá y Talevi se habían negado a declarar adoptando una estrategia defensista similar a la utilizada días antes por Alderete, que también se rehusó a contestar las preguntas que querían realizarle el tribunal y el fiscal Carlos Cearras. Los demás imputados adoptaron el mismo temperamento.
En estas actuaciones el magistrado investigó una presunta defraudación a la administración pública a raíz de contrataciones que se efectuaron cuando Alderete estaba al frente de la obra social de los jubilados. Se trata de la contratación de una empresa (Solavi Sociedad Anónima) para “realizar un muestreo de satisfacción de usuarios” del PAMI, convenio que determinó que la firma ideal para realizar esa tarea era Radio Rivadavia. Las preguntas eran “casi retóricas y su respuesta podía preverse sólo de la redacción”, apuntó la denuncia original. De acuerdo con constancias del expediente, el titular de la empresa además era el vicepresidente de la emisora radial que se vio beneficiada con la campaña por la que se habrían pagado alrededor de 600 mil pesos. Las fuentes señalaron que se trata de maniobras que se habrían cometido entre 1998 y 1999, y recordaron que el expediente se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) que pidió que se investigue si el PAMI y esas empresas defraudaron al Estado. Esta denuncia integró la acusación de la OA que llevó a Alderete tras las rejas, por haber organizado una “práctica sistemática” que consistió en la “neutralización de las áreas de control”.