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Uno –el jefe de Gabinete Alberto Fernández– explicó las implicancias políticas y la necesidad del Gobierno de contar con una norma acorde a los tiempos de crecimiento político. El otro, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, más técnico pero sin descuidar el costado político, se encargó de detallar los puntos principales del proyecto de ley laboral que ingresará recién hoy al Senado. Así, el Gobierno puso a dos altos funcionarios para que en algo más de cuatro horas justificaran la necesidad de la aprobación, prevista para el jueves 19, de la nueva ley laboral con la consiguiente derogación de aquella que la Alianza impuso a fuerza de sobornos. El bloque del PJ se comprometió a cumplir con ese objetivo. Los radicales, con el peso de la responsabilidad de ser los mentores de la anterior norma, dijeron que van a estudiar a fondo la iniciativa, pidieron más tiempo para darle la media sanción que se necesita.
Más allá de la objeción a los plazos del oficialismo que presentaron los radicales, los ministros se retiraron de la Cámara alta convencidos de que la semana que viene se habrá cumplido la primera etapa. “No quieren quedar como que hacen seguidismo. Es comprensible, pero no tienen margen para oponerse a la sanción de una ley que se necesita para equilibrar las relaciones entre los trabajadores y los empresarios”, señaló uno de los funcionarios visitantes.
Con veinte minutos de retraso –estaba pautada la reunión para las 17– los ministros ingresaron al bloque del PJ. Una hora antes, el oficialismo se había reunido con el jefe de la ex CGT rebelde, Hugo Moyano, el judicial Julio Piumato y el secretario general de los empleados legislativos, Ricardo Sablich, quienes adelantaron su respaldo al proyecto.
Como estaba previsto, Fernández se encargó de presentar la norma y justificar el valor político que tiene para el gobierno de Néstor Kirchner. Insistió con el argumento de que el proyecto busca ordenar la relación entre patrones y empleados y, con mucho tacto –estrategia que repetirá luego frente a los radicales–, solicitó su pronto tratamiento. A su turno, Tomada detalló los principales ejes que, desde el Ejecutivo, no están dispuestos a negociar ni modificar.
La advertencia del ministro de Trabajo, que por estos días observa cómo el edificio de su cartera está ocupado principalmente por piqueteros y policías (ver asimismo página 9), sirvió como para que el presidente del bloque, Miguel Pichetto, insistiera con la urgencia de votar tal como lo solicita el Ejecutivo y en los plazos estipulados.
Sobre el particular se escuchó una sola voz disidente. La expresó la recién llegada al cuerpo, la pampeana Silvia Gallego, quien solicitó tiempo para estudiarla y consideró que el plazo era exiguo. Nadie la acompañó. Gallego se quedó mirando a su jefe político, el ex gobernador Rubén Marín. Pero éste sólo abrió su boca para justificar el respaldo que en su momento le había dado a la norma de la Alianza. “Era un gobierno recién asumido. Estaba instalada la idea de que iba a generar trabajo y no podía quedar el PJ como impidiendo esa posibilidad”, se justificó mientras el resto de sus compañeros de bancada y los ministros se guardaban un piadoso silencio. Otra referencia al pasado formuló Antonio Cafiero, quien recordó que se decidió a votar aquella ley tras una reunión que mantuviera junto a otros legisladores con el ex presidente Carlos Menem, donde el riojano les solicitó que aprobaran la ley. Se repitieron las miradas piadosas.
Superada la etapa de las confesiones, la senadora Gallego volvió a pedir la palabra. Esta vez para marcar la contradicción que significaba la permanencia de las rebajas a los aportes patronales como una forma de promover el empleo cuando se había comprobado que no tienen ese efecto. Tomada la sorprendió reconociendo la contradicción, pero le explicó que estaba limitada a las pequeñas y medianas empresas, con un plazo estricto de un año y que estaba dirigida a favorecer exclusivamente la incorporación al trabajo de los beneficiarios de los planes sociales. Con el compromiso de votarla el jueves de la semana próxima, los funcionarios se trasladaron hasta el bloque radical.
Los radicales cargan con la culpa de haber promovido la norma vigente. Y eso pesa. Durante la reunión con los ministros, el jefe del bloque Mario Losada se comprometió a terminar con la norma. Pero destacó que desea estudiar el proyecto del que, según confesó, no tiene aún una copia. Además, los radicales tienen planeado consultarla con especialistas. Eso, señaló algún boina blanca, podría demorar los trámites. Los ministros se fueron convencidos de que no habrá escollos ni dilaciones.