EL PAíS › LOS ABORIGENES SE INSTALARON EN PLAZA DE MAYO

Un grito mapuche en la Rosada

Cerca de cien aborígenes de Chubut y Salta exigieron ayer una respuesta del gobierno nacional por los atropellos que sufren en sus tierras. Pidieron por la libertad de los piqueteros de Mosconi.

 Por Irina Hauser

“Marici weu” es un grito. Para los mapuches quiere decir “diez veces venceremos”. Una y otra vez lo repitieron ayer con fuerza frente a la Casa Rosada cerca de cien aborígenes de Chubut y Salta que exigen la restitución de sus tierras –donde se vienen instalando grandes empresas– e intentan frenar nuevos desalojos. La protesta fue sumando, con el correr de las horas, a gente de distintas organizaciones sociales. En un petitorio que llevaron al Gobierno piden también la libertad de los piqueteros de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, quienes están detenidos desde noviembre. Por la noche, al cierre de esta edición, seguían esperando una respuesta frente a un cordón policial.
La comunidad guaraní El Tabacal de Salta fue expulsada en septiembre, tras una brutal represión policial, de las tierras en el departamento de Orán que habitan y utilizan hace años para cultivar y desarrollar sus principales actividades productivas. La embestida afectó a 150 familias que se quedaron sin medios de subsistencia y algunos sin vivienda. Integrantes de la comunidad Pillan Mahuiza de Chubut denuncian que están bajo amenaza de desalojo “sufriendo actos de intimidación y provocación por la policía, que desde la semana pasada está instalada en nuestras tranqueras”. Es, explican, porque se construirán por los menos tres represas en la zona donde viven, a cien kilómetros de Esquel.
Los policías que custodiaban ayer la Casa de Gobierno les pedían a los aborígenes y a la gente que los apoyaba que se fueran, o que se recluyeran en algún rincón de la Plaza de Mayo donde no llamaran la atención con sus banderas, sus vestidos típicos, sus cánticos y sus instrumentos autóctonos. La mapuche Moira Millán, encargada de las negociaciones, contestó a cada intento: “No nos vamos hasta que nos atienda un ministro”.
Los manifestantes se instalaron en un pasillo que quedaba entre dos vallas, a pocos metros de la entrada principal, y en un momento quedaron atrapados, ya que ese espacio fue cerrado por los uniformados y el que salía no podía volver a entrar. Pedían, puntualmente, que los escuchara el titular de Interior, Aníbal Fernández. “Y si no nos recibe a todos en su despacho, que venga acá”, impusieron después de votar.
Este reclamo es sólo una pequeña muestra de lo que pasa en muchos otros rincones del país y que afecta tanto a indígenas como a campesinos. Mónica Romero, 46 años y ocho hijos, es una de las damnificadas guaraníes del desalojo en Salta. Su comunidad, cuenta, perdió 5000 hectáreas ubicadas en La Loma, donde siembran maní, maíz, zapallo, mandioca, batata y yuyos medicinales. Allí también obtienen leña, tienen dos cementerios indígenas y algunas viviendas. “La empresa norteamericana Seabord Corporation (dueña de acciones del ingenio azucarero San Martín) nos acusa de usurpación, quieren explotar el terreno. La policía nos desalojó una noche y se llevaron hasta niños detenidos. Hubo gente presa una semana. Nunca nos devolvieron la mercadería que nos secuestraron”, relata acongojada.
Después de aquel episodio, los indígenas caminaron hasta la capital salteña, 266 kilómetros, para reclamar. Sin respuesta, siguieron hasta Tucumán. Allí las autoridades les consiguieron pasajes a Buenos Aires, donde se entrevistaron con la titular de Desarrollo Social, Alicia Kirchner y otros funcionarios. “Si bien viajó una delegación oficial a nuestro lugar, nada cambió: no tenemos dónde trabajar y nos amenazan con otra represión. Las tierras fueron nuestras siempre”, dice Mónica.
Moira Millán, 33 años, vive en Chubut, cerca del río Corcovado donde, dice, se montarán varias represas hidroeléctricas. “En la región conocemos el avance de las corporaciones extranjeras, sobre todo con las explotaciones mineras. Algunas de nuestras familias perderán unas 150 hectáreas porque se venderán las tierras para construir las represas, sin contar el impacto ambiental”, explica. La comunidad Pillan Mahuiza, a la que pertenece, pide “la anulación de la causa por usurpación y el reconocimiento de los derechos sobre las tierras”.
En la manifestación de ayer, que se mantuvo todo el día bajo el sol rajante, junto con los aborígenes hubo gente de asambleas barriales, del MTD de Solano, de Raíces Indianas y algunos activistas internacionales que habían venido a un encuentro de “pensamiento autónomo” que se hizo la semana pasada en Roca Negra. A última hora habían recibido la visita de un desfile de varias secretarias y secretarios, incluido el de Fernández, pero ninguna respuesta ni propuesta. A la noche discutían en asamblea, plantados en el mismo lugar, los pasos a seguir.

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Los aborígenes fueron atendidos por distintos secretarios de ministros pero sin respuesta.
 
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