EL PAíS

Negociar, negociar y negociar, consigna oficial

El operativo del Gobierno busca no confrontar y dialogar todo lo que se pueda.

 Por Raúl Kollmann

Las fuerzas de seguridad ya estarán ubicadas, desde esta misma noche, en puentes y rutas, especialmente en los puntos más transitados. Cuando las organizaciones piqueteras lleguen a hacer los cortes, los efectivos estarán alineados, pero personal del Ministerio del Interior, la Provincia de Buenos Aires e incluso de las secretarías de Derechos Humanos intentarán una negociación: “Corten estos dos carriles, pero dejen pasar a los autos en estos dos”, será una propuesta-tipo. Si los piqueteros se mantienen inflexibles, la orden a las fuerzas de seguridad será no confrontar, que no haya incidentes y, por lo tanto, permitir los cortes. “En algunos casos actuará la Justicia abriendo causas –sostienen en la Casa Rosada–, pero no queremos que haya choques ni heridos.” Esta es la estrategia que hoy pondrá en marcha el gobierno nacional y en cierta medida también la mayoría de las administraciones provinciales frente a la jornada de cortes, aunque, como suele suceder, siguen existiendo internas entre el Ejecutivo y las autoridades provinciales y lo mismo ocurre dentro del movimiento piquetero.
Según la evaluación del Gobierno, la jornada va a transcurrir con normalidad y habrá problemas de circulación, pero no situaciones dramáticas. Los puntos clave son los cuatro del Gran Buenos Aires: el Puente Pueyrredón, la autopista Buenos Aires-La Plata, la Panamericana en Pacheco y la rotonda de San Justo, en La Matanza. “Todos son en jurisdicción bonaerense –decían anoche en la Casa Rosada–, incluso el Puente Pueyrredón porque, según sabemos, el corte se hará del lado de la provincia. En la Autopista y en Panamericana también podría actuar la Gendarmería, pero la orden es que no haya efectivos de esa fuerza, o sea que no haya doble responsabilidad. El gobernador Felipe Solá ya anunció operativos preventivos a cargo de las distintas departamentales de la Policía Bonaerense y lo mejor es que entonces no haya otras fuerzas en escena.”
En realidad, con esta medida se exponen las desconfianzas que persisten entre la Casa Rosada y La Plata. Dos ministros bonaerenses, el de Seguridad, Raúl Rivara, y el de Justicia, Eduardo Di Rocco, estuvieron ayer con el juez Adolfo Ziulu para exponerle los planes y se mencionó que los operativos policiales serán preventivos “evitando daños a las personas y las cosas”, según concluyeron en ese cónclave. En el gobierno nacional igual dieron a entender que si va a actuar la Policía Bonaerense, no hay garantías de que efectivos de esa fuerza no se involucren en choques o enfrentamientos y, por lo tanto, en la Casa Rosada evaluaron que es preferible no involucrar a la Gendarmería, una fuerza que está en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, que está a cargo de Gustavo Beliz. Por ello, la Gendarmería se esfumará de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Panamericana, dos rutas que son nacionales y en las que habitualmente los operativos de seguridad están a cargo de los gendarmes.
Más allá de varias órdenes judiciales que apuntan a impedir los cortes, la tónica general que prima en los gobiernos nacional y provinciales es negociar, negociar y negociar. Desde el punto de vista estratégico, no es lo mismo si los policías y gendarmes se hacen presentes cuando un puente o una ruta ya está tomada que si se encuentran en el lugar desde antes que lleguen los piqueteros. “La estrategia no puede consistir en sacar a los piqueteros, porque eso obliga a una cierta ofensiva de policías o gendarmes. En cambio, si están custodiando los lugares de antemano, cuando llegan los piqueteros se intentará forzarlos a una negociación basada en que el corte no sea total: que permitan circular en algunos carriles o que dejen libres algunos caminos alternativos”, explica uno de los hombres que diseñó el operativo de hoy.
Una de las novedades que se tratarán de instaurar es que las negociaciones las lleven adelante civiles, no policías. En principio serán funcionarios de los ministerios nacionales o provinciales y en algunos casos hombres de las secretarías de Derechos Humanos de cada distrito. Más allá de estas negociaciones, la orden categórica es que todo efectivo que actúe lo haga uniformado, no se permita el uso de armas de fuego y que los vehículos también estén claramente identificados.
“Creemos que va a estar todo tranquilo, pero en las fuerzas de seguridad siempre puede aparecer un loco y hace un desastre”, admiten en la Casa Rosada. “La otra vez apareció en Plaza de Mayo una bomba de algún mano de obra desocupada –desconfían desde el lado piquetero–, y también puede haber alguna presión de los fiscales. Es cierto que dentro de nuestro movimiento, también alguno se puede mandar una cagada, pero la lógica es que en los cortes y la marcha por la Capital no haya problemas.”

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