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El club de los Fujimori, Oviedo y compañía cuenta con un nuevo miembro estelar: Carlos Saúl Menem, declarado en rebeldía, tiene desde ayer una orden de captura internacional con miras a extradición por no haberse presentado, en la cuarta oportunidad, a la indagatoria ante el juez Jorge Urso. El ex presidente ya había desafiado, en pose de víctima y en cuanto micrófono tuvo a su alcance, que se quedaría en Chile por temor “a pasar la vida” en prisión. En la causa en danza se lo investiga, paradójicamente, por un asunto carcelario. Aparece vinculado con el posible pago de sobreprecios en la construcción de unidades penales de Ezeiza y Marcos Paz.
Un rato antes de que el reloj marcara las doce, el horario en el que Menem estaba citado, uno de sus abogados apareció en el juzgado de Urso con un bombardeo de planteos lanzados a la conquista de otra prórroga de la declaración. Recusó al juez por “enemistad manifiesta” y “ausencia de imparcialidad”, pidió la nulidad de la indagatoria, dijo que no le alcanzó el tiempo para leer toda la causa y reflotó la famosa historia de la fractura en el húmero por la que el riojano dice guardar reposo. Su Señoría dijo a todo que no y ordenó traerlo por la fuerza.
Urso notificó su decisión a Interpol y, para la detención de Menem, indicó que deben buscarlo en la casa donde vive con Cecilia Bolocco y su hijo Máximo, en la calle Isidora Goyenechea 3162, piso 12, en el barrio Las Condes, Santiago de Chile. Simultáneamente, el juez mandó un oficio a la Cancillería para que canalice el pedido de extradición. En ese ministerio dijeron a Página/12 que despacharán la solicitud en un santiamén. Los tiempos, sin embargo, podrán dilatarse nadie sabe hasta cuándo una vez que el trámite ingrese a la Corte trasandina que decidirá si manda o no al ex presidente de vuelta a la Argentina. Quedará también a criterio de ese tribunal si corresponde un arresto preventivo.
Menem ya contrató abogados en Chile que actúan en tándem con el estudio porteño de Alejandro Novak y Oscar Salvi. Este equipo defensor apuesta a dilatar lo máximo posible el proceso en ese país (calculan alrededor de un año y medio) y a que, allí, los jueces cuestionen los fundamentos de Urso.
A diferencia de lo que ocurre con las normas de otros países (como Brasil), tener un hijo chileno no es algo que pueda ayudar a Menem.
En dos causas distintas el ex presidente hizo toda clase de acrobacias para evitar ser interrogado: usó una chance de prórroga que le cabe a cualquier acusado, presentó certificados médicos alegando que no podía moverse por una lesión en el brazo, cambió de abogado aunque no de estudio, pidió nulidades y cuestionó a los magistrados por parciales. Cuando le tocó ser recusado, el juez Norberto Oyarbide –que investiga a Menem por omisión de cuentas y bienes en su declaración jurada– paralizó el juicio hasta que la Cámara Federal le diga si puede seguir o no. Urso, en cambio, interpretó que las leyes lo habilitan a seguir adelante.
La resolución que ordena la captura advierte que, después de conceder cuatro oportunidades a Menem para contestar preguntas, “se ha descartado la subsistencia de causas graves y legítimas para fijar” una “quinta”. Recuerda también que ya un informe del Cuerpo Médico Forense dijo que no hay ningún problema de salud que le impida trasladarse y viajar en avión.
El texto de Urso también resume cuáles son las irregularidades por las que quiere que Menem dé explicaciones. Todo empezó con una denuncia que hizo en 2000 Patricia Bullrich, cuando era subsecretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Un informe que la ex funcionaria elaboró advertía que los precios en la construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz eran totalmente exagerados. El costo estimado llegaba a 4000 dólares el metro cuadrado, y eso implicaba que para montar un penal se había gastado tres veces más que en cualquier otro país.
¿Por qué Menem? Fue él quien firmó los decretos de llamado a licitación y de adjudicación. Era inusual que hubiera decretos presidenciales para eso. Como beneficiario de la contratación quedó el consorcio TechintHotchief-Imprefilo-Iglys en febrero de 1998. La licitación se había hecho con la modalidad de leasing (alquiler con opción a compra) y le permitía al contratista cobrar durante quince años 4.650.000 dólares por trimestre, más IVA e intereses. El ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, al parecer, intervino en la negociación del contrato.
La investigación judicial fue avanzando y el juez Urso pidió informes al Banco Central y la AFIP sobre los movimientos patrimoniales y financieros registrados entre 1997 y 1999 que hubieran hecho Menem, sus familiares cercanos o sociedades en las que fueran parte. Pidió la misma información sobre Granillo Ocampo, su familia y el personal que lo rodeaba. Cuando ordenó aquellas pruebas en relación al ex presidente sugirió a los organismos que tuvieran en cuenta el material ya reunido en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Ese fue el expediente en que Urso mandó a detener a Menem, investigó sus bienes y lo intimó para que justificara cerca de un millón de dólares. Después de cinco meses de arresto domiciliario, la Corte Suprema lo liberó, nunca justificó nada y el juez fue obligado a mandar la causa al fuero penal económico.
En la recusación que el abogado del ex mandatario, Luis Paglietti, presentó ayer contra Urso, le factura precisamente la causa armas. Dice que Menem “fue víctima de sus inventos, literalmente, con el objeto de hostigarlo mientras se encontraba detenido”. El mismo volvió a hablar ayer desde Chile, donde se quejó por lo que insiste en llamar “una feroz persecución” y mandó un mensaje a la Justicia chilena: “Espero que los buenos jueces le hagan entender (a Urso) que así no se procede”.
Los delitos en juego para Menem en la causa de las cárceles son todos excarcelables: administración fraudulenta, incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad. Lo complicado, como le pasó a María Julia Alsogaray, es la sumatoria de acusaciones y, en su caso, la mala predisposición a rendir cuentas en Tribunales. Si logra traerlo a Buenos Aires, Urso podría dejarlo detenido por presumir que intentará obstruir a la Justicia. Si el trámite se demora, también hay posibilidades (según antecedentes) de interrogarlo en el país vecino. Pero antes de eso, podría tener una mala noticia en el expediente de las armas, al que más le teme en el fondo.