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Desde Tucumán

Las posibilidades de que el genocida Antonio Bussi consiga la libertad son nulas. La afirmación es compartida tanto por los que lo acusan como por sus defensores. Los primeros lo dicen por la contundencia de las pruebas. Los otros lo reconocen porque aseguran que detrás de la detención hay una fuerte decisión política. A partir de mañana el anciano general recibirá una serie de malas noticias. La primera vendrá de la Corte local, que rechazará el recurso de queja en la causa por peculado ya elevada a juicio oral. La peor se producirá el miércoles, cuando debía asumir como intendente de la capital. El juez federal Jorge Parache le dictará la prisión preventiva por el secuestro y desaparición en 1976 del senador del PJ Guillermo Vargas Aignasse. Mientras le notifican la resolución, el sillón de intendente lo ocupará la presidente del Concejo Deliberante, la justicialista Carolina Vargas Aignasse, sobrina del desaparecido.
Por estas horas, el bussismo pergeña estrategias para complicar el proceso judicial. De paso, creen que los problemas ante la Justicia les favorecerán cuando hoy los tucumanos voten para elegir diputados y senadores nacionales (ver nota aparte). El equipo de abogados del militar crece día a día. No sólo están Pablo Calvetti y Héctor D’Amico –yerno del represor–, sino que además sumaron a Gregorio Badeni, también defensor del supremo tenista Eduardo Moliné O’Connor. Calvetti no oculta su fanatismo por Bussi: llegó a poner el cuerpo para recibir los huevazos que le tiraron militantes de organismos de derechos humanos el día que lo trasladaron detenido. Jura que su tarea como abogado la hace por “cariño y admiración” y jamás se atrevería a cobrarle un peso al reo. Del resto no dice nada, pero cree los servicios de Badeni serán acordes a la relación que lo une con el anciano general.
En el despacho de Calvetti se ven fotos con los máximos dirigentes de la UCeDé. Eso sí, de menor tamaño que la preferida en que está saludando a “San Carlos”, como lo llama al ex presidente Menem. No es un dato menor, el bussismo fue un estrecho aliado del menemismo, sobre todo cuando el represor fue gobernador entre 1995 y 1999.
Calvetti se mueve entre una nube de papeles. Muestra los escritos de la fiscalía, del juez Parache y los que él redacta y Badeni corrige. “¿Sabe cuáles son las pruebas por las que quieren detener al general? Recortes periodísticos, tres testigos, un croquis de donde ocurrió el secuestro y una fotos. ¿Alguien puede creer que con esto se puede meter preso a alguien?”, dice. Estos elementos le son suficientes como para afirmar que “acá el gobierno nacional, con marcado ánimo revanchista por la derrota en los setenta, ordenó la detención no sólo de Bussi, sino también de (Luciano Benjamín) Menéndez”.
Los abogados todavía no consiguieron una buena noticia para arrancarle una sonrisa al reo. El viernes el juez Parache les rechazó una apelación con la que pretendían la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ahora irán en queja a la Corte Suprema de Justicia. La decisión esconde otro objetivo: ante la inminencia del dictado de prisión preventiva, los defensores deben resolver el tema de la detención domiciliaria. Bussi cuenta con 77 años y le corresponde este beneficio. El problema es que en Tucumán el genocida vive en un hotel y el juez no le permitirá cumplir allí el arresto. Ante la imposibilidad de poder residir en el country donde vive su hijo –el estatuto del consorcio lo prohíbe– los abogados creen que con el recurso en la Corte, la Justicia no podría oponerse a que viva en la casa de la hija donde permaneció detenido cuando lo solicitó el juez español Baltasar Garzón. “Jamás de los jamases”, gritó ayer por la tarde el abogado de la familia Vargas Aignasse, Juan Robles. “El preso debe estar a disposición del juez, en la jurisdicción del juzgado”, indicó el abogado a este diario. Para el bussista Calvetti, si los recursos judiciales le son adversos, las chicanas pueden servir por lo menos para molestar. Insistirá con la necesidad de que la causa pase a la jurisdicción militar. “En 1984 el juez federal decretó el pase de esta causa a la órbita militar. Ahora Parache no puede por un capricho decir que puede hacerse cargo del caso”, afirmó. Los abogados tampoco descartan la posibilidad, en caso de que avance el proceso, de recurrir a develar ciertos “secretos” de la familia directa del desaparecido para desprestigiarlos y destruir su estrategia.
Todo lo que el bussismo hace en la Justicia sirve para su estrategia político-electoral. Más allá del inconveniente que significa la detención de Bussi, el hecho de que se haya producido a diez días de los comicios les vino bien. El partido venía en caída libre. Desde el ‘99, cuando Ricardo Bussi fue derrotado por Julio Miranda, Fuerza Republicana perdió sistemáticamente terreno. En los comicios de junio pasado, el vástago del genocida quedó tercero en las preferencias para gobernador y su padre obtuvo más votos para intendente. Incluso, el panorama para los comicios de hoy no era el mejor a pesar de que enfrenta a un desprestigiado Miranda. Ricardito, como lo llaman propios y extraños, recién descubrió el lado bueno de la prisión de su padre una vez que se recuperó del preinfarto que sufrió cuando llegó la noticia de tribunales. “Lo que ellos hicieron nos permitió que los que lleguen a las urnas voten por Ricardo indignados por la injusta detención”, dijo Calvetti. Pero en el partido del militar hay quienes reconocen que cabe la posibilidad de que la prisión tenga un efecto totalmente opuesto al esperado: “En una de esas, nuestros votantes piensan que éste es el final de Bussi y apoyan a otro partido”, reconoció un dirigente de Fuerza Republicana, que pidió absoluta reserva de su nombre porque el partido hacia donde migrarían los votos es Recrear donde el ex bussista Pablo Walter aspira a renovar su banca.
Un buen resultado en estos comicios les permitirá incluso recobrar impulso en la pelea por la intendencia. Mañana, Calvetti junto a D’Amico presentarán una medida cautelar para que el Concejo Deliberante se abstenga de elegir un intendente de manera definitiva. Saben que en la cabeza del gobernador electo, José Alperovich –un antiguo amigo de Bussi ahora alejado por exigencia del gobierno nacional–, está rondando la idea de que la designada presidenta del Concejo, Carolina Vargas Aignasse, ocupe la intendencia durante los cuatro años. Es por ello que Calvetti solicitará también la inconstitucionalidad del artículo 38 bis de la Ley Orgánica de Municipios: “Allí se le da un plazo de 10 días para que el intendente electo asuma el cargo. Como seguramente Bussi estará más de diez días preso, el PJ se querrá quedar con el cargo”, dice. El detalle es que la norma en cuestión data de 1980, es decir que fue promulgada por la dictadura, ésa donde Bussi condujo el genocidio.