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Carmen Argibay, ex jueza del Tribunal Oral Nº 2 de la Capital Federal y actual miembro del Tribunal Penal Internacional de La Haya, sería la elegida del presidente Néstor Kirchner para ocupar la vacante en que dejará en la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor una vez que sea removido por el Congreso. Destituida y detenida durante la dictadura militar e identificada con la defensa de los derechos humanos, Argibay reúne los requisitos para convertirse en la segunda ministra del recambio en la Corte de la era K. El único inconveniente que presenta su candidatura es que su especialidad es el Derecho Penal, la misma de Eugenio Zaffaroni. “Pero en nueve miembros, que haya dos penalistas es algo lógico”, razonaba un hombre cercano al Presidente.
En agosto pasado, Página/12 anticipó que el presidente Kirchner había resuelto ocupar la segunda vacante del Tribunal con una mujer. Cuando quedó clara la estrategia del gobierno de barrer a la mayoría automática menemista, organizaciones no gubernamentales y legisladores plantearon que hacer lugar a un mínimo cupo femenino en la Corte sería también una forma de cambiar su imagen. En la historia, sólo hubo una ministra de la Corte. Fue Margarita Argúas y se desempeñó entre los años 1970 y 1973, durante los gobiernos militares de Roberto Levingston y Alejandro Lanusse.
En la misma nota, se daba una lista de cinco posibles candidatas entre las que figuraba Carmen Argibay. Según quienes tratan a diario con el Presidente, ahora aseguran que será ella finalmente la designada. Esos hombres que integran el círculo íntimo de Kirchner, también sostienen que dos de las juristas que más se mencionaron –Aída Kemelmajer de Carlucci y Elena Highton de Nolasco– nunca estuvieron entre las alternativas barajadas por la Rosada. “Sus sponsors dejaban bien en claro que estaban en las antípodas de nuestro pensamiento”, decía ayer uno de los confidentes presidenciales. Incluso, Kemelmajer de Carlucci, atacada duramente por el banquero menemista Raúl Moneta e integrante del Supremo Tribunal de Mendoza, aclaró que no le interesaba el cargo.
Otra de las candidatas era Ana María Figueroa, militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Rosada sentía a Figueroa más afín pero quería evitar un nuevo brote de histeria de los sectores que hicieron campaña contra el nombramiento de Zaffaroni. En Gobierno remarcaban la intención de no convertir el recambio de la Corte en un remedo de campaña política, con bandos que atacan o defienden a los postulantes.
Entre una y otra opción, crecieron las posibilidades de Argibay. “En los momentos difíciles, ella dejó bien en alto sus convicciones democráticas”, justificaba uno de los amigos de Kirchner.
De 63 años y soltera, Carmen Argibay lleva una vida dedicada a la justicia. Ingresó a Tribunales como pinche en 1959 cuando todavía estudiaba Derecho. Una vez recibida se especializó en Penal porque “está más vinculado a lo humano”, según contó alguna vez. Llegó a ser secretaria de varios juzgados hasta que en 1974 fue ascendida a secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El día del golpe del ‘76, una patota del Ejército tiró abajo la puerta de su departamento de Recoleta a culatazos y la arrestó por orden de la Junta Militar. Estuvo nueve meses detenida en la cárcel de Devoto sin que nadie le diera nunca una razón, como solía suceder en aquella época. Sufrió un preinfarto y eso le valió su libertad. Viajó a Europa para recuperarse y a los tres meses ya estaba de vuelta para ejercer la abogacía en forma particular.
Con la democracia, volvió a la Justicia. En junio de 1984 juró como jueza, en 1988 ascendió a camarista y con el cambio de procedimiento, en 1992, pidió que la destinen al juicio oral, con lo que pasó a integrar el Tribunal Oral número 2 de la Capital. Allí debió fallar en algunos casos famosos como el juicio por violación de un menor del técnico Héctor “Bambino” Veira y el que involucró a la secta La Familia, también concasos de violación a menores y esclavitud. En ambos casos, se inclinó por una dura condena.
En enero del 2002 se convirtió en la primera jurista argentina en integrar el Tribunal Internacional de La Haya. La ONU decidió designar a 27 jueces ad litem –para casos particulares– que se encargarían de condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra de los Balcanes, ocurrida entre 1992 y 1996. Argentina presentó su candidatura en la Asamblea General de la ONU y fue aceptada por 126 países, 30 más que los necesarios. Entre sus antecedentes se tuvo en cuenta su trayectoria como defensora de los derechos humanos y su carrera como referente de las organizaciones de mujeres, específicamente de las vinculadas al derecho. Entre 1998 y el 2000 Argibay presidió la Asociación Mundial de Mujeres Jueces, con sede en Washington, y fue la organizadora de su versión argentina, fundada en 1993.
Semejante trayectoria, resulta una credencial más que poderosa para justificar su llegada a la Corte, un estrado en el que un currículum impecable no ha sido precisamente la constante de todos sus miembros.
Aunque el currículum también trae aparejados los dos problemas que podrían empantanar su postulación. Uno de ellos, ya descripto, tiene que ver con su especialidad como penalista, la misma que Zaffaroni. La otra es que su cargo en La Haya tiene una duración de cuatro años y no estaría bien visto a nivel diplomático que renuncie a la mitad del mandato. Pero en Gobierno confían en que, dado el cargo para el que será convocada, en la ONU no presentarían reparos a que deje su lugar a otro jurista.