[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los crímenes cometidos en el mayor centro clandestino del país, el que funcionó en guarnición de Campo de Mayo, deberán ser investigados por el juez federal Alberto Suares Araujo. La Cámara Federal de San Martín en pleno ordenó la reapertura de la vieja causa “Riveros” como consecuencia de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se trata de la misma medida que tomaron los camaristas porteños al impulsar las investigaciones sobre las desapariciones, secuestros y torturas ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Los jueces Hugo Fossati, Jorge Barral, Narciso Lugones, Alberto Mansur y Daniel Rudy (el sexto camarista, Horacio Prack, no firmó la resolución porque estaba de licencia), al igual que sus colegas de la Cámara Federal porteña, decidieron que, una vez declaradas nulas e inválidas las leyes de impunidad por el Congreso, debían retomarse las investigaciones que se interrumpieron en 1987.
Los camaristas de San Martín, además, incorporaron al viejo expediente (causa número 85, Riveros, Santiago Omar s/privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc.) la denuncia presentada por el abogado Manuel Gaggero por la desaparición del líder del ERP Mario Roberto Santucho. En esa querella fueron acusados el dictador Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi, quien fue subjefe del comando de Institutos Militares; Agatino Di Benedetto, ex director del Hospital Militar de Campo de Mayo, y Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
La demanda por la desaparición de Santucho y otros cuatro dirigentes del ERP se inició luego de que se intentara rastrear sin éxito los cuerpos de Santucho y Benito Urteaga. La pesquisa permitió, no obstante, confirmar que luego del secuestro en un departamento de Villa Martelli el 19 de julio de 1976, los líderes del ERP fueron llevados a Campo de Mayo. “Santucho y Urteaga entraron seriamente heridos y murieron casi inmediatamente. El resto de los secuestrados estuvo con vida varios meses durante los que fueron sometidos a tormentos, hasta que siguieron la suerte de los más de cinco mil prisioneros que pasaron por el campo clandestino ‘Las Cañitas’”, aseguró Gaggero en su presentación. El expediente estuvo en manos del juez de San Isidro Conrado Bergesio, quien lo mantuvo inactivo durante meses, hasta que el 24 de agosto lo envió a la Cámara.
Campo de Mayo, se estima, fue el centro clandestino de detención por el que pasaron más detenidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, como muy pocas víctimas sobrevivieron, resulta difícil conocer lo ocurrido en ese lugar. Las investigaciones de los organismos de derechos humanos señalan que dentro de la guarnición existieron al menos cuatro sitios distintos en donde se mantuvieron prisioneros: El Campito o Los Tordos, La Casita o Las Casitas, la prisión militar de encausados y el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde también se montó una maternidad ilegal. Además, en la zona que comandaba Santiago Omar Riveros –que abarcaba los partidos de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López–, habrían funcionado otros diez centros de detención.
Riveros –que está bajo arresto domiciliario por su responsabilidad en la apropiación de menores– fue indultado en 1989. Por lo tanto, en principio, la reapertura de la causa no lo complicaría. No están en la misma situación quienes fueron sus subordinados.
El ex ministro de Interior de la dictadura Albano Harguindeguy estaba imputado en esta causa por una privación ilegal de la libertad. El dictador Reynaldo Benito Bignone estaba procesado por las desapariciones de los conscriptos Luis Daniel García y Luis Steimberg. Ellos, entre otros, podrían ir a prisión si Suares Araujo procede como sus colegasSergio Torres y Rodolfo Canicoba Corral, quienes retrotrajeron las situaciones de los represores de la ESMA y Primer Cuerpo de Ejército a la que tenían antes de que se sancionaran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.